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Publicado el 4 diciembre, 2020

Patricio Arrau: Reforma de Pensiones: ¿Separación o destrucción de la industria?

Economista Patricio Arrau

Terminada la tramitación del proyecto de ley del 10% de retiro, se activarán las negociaciones por la reforma de pensiones. Pero se hará sobre la base de una propuesta de senadores opositores que desnaturaliza a tal punto las AFP, que se trata de una extinción, es decir, una eliminación de su existencia “tal como la conocemos”. La propuesta es, entre otras cosas, expropiatoria y crea un nuevo monopolio estatal.

Patricio Arrau Economista
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En primer lugar, mi declaración por disciplina personal de transparencia: actualmente soy asesor de la industria de AFP en materia de reforma de pensiones. Si usted cree que ello me inhabilita para entregar mi opinión en estas materias, no siga leyendo.

Ahora vamos al grano. Terminada la tramitación del proyecto de ley del 10% de retiro, se activarán las negociaciones por la reforma de pensiones. La base de esas negociaciones no será el proyecto que salió de la Cámara de Diputados hace algunos meses, sino la propuesta que senadores opositores presentaron en la Comisión de Trabajo del Senado. Vinculada a los senadores Juan Pablo Letelier y Carolina Goic, la propuesta, que llamaremos Propuesta de Comisión de Trabajo del Senado (PCTS), contiene principalmente dos aspectos. Respecto al 6% de cotización adicional de cargo del empleador, la PCTS propone que se aporte a un Fondo Colectivo Solidario, definido por beneficios, que genere redistribución intergeneracional, intrageneracional y de género. Se trata de un sistema de reparto. Respecto al 10% de capitalización individual, la PCTS propone: (i)  que la administración de cuentas se centralice en una nueva institución pública –el Administrador Público (AP)– que monopolize las funciones de recaudación, el pago de pensiones, la cobranza de las cotizaciones morosas y la administración de las cuentas individuales, y por ende el contacto con los afiliados; y (ii) que el AP licite a entidades privadas, denominadas Gestores de Fondos (GF), que gestionan las inversiones de los afiliados, que éstos eligen e informan al AP para la asignación de sus fondos. Es decir, todos los afiliados pasaremos a tener un único ente estatal como administrador de nuestras cuentas, relación comercial y solicitudes de asignación de sus fondos. Se termina la posibilidad de elegir al administrador de las cuentas de capitalización individual.

La PCTS es sofisticada en el análisis y profundidad del componente del 6% de reparto, lo que contrasta con el nulo análisis y profundidad respecto al 10% de capitalización individual. La propuesta supone que, al separar forzosamente las funciones de administración de cuentas de las funciones de inversión y reducir la función comercial, se mejoran las pensiones por un aprovechamiento de las economías de escala en la función de administración de cuentas y en la reducción al mínimo de los gastos comerciales, asesores y vendedores. Sostengo que la PCTS no solo yerra en el diagnóstico, sino que esta propuesta incrementará los costos de administración y generará un enorme impacto negativo en el bienestar de los afiliados y pensionados del sistema, así como en la economía. Vamos por partes.

Economías de escala. El supuesto de economías de escala que sustenta la propuesta ha sido superado por los desarrollos tecnológicos. Hoy las cuentas individuales pueden ser creadas en un minuto desde un teléfono inteligente y en forma no presencial. Son un registro que se puede realizar sin ir a una sucursal y con costos de gestión y administración en la nube planos, lo que difiere radicalmente de la antiguan tecnología presencial. Los entrantes a la industria en la lógica digital tienen una ventaja disruptiva relativa a los actuales incumbentes, precisamente porque pueden diseñar digitalmente las cuentas individuales.

Contingencia fiscal. La PCTS implica un riesgo gigantesco para el Estado y por ende para todos los contribuyentes. Actualmente las AFP asumen el riesgo de ciberataques y fraudes en las cuentas. Para evitar este riesgo, deben invertir en control de fraudes, conocimiento de sus afiliados (Know Your Customer), invertir en escaneos y “ethical hacking” de seguridad de sus servidores, incorporar dobles o terceras autenticaciones de identidad para retiros y mucho más. ¿Estará el AP con unos 10 millones de cuentas a la altura de estas inversiones?

Calidad-precio. La propuesta de separación tendría un alto impacto para los afiliados por oferta de productos “comodotizados”, con bajo nivel de innovación y que no se adapta a sus necesidades.  Las nuevas tecnologías digitales y las nuevas tendencias de la economía del comportamiento ponen en las manos de los afiliados y pensionados, o mejor dicho en sus teléfonos inteligentes, una nueva forma de estar conectados con su futura o presente pensión y con las decisiones que deben estar tomando para optimizarla. El modelo australiano es un benchmark internacional en este aspecto. Nada de esto se incentivará en un mundo en que la administración de cuentas, por una parte, y la administración de inversiones y la relación comercial, por otra, son forzosamente separadas en distintos actores.

Expropiación y nuevo monopolio estatal. Se desnaturaliza a tal punto a las AFP, que se trata de una extinción, es decir, una eliminación de su existencia “tal como la conocemos” (cita en Bases del Acuerdo de la propuesta de los senadores). La propuesta es expropiatoria y crea un nuevo monopolio estatal. Se pone en serio riesgo la sostenibilidad del pilar de ahorro privado para la vejez, puesto que se constituye en un botín irresistible para la burocracia estatal y el uso de los fondos a usos distintos de maximizar la pensión de los chilenos. El impacto macroeconómico de ello sería un deterioro en el proceso de ahorro-inversión y del crecimiento de la economía.

Inconstitucionalidad-imagen país. La propuesta es inconstitucional, pues viola el artículo 19, número 19 (derecho a realizar cualquier actividad), que garantiza la CPR, que incluye también la no discriminación arbitraria de parte del Estado en este derecho constitucional. Adicionalmente, viola el artículo 19, número 24 (garantiza la propiedad privada), pues no contempla indemnizaciones, donde la doctrina constitucional, en este caso, incluye también un cambio regulatorio expropiatorio. Ello, por cierto, tendrá un enorme impacto de imagen país. Entre los inversionistas afectados se encuentran los más grandes administradores globales de fondos de pensiones que han realizado importantes inversiones en el país para responder a la invitación del Estado de Chile para proveer los servicios de administración de pensiones a la población.

Adicionalmente, la separación obligatoria de la industria incrementará considerablemente los costos de interoperabilidad del sistema por transferencia de fondos, algo que hoy se evita por la integración y registros al interior de las cuentas “on-us” de la AFP con costo cero. Se perderán también economías de escala en la función de inversiones, ante la multiplicidad de gestores de fondos de menor tamaño. Hagamos una buena reforma, mejorando y construyendo sobre lo bueno del actual sistema, lo demás es insensato.

@patricioarrau

  1. Guillermo Guerrero Velasquez dice:

    Estoy totalmente de acuerdo, el objetivo de la oposición en Chile es destruir el actual sistema de pensiones y reemplazarlo por uno estatal.

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