Incluso más que el complejo escenario económico, la amenaza de la violencia descontrolada es el principal desafío que enfrenta la neófita administración del Presidente Gabriel Boric. Si el gobierno incumple su obligación de ejercer el legítimo monopolio de la fuerza, la sociedad entera sufrirá las consecuencias. Un gobierno que es incapaz de controlar la violencia falla en su misión más básica. 

En lo que ha se ha hecho costumbre, la violencia de los viernes en las manifestaciones de Plaza Italia rápidamente han demostrado que el gobierno no entiende que su obligación es garantizar el orden público, que incluye el derecho a circular libremente por las calles del país. Obsesionado con la defensa del derecho a manifestarse, la autoridad cree que cualquiera que se siente molesto por el estado de alguna situación tiene derecho a obstaculizar el tráfico, destruir propiedad pública y privada, o resistir el accionar de Carabineros cuando intenta garantizar la libre circulación. 

En el incidente más reciente, el gobierno ordenó investigar una posible violencia excesiva contra un manifestante que terminó aparentemente inconsciente en el piso después de caer mientras huía de la policía. Incomprensiblemente, el gobierno parece más interesado en entender los motivos de la violenta caída que las razones que llevaron a una persona a huir de carabineros. Para entender lo ilógico del razonamiento del gobierno de Boric, imaginemos lo que ocurre cuando un conductor de un automóvil choca violentamente contra un muro cuando arranca de Carabineros. Como resultado del choque, el conductor queda gravemente herido. Si parece razonable cuestionarse si Carabineros cometió algún error en la persecución, la pregunta más obvia e inmediata es por qué el conductor huyó de carabineros en vez de detenerse y, como ocurre con la gran mayoría de los casos, mostrar los documentos que solicitan los carabineros en ese tipo de procedimientos. 

Las personas que caen al piso cuando están huyendo de carabineros debieran explicar cuál es la necesidad de huir y provocar una persecución por parte de carabineros. En las democracias del mundo que funcionan bien, cuando las personas deciden protestar en lugares públicos y optan por obstruir el tránsito, entienden que eso implica que serán arrestados por la policía por hacerlo. Esos actos de desobediencia civil normalmente se realizan sin violencia. Los manifestantes no huyen de la policía, así como los choferes de automóviles no huyen de las patrullas cuando son conminados a detenerse. 

El repertorio de acciones y herramientas de los que protestan cívicamente normalmente no incluye piedras u objetos contundentes para atacar a la policía. Pero en Chile, y en particular entre los líderes del actual gobierno, rara vez escuchamos críticas a los que atentan contra la autoridad. De hecho, en su primer día en regiones como ministra del Interior, Izkia Siches, la mujer encargada de la seguridad pública en el país, fue recibida a balazos en una comunidad mapuche en la Araucanía (hablar de Wallmapu es un error, porque eso incluiría territorio argentino, zona en la que la República de Chile no ejerce soberanía y donde Siches no tiene autoridad). Ante esa provocación evidente, Siches no solo huyó —opción razonable dada la insensatez de ir a esa zona peligrosa sin la debida protección policial—, sino que además relativizó el ataque al optar por no querellarse. 

El propio Boric ha dejado en claro que se opone al uso de la fuerza por parte de las policías —lo vimos en los días posteriores al estallido social, intentando detener el accionar de la policía—, pero no trepida en defender a los que ejercen violencia —cuando apoyó como diputado un proyecto de ley de amnistía que beneficiaría a muchos de los que destruyeron propiedad pública y privada y atacaron a carabineros durante el estallido social— o tomar la violencia política para la chatoca, como cuando posó con una camiseta que se mofaba del asesinato del senador Jaime Guzmán. Es verdad que Boric pidió disculpas, pero no me parece que la sanción pública de su sector hubiera sido tan leve si la foto del asesinato del que se burló Boric hubiera sido la de una mujer víctima de un femicidio o la de Daniel Zamudio, brutalmente asesinado por ser homosexual.

Hasta ahora, el gobierno de Boric ha mostrado un incomprensible trauma con usar la legítima violencia para imponer el orden y el estado de derecho. Es verdad que el gobierno recién comienza y que la mayoría de los que ahora gobiernan hicieron carrera política marchando y protestando. Pero el presidente no debiera olvidar que la gente quiere cambios en paz y orden. Es más, obligados a decidir, la gente siempre opta por el orden sobre el caos. Precisamente porque, como decía Marx, la clase media tiene cosas que perder (no así el proletariado, que solo puede perder sus cadenas), la demanda por orden siempre terminará imponiéndose. Aunque Boric se identifique más con Taylor Swift que con Karl Marx, sería bueno que entendiera, más temprano que tarde, que si su gobierno no es capaz de garantizar el orden público, su cuatrienio terminará en el mismo callejón sin salida en el que sucumbió el segundo gobierno de Piñera.

*Patricio Navia es sociólogo, cientista político y académico de la UDP.

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