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Publicado el 07 de diciembre, 2019

María Cecilia Cifuentes: «Las prisas pasan…»

Este camino errado de políticas públicas, que se inició en el segundo gobierno de Bachelet, se debe a que el Estado ha fallado en su rol esencial: proveer las condiciones para que los ciudadanos puedan surgir por sus propios medios.

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Lo que ha estado ocurriendo en Chile en la discusión de la llamada Agenda Social me ha hecho recordar esa famosa frase de un ex presidente de la Sofofa: “Las prisas pasan y las ca… quedan”. Esto, porque es efectivo que el país debe buscar caminos de mejorías sociales, pero improvisando en materia de políticas públicas nos podemos encontrar con que el remedio es peor que la enfermedad.

Primero, desde el punto de vista macro, los compromisos de gasto permanente que se están adquiriendo significan que, si no recuperamos tasas de crecimiento de al menos 3%, esta crisis institucional será sucedida por una crisis fiscal en algunos años más, la cual indudablemente pagaremos todos. Pero no sólo en materia de sostenibilidad fiscal estamos siendo muy poco serios, también desde el punto de vista micro, dejando de lado los efectos negativos que esta agenda social genera, principalmente en el mercado laboral. Eso significa que es una agenda con efecto boomerang: avanzaremos en asistencialismo, pero dañando las posibilidades de que los trabajadores surjan por su propio esfuerzo.

Veamos primero las pensiones. Hay consenso en que son muy bajas y que debían mejorarse, pero estas alzas de 50% se traducen en un pilar solidario lo suficientemente generoso como para fomentar la informalidad laboral, o al menos incentivar a esconder remuneraciones y cotizar por un sueldo lo más bajo posible. Si además agregamos que se va a incorporar un componente de reparto en la cotización obligatoria, con mayor razón aún los trabajadores y empleadores tendrán incentivos a dejar parte de los sueldos fuera de la legalidad, acrecentando un fenómeno que ya existe en un grado no menor.

A lo anterior se suma el Ingreso Mínimo Garantizado, que el gobierno ya aceptó subir a $384.000. El presupuesto fiscal se hará cargo de parte de los sueldos del sector privado, algo bastante inédito como política pública. Efectivamente, para los trabajadores esto es preferible a subir el salario mínimo a ese nivel, ya que un alza de casi 30%, en las condiciones actuales de la economía, tendría un efecto muy significativo en el desempleo. Sin embargo, este subsidio a los salarios genera dos efectos bastante perversos. Primero, otro incentivo a cotizar por el mínimo, para obtener un regalo del fisco de casi $90.000 mensuales, incluyendo cotizaciones. El segundo efecto negativo es que desincentiva los aumentos de sueldo por parte de los empleadores, ya que un mayor sueldo significa un menor subsidio; ¿para qué subirlo entonces? Ni que decir los efectos que tendría la propuesta inconstitucional de una mayoría de parlamentarios de subirlo a $550.000. ¿Para esas “genialidades” pagamos sueldos millonarios a los congresistas y sus asesores?

Seguimos entonces profundizando una política asistencialista que hace atractivo “disfrazarse de pobre”. ¿Alguien, por ejemplo, ha pensado en el gigantesco impuesto al ingreso que significa para una familia con hijos en la educación superior no ser parte del 60% más pobre y pertenecer al séptimo decil, por ejemplo? Sin duda que la política de gratuidad en la educación superior tuvo serias falencias en varios aspectos, uno de ellos este problema de diseño. Pues bien, en esta agenda social seguimos cayendo en los mismos errores, que nos llevarán finalmente a que la subcotización sea una situación muy generalizada. El efecto en el gasto fiscal es doble; no sólo se pagan los subsidios, sino que a futuro este problema de cotizaciones por el mínimo seguirá generando bajas pensiones, y aumentando entonces las presiones sobre el pilar solidario.

Este camino errado de políticas públicas, que se inició en el segundo gobierno de Bachelet, se debe a que el Estado ha fallado en su rol esencial: proveer las condiciones para que los ciudadanos puedan surgir por sus propios medios. Esas condiciones son la seguridad pública, la educación y la salud. Mientras no enfrentemos esos desafíos de fondo, estaremos como Don Otto, haciendo otro hoyito en el bote para que salga el agua que entró por el primero. Y no se trata de recursos fiscales adicionales para enfrentar esos roles esenciales; bastaría usarlos en forma más eficiente, y no seguir financiado políticas públicas tan deficientes.

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