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Publicado el 26 de julio, 2019

Patricio Navia: El error de pelearse con los jueces

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Una mejor forma de combatir la delincuencia y demostrar liderazgo en implementar políticas públicas bien diseñadas y efectivas es involucrando al poder judicial e introduciendo transparencia en el desempeño profesional de los jueces.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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Es razonable, e incluso necesario, que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera quiera demostrar que el combate a la delincuencia es una de sus prioridades. Precisamente porque la gente percibe que muchos delincuentes no son debidamente castigados por sus delitos, parece comprensible que La Moneda aspire a que los jueces apliquen sanciones más duras. Pero pelearse con los jueces es una mala forma de lograr castigos más severos y ejemplificadores. El gobierno debiera aumentar la transparencia en las decisiones del poder, involucrar a los jueces en el combate a la delincuencia y no culparlos porque hay delincuentes que no reciben las sanciones que se merecen.

Durante la campaña presidencial de 2017, Piñera convirtió el combate a la delincuencia en una de sus promesas más repetidas. Como el gobierno de la Nueva Mayoría nunca pudo articular una política efectiva al respecto, se sabía que este era un tema ganador para la derecha. En el resto del mundo, la izquierda tampoco ha logrado presentar propuestas simples y claras que convenzan al electorado que sabe cómo combatir la delincuencia. Al focalizarse en las causas que llevan a la gente a delinquir en vez de centrarse en proteger a las víctimas, la izquierda tiende a decepcionar al electorado. Por eso tiene sentido que un gobierno de derecha que pasa por un bajón en su aprobación opte por buscar generar más apoyo reposicionando el combate a la delincuencia como una de sus prioridades. Hay mucho que ganar si se logra demostrar alguna mejora.

La condición fuertemente presidencialista de nuestro sistema democrático hace que los éxitos y fracasos en el diseño e implementación de políticas públicas siempre se asocien al Presidente más que al poder legislativo o al judicial.

Pero pelearse con los jueces por la forma en que aplican la ley no es una buena forma de demostrar liderazgo en la lucha contra la delincuencia. Primero, porque los jueces tienen una respuesta fácil y contundente ante las críticas del gobierno: los magistrados se amparan en el argumento de que ellos, simplemente, aplican la ley. Si el gobierno quiere mano dura, que entonces impulse reformas legislativas que endurezcan las sanciones y restrinjan el campo de acción de los jueces. Es más, los jueces pueden fácilmente transformar la crítica de que ellos no aplican mano dura en una mala excusa de un gobierno que, por un lado, no impulsa reformas consistentes con su postura y, por el otro, tampoco respeta la institucionalidad y la separación de poderes del Estado. Segundo, porque mientras los gobiernos duran cuatro años, los jueces tienen un horizonte de tiempo mucho más amplio. Por eso, los gobiernos están presionados para mostrar resultados en el corto plazo; los jueces, no. Tercero, porque la condición fuertemente presidencialista de nuestro sistema democrático hace que los éxitos y fracasos en el diseño e implementación de políticas públicas siempre se asocien al Presidente más que al poder legislativo o al judicial.

La centralidad de la figura presidencial hace inevitable que la gente tenga una percepción sobre el desempeño del Presidente, pero no necesariamente sobre el desempeño del poder judicial o de algunos de los jueces. Es más, la mayoría de las personas ni siquiera sabe el número de miembros que tiene la Corte Suprema (y mucho menos sus nombres). Individualmente, los jueces son personajes anónimos. Luego, cuando el gobierno critica a algunos jueces que son demasiado blandos con los delincuentes, la opinión pública es incapaz de ponerle nombre y apellido a esos funcionarios públicos que supuestamente no están haciendo bien su trabajo.

Debiera haber herramientas amigables para que los ciudadanos puedan conocer el historial de sentencias de cada juez. La gente tiene derecho a saber cuántos casos revisa cada juez y qué tipo de sentencias emite.

Una mejor forma de combatir la delincuencia y demostrar liderazgo en implementar políticas públicas bien diseñadas y efectivas es involucrando al poder judicial e introduciendo transparencia en el desempeño profesional de los jueces. El gobierno debiera escuchar lo que dicen los jueces en sus sentencias. En vez de caricaturizarlos como demasiado garantistas, debiera leer el mensaje que envían los jueces en sus sentencias, especialmente aquellas que aparecen como especialmente blandas dada la gravedad de los hechos y la evidencia de culpabilidad de los acusados.

Pero además de escuchar a los jueces a través de sus sentencias, el gobierno debiera avanzar en la transparencia en el desempeño de los jueces. Debiera haber herramientas amigables para que los ciudadanos puedan conocer el historial de sentencias de cada juez. La gente tiene derecho a saber cuántos casos revisa cada juez y qué tipo de sentencias emite. Basta con introducir algunas herramientas simples de transparencia para que, en caso de existir, esos jueces demasiado blandos puedan ser individualizados e identificados por los medios. Ningún funcionario público puede oponerse a la idea de que exista transparencia sobre su desempeño.

El gobierno del Presidente Piñera juega una carta ganadora cuando se decide a convertir el combate contra la delincuencia en una de las prioridades de su gobierno. Pero hay muchas mejores formas de demostrar que está tomando las medidas correctas para mejorar la seguridad ciudadana que empezar una inútil pelea con los miembros del poder judicial.

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