Así lo informó a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el director de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), Víctor Villalón.
Publicado el 03.11.2014
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El director de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), Víctor Villalón, reveló ante la comisión investigadora que indaga eventuales irregularidades en la Universidad Arcis que el organismo investiga el destino de US$4 millones del Banco Nacional Económico de Venezuela (Bandes), que habrían llegado al país durante el segundo semestre de 2009, período en que Chile vivía una campaña electoral presidencial y parlamentaria.

“Se menciona la existencia de otro préstamo por US$ 4 millones que se habría materializado en el segundo semestre de 2009. (Pero) No se ha logrado recabar mayor información, salvo el correo electrónico del contador de la Universidad Arcis que señala que no hay información de que se haya concretado. Se habría realizado pero no se habría materializado”, sostuvo Víctor Villalón en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Para determinar el destino de los recursos y los eventuales beneficiarios, el SII oficiará a diferentes organismos públicos como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), y el propio Bandes. “Si hay evidencia de que ese dinero ingresó a Chile nosotros debiéramos estar en condiciones de hacer la trazabilidad”, afirmó el director de Fiscalización.

“Se pidió el contrato, antecedentes bancarios que den cuenta de los flujos de dineros hacia Chile, el comportamiento contable y tributario de la deuda, amortización, forma de pago de las cuotas si las hubo, y el estado actual de la deuda”, explicó  Villalón.

La autoridad agregó que está levantando toda la información contable, administrativa, legal y financiera de  la eventual transferencia desde Venezuela, y que una de las precisiones que deben hacer es si se hizo a través de un préstamo bancario o de un “fondo puesto a disposición”. La diferencia es que el préstamo debe declararse y pagarse el impuesto de timbres y estampillas, mientras que la segunda opción se realiza para algún mandato o actividad concreta.

Los polémicos US$ 4 millones

Precisamente saber si los US$ 4 millones ingresaron o no al país es uno de los nudos que no ha podido destrabar la comisión investigadora, porque hay informaciones contrastadas respecto de que los dineros habrían llegado al país, según afirmó en la comisión la directora de Ciper Chile, Mónica González, pero según el ex rector de la U. Arcis, Carlos Marggota, ese monto nunca ingresó, al menos, a la casa de estudios.

Además, el diputado socialista Juan Luis Castro, había señalado en una sesión anterior que le gustaría saber “cuál fue el rol de Max Marambio como presidente de la U. Arcis y en paralelo jefe de finanzas de la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami, en el destino de los US$ 4 millones, que habían salido de Venezuela, pero no llegaron a la universidad”. Por lo que emplazó al empresario a que explique la situación.

Los recursos que sí llegaron a la universidad, que estuvo dirigida hasta diciembre pasado por el actual asesor del PC del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, fueron US$ 9 millones que envió el 11 de enero de 2008 el gobierno del entonces Presidente Hugo Chávez a través de la sociedad de Max Marambio, Nazareno Inversiones Civiles Ltda y la ONG ICAL, vinculada al Partido Comunista.

La transferencia se hizo a través de un “préstamo no dinerario” con plazo a 15 años, que no tiene tasa de interés ni la obligación de ser pagado con dinero sino a través de servicios profesionales. Por lo cual, académicos de la universidad han viajado desde entonces a ese país para hacer cursos y capacitaciones en ciencia política y administración pública, según declaró Margotta en la comisión, quien admitió que no se han terminado de cancelar todas las prestaciones.

“No está saldada la deuda pero no es imputable a la universidad, que siempre ha tenido la disposición de responder los requerimientos académicos, que deben ser solicitados por Venezuela”, enfatizó en esa ocasión.

Inmobiliaria acudió a la justicia para no entregar información

El director de Fiscalización también reveló que la inmobiliaria Libertad S.A, que le arrienda las sedes a la U. Arcis, presentó un recurso de protección ante la justicia para no entregarle al Servicio de Impuestos Internos la información que estaba pidiendo sobre el contrato de arriendo, transferencias, facturas de pago y boletas de las operaciones celebradas, pero que la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, por lo que deberá entregar toda la documentación.

Ante la consulta del diputado y miembro de la comisión, José Antonio Kast (UDI),  de si ese tipo de recursos son habituales por parte de los contribuyentes en contra del SII, Villalón contestó que no y que hay muy pocas experiencias anteriores.

Sindicato cuestiona asesor PC de Eyzaguirre en caso Arcis

Eugenio Ulloa, presidente del sindicato de trabajadores de la U. Arcis, y quien también asistió ayer a la comisión investigadora, criticó la declaración que hizo la corporación de la casa de estudios sobre el informe del Ministerio de Educación, respecto de que “no se constató la existencia de lucro ni ocultamiento de información como tampoco sociedades relacionadas”, y que “a pesar de sus dificultades financieras efectúa sus labores de docencia, investigación y extensión correspondientes”.

El dirigente replicó que el Mineduc “ha intervenido con evidente cálculo político de gobierno, protegiendo los intereses del Partido Comunista y limitándose a respaldar a la dirección de la universidad, no cuestionando sus prácticas autoritarias, persecución académica-sindical, así como tampoco los despidos arbitrarios e ilegales, ni las negligencias en la administración de la institución, situación que tiene a la Arcis al borde de un colapso total”.

Claudio González RothenUlloa, además, cuestionó que Claudio González Rothen, el asesor del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, que lo ha recibido en tres ocasiones, el  18 y 20 de agosto, y el 8 de septiembre pasado, para denunciar la crisis en la universidad, los problemas de no pago de sueldos e imposiciones, y entregarle sus propuestas al proyecto de ley que crea el administrador provisional para la educación superior, es militante y activista comunista.

“Esto podría resultar en un evidente conflicto de interés entre el Ministerio de Educación que investiga a la universidad, que pertenece al mismo partido de un asesor clave del ministro”, señaló el dirigente, quien lamentó que Eyzaguirre no los haya recibido como gremio sindical.

González fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, es profesor de historia y geografía, está contratado por el Mineduc para “apoyar en materias de diálogo con actores sociales, estudio y revisión de demandas de la reforma educacional establecida en el programa de Gobierno”, y tiene un sueldo de $2 millones 40 mil.

En Twitter ha escrito varios mensajes en contra de las marchas y actividades de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa).

Reunión asesor Mineduc con sindicato U. Arcis