Chile necesita más crecimiento económico para continuar aumentando el tamaño de su clase media y reducir la pobreza. Y este crecimiento requerirá de mejoras en la productividad y diversificación. En una reciente visita a Santiago, muchas de las conversaciones que tuve con economistas, abogados, expertos en centros de pensamiento y autoridades de gobierno, giraron alrededor de la interrogante de cómo acelerar las mejoras en la productividad de Chile. Una mayor productividad reducirá la pobreza, financiará la protección ambiental y garantizará la seguridad financiera de los chilenos. Pero, ¿de dónde vendrá esa mejora en la productividad?

Buena parte de la respuesta se encuentra en una fuerte protección de los derechos de propiedad intelectual (DPIs). Esto atrae inversión, estimula la innovación de los empresarios nacionales y facilita la difusión de la ciencia. El comercio crece más rápido en los países que cuentan con una protección más fuerte de los DPIs. Un marco legal robusto para los DPIs aumenta y acelera el acceso a nuevas tecnologías, desde la descarga de música hasta la farmacéutica. Los DPIs reconocen la creatividad humana y permiten realizar más inversiones en investigación y desarrollo. Incluso ayudan a aumentar la base tributaria.

Los DPIs son aún más importantes para las pequeñas empresas que para las grandes. Estos negocios se benefician del acceso al capital y del poder de negociación que le brindan los DPIs a su titular. No se trata de quimeras: hay un gran acervo de investigación económica alrededor del mundo que respalda esta tesis.

Chile se encuentra rezagado con respecto a sus pares en cuanto a la protección de los DPIs. En el índice de 2019 del Global Innovation Policy Center que mide la fortaleza con la que los países protegen la propiedad intelectual, Chile obtuvo una nota de 44,38, menos de la mitad que el líder mundial, EE.UU. La nota de Chile lo coloca en la posición 28 de 50 países calificados, justo entre Rusia y Colombia. Incluso sus protecciones básicas para patentes y copyright son deficientes. Chile podrá superar a otros países latinoamericanos, pero todavía se encuentra muy por detrás de los mejores estándares internacionales en esta materia.

Un área crítica en la cual los DPIs impactan positivamente el crecimiento es la inversión extranjera directa (IED). Ésta no solo genera empleos y hace que haya más capital disponible, sino que también difunde la tecnología, aumentando los niveles de innovación y familiaridad tecnológica en general. La IED a menudo involucra la transferencia de tecnología.

Las empresas extranjeras son más proclives a establecer relaciones de negocios con compañías locales que las mismas empresas locales. Pero cuando los inversionistas extranjeros perciben una débil protección de la propiedad intelectual, piensan dos veces sus inversiones: hay que proteger ante todo las joyas de las tecnologías que pertenecen a la corporación.

El Senado chileno está actualmente debatiendo una iniciativa que facilitaría la emisión de licencias obligatorias –o anular los derechos de propiedad intelectual– para medicinas, incluyendo por razones de accesibilidad. Si Chile desea continuar avanzando económicamente no debería estar contemplando erosionar los DPIs de esta o cualquier otra manera. Los DPIs son demasiado valiosos para el desarrollo. Tan solo imaginemos la IED que se perdería si la reputación de Chile se viera mancillada por esta medida. La inversión cuesta ganársela, pero se puede perder fácilmente.

Las licencias obligatorias rara vez –si acaso alguna vez– obtienen los ahorros esperados por parte de quienes las implementan, ya que se basan en un entendimiento errado de la economía y de las dificultades implícitas en la producción y distribución de medicamentos.

Todos los países deberían pagar una proporción justa del costo de desarrollar medicamentos. Las nuevas medicinas podrán ser caras, pero sin un ecosistema de innovación sostenible, no las tendríamos del todo.