La forma en que la convención constitucional quiere amarrar a las instituciones democráticas del país para después de su disolución el 4 de julio recuerda la polémica frase del dictador español Francisco Franco en 1969: “Todo ha quedado atado y bien atado”. Pero así como la historia de España mostró que resulta imposible atrapar a las futuras generaciones con una camisa de fuerza cuando las autoridades cambian, la experiencia de la democracia chilena mostrará una vez más que es imposible intentar que todo quede atado y bien atado. Apenas la convención termine su trabajo, el Congreso, la presidencia, los partidos políticos y la propia presión popular dejarán en claro que —aunque ya no exista convención constitucional— las reformas constitucionales en Chile tendrán todavía una larga vida por delante. 

Ahora que el texto de la constitución está en la comisión de Armonización, los convencionales constituyentes parecen incapaces de entender que su momento de poder y gloria está llegando a su fin. Ya que por su falta de planificación y eficiencia no lograron redactar una constitución que abordara todos los detalles que, en su orientación maximalista, querían abordar, el ímpetu refundacional de la convención se ha centrado en tratar de usar la comisión de artículos transitorios como la última oportunidad para establecer sus propios enclaves autoritarios en el nuevo texto constitucional. 

En los últimos días hemos visto una serie de intentos por introducir preceptos constitucionales a los artículos transitorios que amarren a las autoridades futuras. Desde la decisión de limitar a solo cuatro años los periodos de los senadores electos en noviembre de 2021, hasta propuestas para evitar que el Congreso pueda realizar reformas a la constitución una vez que esta sea promulgada —en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida—, la convención entró en temporada de redactar enclaves autoritarios.

Al igual que cualquier dictador que quiere extender su poder más allá de su periodo, la convención constitucional ha comenzado a actuar con la misma premura que mostró Pinochet cuando ya le quedaban pocos días en el cargo. Sabiendo que su poder menguaba, la dictadura saliente de Pinochet promulgó varias leyes orgánicas constitucionales que dejaron amarrados a los primeros gobiernos del periodo democrático. 

Muchos de los convencionales han hecho sus carreras políticas denunciando a la dictadura y su legado. Ellas y ellos se han presentado como las voces de los reprimidos y oprimidos por la dictadura y su legado económico neoliberal. Pero ahora esos mismos convencionales constituyentes se comportan de la forma que antes denunciaron como autoritaria e ilegítima. Ahora que tienen sus días contados, los miembros de la convención constitucional se quieren apurar en limitar la capacidad de la gente de modificar la constitución a través de sus representantes. 

Habiendo sido electos en mayo de 2021, varios constituyentes parecen decididos a enfrascarse en una pelea con los legisladores que fueron electos —casi con las mismas reglas electorales— en noviembre de 2021. Si los constituyentes tienen un incuestionable mandato popular —que ciertamente desperdiciaron al impulsar una constitución refundacional, maximalista e indigenista—, el congreso actual también tiene un mandato democrático que, además, es más reciente. Ese mandato incluye la capacidad de modificar la constitución. Después de todo, como los propios constituyentes han argumentado repetidas veces, el poder constituyente radica en el pueblo y ese pueblo puede querer cambiar la constitución a partir del 5 de septiembre, ya sea porque hay partes del texto recién aprobado que no les gusta o porque, de ganar el Rechazo, hay voluntad para modificar la constitución que seguirá vigente. 

En 1969, el General Franco, sabiendo que le quedaban pocos años de vida, intentó inútilmente dejar el futuro de su país amarrado al pasado que él representaba. Hoy los convencionales constituyentes se niegan a aceptar que ellos pronto representarán también el pasado y se esmeran en intentar dejar un texto amarrado y bien amarrado. Los constituyentes no entienden que el país seguirá existiendo cuando la vida útil de la convención haya expirado y, por lo tanto, ese país podrá alterar el texto de la nueva constitución, si así lo desea, desde el primer día que entre en vigencia ese texto. 

La democracia supone que la voluntad popular debe ser respetada. La convención constitucional representó esa voluntad popular cuando fue electa en mayo de 2021. A partir del 4 de julio, cuando los representantes democráticamente electos que ocupan escaños en la Cámara y el Senado recuperen el poder que ahora tiene la convención constitucional, el debate sobre reformas constitucionales se trasladará al Congreso Nacional. Una vez que la gente decida si aprueba o rechaza la nueva constitución, el texto constitucional que esté vigente no estará atado ni bien atado. El proceso democrático seguirá su marcha. Igual como ocurrió con la constitución de 1980 a partir de las reformas de 1989, si hay nueva constitución a partir de septiembre de 2022, ese texto será sometido a reformas periódicas porque así funciona la democracia. 

*Patricio Navia es sociólogo, analista político y profesor de la UDP.

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