Precisamente porque la letra chica del acuerdo anunciado para destrabar el proceso constituyente todavía ni siquiera ha sido redactada, parece un poco apresurado dar por hecho que ahora sí estamos encaminados a un feliz término del proceso constituyente.

Mientras no queden claramente establecidas las atribuciones del Consejo Constitucional y de la comisión de expertos y no queden claro cuáles serán las reglas que regirán el funcionamiento de ambas instancias, corresponde tomar una actitud de cauteloso optimismo sobre el rumbo que avanza el proceso constituyente.

La fracasada experiencia del primero proceso, aquel de la Convención Constitucional, que también recibió muchas más loas que críticas en los días posteriores a ser firmado, debiera habernos enseñado la lección de que mientras no haya un contrato acordado por todos y debidamente firmado, no hay razón aún para andar descorchando botellas de espumante.

Si bien la conocida frase en inglés, el diablo está en los detalles, no tiene un equivalente perfecto en el refranero español, la frase de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones a menudo funciona igualmente bien. El mal llamado Acuerdo por Chile (como si alguna vez algún político fuera a firmar públicamente un acuerdo contra Chile) deja demasiados asuntos pendientes como para poder aseverar, con convicción y más allá de toda duda, que el país ha encontrado nuevamente el rumbo para avanzar hacia una mayor democracia y mayor prosperidad compartida.

Incluso, con lo poco se conoce del acuerdo, hay varios temas que debieran llevar a la gente razonable a expresar preocupación.

El primero es que no queda para nada claro por qué los 50 consejeros constitucionales debieran ser electos con el mismo mapa electoral que se usa para escoger a los miembros del Senado. Nada justifica que, con el 40% de la población nacional, la Región Metropolitana elija solo a 10% de los miembros del órgano mandatado a redactar el nuevo texto constitucional. Además, como la mayoría de las regiones escoge a un número impar de senadores, tampoco queda claro cómo aplicará el mecanismo de paridad de género.

El acuerdo tampoco aclara qué ocurrirá con el padrón de votantes de pueblos originarios. Si las personas tienen la potestad de escoger entre la urna de su región o la urna nacional de pueblos originarios, ¿qué criterio se usará para determinar cuántos escaños de pueblos originarios habrá en la convención? Ya que en el resto de las regiones no se respetará el principio de una persona, un voto, ¿cada escaño de pueblo originario valdrá lo mismo que el un escaño en la Región Metropolitana (un millón de votos) o que un escaño en Aysén (10 mil votos)?

Tampoco está claro qué capacidad tendrá la comisión de expertos (concepto que nadie ha podido definir todavía -pero que permite presumir que habrá cargos cuoteados por el peso relativo de cada partido en el Congreso) para influir en el texto final. No se sabe cuáles serán las inhabilidades para presentarse como candidato al Consejo y cuáles serán las inhabilidades futuras para los que formen parte de este Consejo.

Es verdad que siempre es mejor tener un mal acuerdo que no tener acuerdo. Pero lo mismo ocurre con la Constitución. La Constitución de Pinochet, con todos sus problemas, era mejor que el statu quo de tener una Constitución cuya legitimidad está con respirador artificial. Es comprensible que el Gobierno y varios sectores productivos hayan celebrado la voluntad de buscar acuerdos. Pero es excesivo dar por declarado el fin del octubrismo o la salvación de Chile del precipicio. Estamos en un lugar menos peligroso, pero, usando otra metáfora del inglés, todavía no hemos salido del peligroso bosque.

Por otro lado, resulta excesivo que algunos se hayan apurado en declarar que este acuerdo es tan malo como el anterior. Es innegable que ha habido un aprendizaje. Enhorabuena.

Pero así como ha habido un aprendizaje, es esencial que la clase política aprenda también lecciones sobre lo que pasó entre noviembre de 2019 -después de la firma del acuerdo– y el plebiscito de entrada de octubre de 2020. Muchos de los elementos de diseño institucional más desafortunados del fracasado proceso constituyente anterior se adoptaron durante ese periodo post acuerdo de noviembre. Es esencial que esta vez, el acuerdo recién firmado no se llene de una letra chica que termine haciendo imposible que este nuevo proceso constituyente pueda llegar a feliz término.

Es verdad que los países no se acaban y que la incertidumbre puede convertirse en una característica permanente del país sin que eso destruya el futuro de Chile. Pero los países exitosos no son aquellos que solo sobreviven.

Para ser exitoso hay que avanzar en la dirección correcta. Hasta ahora, precisamente porque no sabemos los detalles del acuerdo y porque el diablo siempre está en los detalles, debiese ser solo un cauteloso entusiasmo por las señales que provienen de la clase política.

Después de todo lo que ha vivido el país, va a tomar mucho más que un acuerdo para revertir la sensación de pesimismo imperante sobre el futuro de Chile, al menos para los próximos tres años.

*Patricio Navia es Doctor en Ciencia Política y profesor de la UDP.

Patricio Navia

Sociólogo, cientista político y académico UDP.

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