Al responder a la polémica generada por la revelación de que la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, sin pedir autorización o informar a la Cancillería, pidió financiamiento al gobierno de la Región del Bio-Bío, para un proyecto de mercado de maderas en Santa Juana, por un monto cercano a los 5 millones de dólares, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, torpemente declaró que la situación “está en evaluación” y añadió que “lo que ha sido de conocimiento público no corresponde”.
Como si hacer lo que no corresponde no fuera suficiente motivo para que el gobierno cese en sus funciones a una persona cuyo cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la República, Camila Vallejo una vez demostró que este gobierno no da pie con bola en su intento por salir del foso de los escándalos de corrupción en que lleva más de dos meses inmerso.
El caso más reciente de laxitud ética en el gobierno involucra a Susana Herrera quien fue nombrada por Gabriel Boric a esa importante destinación pese a no haber tenido experiencia diplomática previa. Herrera tampoco tenía, por cierto, experiencia en altos cargos de gobierno que le hayan permitido adquirir experiencia. La arquitecta titulada en la Universidad de Florida en Gainesville y con estudios (no terminados) de doctorado en la Universidad Politécnica de Barcelona tampoco tenía una destacada trayectoria en el sector privado. Su nombramiento como embajadora respondió, aparentemente, al cuoteo partidista. Propuesta por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) -una agrupación política cuya trayectoria tampoco es particularmente luminosa- Herrera asumió su cargo cuando las polémicas por nombramientos poco afortunados y altamente cuestionables se centraba en cargos más visibles, como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por cierto, la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, celebró su nombramiento como evidencia del compromiso del gobierno con promover a más mujeres a cargos de importancia en la diplomacia. Aunque el nombramiento fue criticado en su momento -como consignaron los medios de prensa- el gobierno lo defendió, aunque sin siquiera intentar convencer a la opinión pública de los méritos profesionales, académicos o políticos de la recién nominada.
Este nuevo escándalo, que todos sabemos deberá terminar con la salida de Herrera (aunque, una vez más, esa decisión tomará más tiempo del prudente), refleja un nivel preocupante de desprolijidad y falta de sentido común en los nombramientos que hizo el gobierno en sus primeros meses en el poder. Es verdad que, entonces, había otros temas que preocupaban más. La ministra del Interior Izkia Siches demostraba casi cotidianamente su incapacidad para desempeñar adecuadamente sus funciones. El proceso constituyente avanzaba raudamente hacia un punto que, de no mediar por la cordura de una mayoría de los chilenos expresada en el resultado del plebiscito de septiembre de 2022, nos habría hundido en el caos de una Constitución inviable, inaplicable y profundamente descriteriada. En ese contexto, resulta fácil entender por qué muy poca gente le puso atención al desatino que implicaba nombrar a una persona sin la experiencia diplomática o política necesaria para ocupar una destinación tan importante como la embajada en el Reino Unido.
Pero lo que los gobiernos deben saber es que, eventualmente, cuando nombran a gente que no tiene la experiencia, la preparación, la madurez y/o la sensatez para habitar un cargo, hay una alta probabilidad de que terminen haciendo cosas impropias, inadecuadas, poco éticas o incluso potencialmente delictuales. Sin entender que la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho, el Presidente Boric incumplió su obligación constitucional de velar por el buen funcionamiento del gobierno nombrando a una persona que claramente no tenía el currículum, la trayectoria ni las habilidades para el cargo.
Exigir la renuncia inmediata de Susana Herrera sólo evitará que la embajadora siga haciéndole daño al gobierno y a la reputación del país. Pero el costo del error de haberla nombrado se sumará a la larga lista de desatinos y desaciertos que ha ido acumulando en estos casi 18 meses en el gobierno.
Este es el caso más reciente de falta de ética por parte de funcionarios públicos de confianza del Presidente Boric. Aunque para muchos pueda ser una anécdota más, este escándalo subraya el verdadero problema de la seguidilla de casos de corrupción que han golpeado al gobierno en estos meses. Porque al ojo del amo engorda el caballo, la campaña por una mayor probidad en el gobierno -y en especial en cargos de confianza del Ejecutivo- sólo será exitosa si Boric finalmente se decide por una política de tolerancia cero a cualquier práctica que esté reñida con los altos estándares éticos que alguna vez este gobierno declaró poseer. Eso incluye, por cierto, la necesidad de elevar los estándares en los nombramientos de cargos de exclusiva confianza del Presidente que se hagan de ahora en adelante.
