La profundización de la crisis económica y la renuencia del presidente Nicolás Maduro a modificar las políticas que la han provocado, hacen que un cambio de gobierno parezca la única salida para Venezuela. La oposición ya maneja varias opciones constitucionales para poner fin a 17 años de chavismo.
Publicado el 08.02.2016
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Entre las noticias que surgen diariamente sobre la grave situación económica venezolana, hay dos que han llamado mucho la atención fuera de las fronteras de ese país: la importación de petróleo desde Estados Unidos y la compra de toneladas de billetes en el exterior.

No hace falta decir por qué resulta sorprendente que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo, haya sido el primer país de América Latina en recibir un cargamento de crudo proveniente de Estados Unidos que, por otro lado, sigue siendo su principal comprador de hidrocarburos.

Tampoco que la importación de papel moneda en cantidades tan abultadas -The Wall Street Journal habla de 15.000 millones de billetes, casi el doble de lo que emiten anualmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo- es una nueva evidencia de que la inflación está fuera de control en Venezuela.

Las cifras oficiales, presentadas parcialmente en enero luego de ser ocultadas durante meses, revelaron una inflación anualizada de 141,5% hasta septiembre de 2015. El Fondo Monetario Internacional calculó que el alza de precios se ubicó en 275% al cierre del año y pronosticó que llegará a 720% en 2016.

Tanto la importación de petróleo como la de papel moneda tienen explicación. La primera obedece a la necesidad de tener crudo liviano para mezclarlo con el pesado que extrae Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la segunda a la renuencia a emitir billetes de más alta denominación. Pero eso no les quita gravedad, dice el analista Henkel García, director de la consultora Econométrica.

También lo cree así el analista internacional Edmundo González, ex embajador de Venezuela en Argentina. “Las dos cosas no vienen sino a reafirmar la profundidad de la crisis que vivimos. Reconocidas voces nacionales y extranjeras opinan que estamos al borde del colapso. Aunque no soy experto en materia económica, me inclino a compartir esos juicios”, afirma a “El Líbero”.

El historiador Pedro Benítez, profesor de la Universidad Central de Venezuela, considera que el punto álgido de la crisis no es una posibilidad futura sino una realidad vigente. “Venezuela está en medio de un colapso económico. Las cifras que se conocen y la vida cotidiana así lo indican”, sentencia a “El Líbero”.

Henkel García coincide con Benítez y explica que hay otros hechos que muestran de mejor manera la gravedad de la crisis económica. “El colapso se está sintiendo con fuerza en los hogares venezolanos: en las filas de personas para comprar bienes básicos, en las muertes por falta de medicinas”, señala a este medio.

En ese sentido, aporta varios datos: ninguna farmacéutica está llevando medicinas al país aunque la escasez de ese rubro está en 80%, el salario real cayó más de 40% (tomando en cuenta sólo los bienes que se consiguen) y la contracción de la liquidez en términos reales también supera 40% (aunque nominalmente se duplicó).

Sin respuesta

Los análisis dentro y fuera de Venezuela coinciden en que uno de los aspectos más preocupantes de la crisis que padece actualmente ese país es la falta de reacción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sucesor del fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

“El colapso también es palpable cuando se revisan las ideas de Alfredo Serrano (asesor español del gobierno venezolano en materia económica) y Luis Salas (ministro de Economía Productiva), quienes seguramente tratarán de resolver la crisis haciendo más de lo mismo”, afirma García.

A todo esto se suma el juicio del Financial Times, que el viernes dijo: “No hay ninguna señal de acciones efectivas para evitar el desastre. Maduro mantiene los severos controles de precios y los subsidios a los combustibles que sirven simplemente para enriquecer a personas cercanas al régimen. Intenta asegurar su control sobre el banco central, dañando su ya desgastada credibilidad”.

La pregunta que se hacen los analistas es si la inacción gubernamental y la renuencia a cambiar de rumbo en medio de una crisis tan aguda pueden ser factores para precipitar un cambio político. “Es muy difícil afirmarlo en esos términos, pero no hay duda de que la situación económica está llevando a un escenario que puede concluir así”, señala González.

Benítez, por su parte, está convencido de que “estamos viendo el final del régimen hegemónico edificado por Chávez”, aunque aclara que no necesariamente del chavismo como movimiento político. En esa línea, recuerda que la oposición ha estado discutiendo las opciones para cambiar de gobierno desde su triunfo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

No en vano el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, concluyó su discurso de juramentación en el cargo –el pasado 5 de enero–comprometiéndose a presentar al país durante los próximos seis meses un método “constitucional, pacífico, electoral y democrático” para renovar al Poder Ejecutivo.

Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, pidió la semana pasada a sus colegas opositores más rapidez para definir la vía para salir del actual mandatario. “Los venezolanos hemos aguantado mucho y debemos evitar que el país termine de hundirse. La velocidad de la crisis obliga”, escribió en su cuenta de Twitter.

Opciones a mano

La renuncia de Maduro sería la alternativa más rápida e incluso la más ventajosa para el chavismo, señalan las fuentes consultadas. “Por razones de sobrevivencia política, les convendría hacerse a un lado y dejar que otros manejen la crisis”, opina Benítez. Pero obviamente esta opción no depende de la oposición, si no del gobierno.

Cualquier proceso que implique la destitución del Presidente por parte de la Asamblea Nacional, sea por la doble nacionalidad que se le atribuye –se dice que nació en Colombia- o por la declaratoria de incapacidad (física o mental), sería “muy tremendista”, en opinión de González, y pudiera ser bloqueado por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen chavista.

Quizás por eso los opositores han concentrado sus discusiones en tres mecanismos: una Constituyente (que disolvería a todos los poderes, incluyendo el Ejecutivo), un Referendo Revocatorio (para poner fin al mandato de Maduro antes de tiempo) y una Enmienda Constitucional (para recortar el período presidencial).

La Constituyente tiene la desventaja de requerir mayoría de dos tercios en el Parlamento, algo que la oposición logró con votos pero el TSJ le arrebató al anular los comicios en Amazonas. También de necesitar varios procesos electorales, para seleccionar a los constituyentes, para aprobar la nueva Constitución y para escoger a los nuevos poderes.

Para convocar un Revocatorio, mecanismo que el chavismo incluyó en la Constitución de 1999, hay que recolectar las firmas de al menos 20% del electorado. Y para que tenga efecto, los votos a favor de revocar a Maduro no sólo deben superar a los sufragios en contra de hacerlo, sino también a los que logró cuando fue electo presidente (más de 7,7 millones).

Otra desventaja es que el Consejo Nacional Electoral puede obstaculizar su realización, como ya lo hizo en 2004 cuando se intentó revocar a Chávez, y que las personas pueden inhibirse de firmar por temor a una persecución política, como también sucedió en el pasado, cuando cientos de empleados públicos fueron despedidos por solicitar la revocatoria del ex mandatario.

La Enmienda, aunque no está libre de riesgos, se ha puesto en la mesa como la opción más viable durante los últimos días: puede ser promovida por 30% de los diputados, aprobada con mayoría simple y sometida a votación popular de manera más o menos expedita. “Es muy difícil ponerle un tiempo, pero pocos creen que este gobierno dure mucho”, apunta González.