Pase lo que pase en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, el proceso constituyente chileno seguirá en el centro del debate político por varios años más. Si la gente acepta la nueva constitución, al día siguiente de su promulgación comenzarán a discutirse las reformas que se requerirán para lograr que ese extenso y detallado texto pueda ser funcional a las necesidades del país. Si, en cambio, se rechaza la propuesta, el 5 de septiembre partirán los debates sobre qué cambios deben realizarse a la constitución actualmente en vigencia. Sea como fuere, debemos hacernos a la idea de que el país seguirá en modo proceso constituyente por varios años más.

A esta altura del partido ya no tiene mucho sentido llorar por la leche derramada. Estamos inmersos en un proceso constituyente que no va a terminar con el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Aunque muchos ilusamente creyeron que la mejor forma de salir de la crisis política gatillada por el estallido social de 2019 era a través de la redacción de un nuevo texto constitucional, esa decisión en realidad implicó abrir las puertas del infierno de experiencias constitucionales fracasadas pero permanentes que tanto abundan en América Latina. Una vez que se abrió esa puerta, no va a ser fácil volver a cerrarla. El país seguirá en modo de reformas constitucionales por un tiempo bastante prolongado. Cada vez que haya una nueva crisis económica o un gobierno enfrente manifestaciones populares, resurgirán las voces que llamen a redactar una nueva constitución como una forma de salir de la crisis. Igual que una pareja que optó por tirar platos cada vez que surge una discrepancia, la opción de reformar la constitución —o redactar una nueva constitución— se convertirá en una parte del repertorio de opciones a las que pueda echar mano la clase política para patear el problema hacia adelante.

En octubre de 2019, en vez de considerar la posibilidad de que el presidente renunciara o la opción más razonable de responder directamente a la demanda social por mejores pensiones, el gobierno de Piñera y la oposición optaron por abrir el camino a un proceso constituyente. Creyendo que con eso solucionaban el problema del descontento social, la clase política abrió una ventana que ya va a ser muy difícil cerrar. Como las reglas del juego del proceso constituyente quedaron particularmente mal escritas, treinta meses después de firmado el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, el país sigue inmerso en una crisis política causada por la irresponsable —pero también predecible— actitud refundacional que ha tomado una mayoría de los miembros de la convención constitucional.  

La irresponsabilidad de la convención ha llevado a la redacción de un texto demasiado largo y detallado. Más que una nueva constitución, se abocó a escribir un programa de gobierno. Como los programas de gobierno cambian cada vez que llega uno nuevo, la constitución chilena cambiará también cada vez que tengamos elecciones y una nueva administración quiera, legítimamente, implementar su propio programa. Después de todo, la democracia consiste en que la gente regularmente escoge gobiernos para que implementen sus programas. Como la convención —demostrando tanto su ignorancia en debates constitucionales como su desconocimiento de la historia política comparada— creyó que podía redactar un programa de gobierno que amarrase a todos los gobiernos futuros, independientemente de su posición ideológica, la nueva constitución —en caso de ser promulgada— será sometida continuamente a reformas. Si la gente en cambio rechaza la propuesta de constitución en el plebiscito de salida, el país deberá dedicarle varios meses a un nuevo proceso de reformas constitucionales al texto que ya existe. Sea cual sea el camino, Chile se va pasar lo que resta de 2022, y probablemente lo que resta del gobierno actual, debatiendo el contenido de la nueva constitución. 

Es incuestionable que los procesos constituyentes generan incertidumbre y que impactan negativamente en la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero no hay mucho que se pueda hacer a estas alturas. La forma en que entramos a este callejón y las malas reglas del juego que se concordaron para el proceso han hecho que tengamos que sufrir un largo y complejo proceso constituyente. La irresponsabilidad de la convención constitucional ha hecho que se desperdicie una inmejorable oportunidad para producir un texto que genere consenso amplio. Ahora, pase lo que pase el 4 de septiembre, vamos a tener que prepararnos para pasar varios meses inmersos en un debate sobre cómo arreglar la nueva constitución que se acaba de redactar o, en caso de que gane el rechazo, como arreglar la constitución de 1980. 

*Patricio Navia es sociólogo, cientista político y académico UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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