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Publicado el 19 de julio, 2019

Patricio Navia: ¿Con los empresarios o con la gente?

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

Independientemente de su color político, el gobierno tiene muy pocas herramientas legales para remediar la situación en Osorno y hacer responsable a la empresa por los altísimos costos que implica para la economía regional. Porque no hay nada que haga más daño a la legitimidad de una economía de mercado que las fallas regulatorias que permiten abusos y que violan los derechos de los consumidores, La Moneda debiera tomar medidas concretas que vayan más allá de la indignación, el enojo y las amenazas sin dientes.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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El escándalo sobre la contaminación y posterior corte de agua potable en Osorno ha vuelto a reducir el debate político chileno a una dicotomía entre los intereses de las grandes empresas y el bienestar de la gente. A menos que el gobierno demuestre irrefutablemente que su prioridad es defender los intereses de las personas y no las ganancias de las empresas, este incidente tendrá costos más altos para la administración del Presidente Sebastián Piñera que para la propia empresa, ESSAL (controlada por Aguas Andinas).

El inaceptable incidente que involucró, primero, el suministro de agua contaminada por petróleo en la red de agua potable de Osorno y, segundo, un extendido corte de agua, que ha durado ya casi una semana, ha demostrado la poca capacidad regulatoria y punitiva por parte del Estado a las empresas encargadas del suministro de los recursos básicos para la vida moderna —agua, electricidad, gas, teléfono e internet. A medida que los osorninos sufrían el corte de agua, el gobierno solo podía opinar con intensidad y convicción, pero sin herramientas para lograr solucionar el problema. En la práctica, las fuertes declaraciones del gobierno contrastan con la mínima capacidad de la administración para forzar a ESSAL a invertir lo que fuera necesario para restablecer a la brevedad posible el suministro de agua potable. Los voceros del gobierno parecen líderes de una oposición minoritaria que se llena la boca usando palabras como ‘inaceptable’, ‘imperdonable’ o ‘indignante’, pero que puede hacer muy poco para terminar con el problema.

La débil capacidad regulatoria y punitiva del gobierno para sancionar este tipo de incumplimiento de la responsabilidad pública de una empresa que suministra el agua a una ciudad de 150 mil habitantes refleja un problema de institucionalidad. Independientemente de su color político, el gobierno tiene muy pocas herramientas legales para remediar la situación y hacer responsable a la empresa por los altísimos costos que implica para la economía regional que la trigésima segunda ciudad en población del país literalmente se detenga por no tener agua.

Aunque las encuestas públicamente disponibles no han incluido esa pregunta, no cuesta imaginar que un porcentaje importante de chilenos cree que el gobierno de Chile Vamos está más preocupado del bienestar de los empresarios que del bienestar de la gente común y corriente.

Pero el hecho de que haya un gobierno de Chile Vamos en el poder, y especialmente el hecho que el Presidente Piñera sea un gran empresario, dan a la situación una connotación política potencialmente explosiva para el gobierno. Aunque las encuestas públicamente disponibles no han incluido esa pregunta, no cuesta imaginar que un porcentaje importante de chilenos cree que el gobierno de Chile Vamos está más preocupado del bienestar de los empresarios que del bienestar de la gente común y corriente. En el caso de Osorno, esa percepción lleva a muchos a creer que La Moneda está más preocupada de mantener una relación con las empresas detrás de la provisión de agua potable que de los ciudadanos que llevan varios días sin acceso al agua —y que potencialmente pudieron haber ingerido agua contaminada antes del corte.

Por eso, la crisis del agua potable en Osorno tiene ramificaciones que llegan mucho más allá de la Región de los Lagos. El gobierno enfrenta un desafío complejo. Aunque quisiera, tiene pocas herramientas para castigar a la empresa por esta situación inaceptable. Peor aún, para muchos chilenos, el gobierno parece más comprometido con el bienestar de las empresas que con el bienestar de los consumidores.

Precisamente porque muchos chilenos sospechan que las prioridades del gobierno están más con los empresarios que con la gente, La Moneda debiera transformar esta crisis en una oportunidad para mostrar su compromiso con los mercados competitivos, eficientes, debidamente regulados y, sobre todo, con los derechos de los consumidores. Porque no hay nada que haga más daño a la legitimidad de una economía de mercado que las fallas regulatorias que permiten abusos y que violan los derechos de los consumidores, el gobierno debiera tomar medidas concretas que vayan más allá de la indignación, el enojo y las amenazas sin dientes.

Como lo que ocurrió en Osorno llevará a muchos a pedir la nacionalización de la red de agua potable —y de otros servicios básicos— el gobierno debiera aprovechar la oportunidad para impulsar una reforma a la institucionalidad regulatoria para obtener más herramientas punitivas para castigar severamente —y no solo simbólicamente— este tipo de incumplimientos a las responsabilidades públicas de las empresas que proveen agua potable en el país. De no demostrar un compromiso con los mercados competitivos y debidamente regulados, el gobierno de Piñera alimentará las demandas por la nacionalización del agua potable y, en el corto plazo, ayudará a profundizar la percepción de muchos de que sus intereses están alineados más con empresas como la que contaminó la red de agua potable de Osorno —y tiene a la ciudad sin agua, con todos los problemas económicos y sanitarios que eso implica— que con los millones de ciudadanos que depende de esas empresas para poder acceder al agua potable.

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