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Publicado el 18 de julio, 2019

Juan Ignacio Brito: Los peligros de la inflación de derechos

Periodista Juan Ignacio Brito

El documento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela forma parte de una batalla cultural mayor, al incluir aspectos sociales, económicos, culturales y de género que van mucho más allá de definición fundacional de los derechos humanos y que promueven una interpretación progresista de las garantías fundamentales.

Juan Ignacio Brito Periodista
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Michelle Bachelet se anotó un punto a favor con su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La condena sin atenuantes que hizo contra las prácticas del régimen de Nicolás Maduro no dejó espacio para dudas: el Estado bolivariano es una dictadura que viola los derechos básicos de sus ciudadanos.

Entusiasmados por la condena general que hace el informe y la ventaja moral que supone tener de su lado en la batalla contra Maduro a una Alta Comisionada que posee un obvio liderazgo en la izquierda latinoamericana, los críticos del chavismo y los personeros de casi todos los colores políticos han abrazado el documento por su poder simbólico para ayudar a conseguir un restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela.

No obstante, una lectura más allá de las referencias a la violencia política, las torturas y los atropellos antidemocráticos debiera llamar a la reflexión por las luces que arroja sobre las disputas que actualmente se libran en torno al contenido de los derechos humanos. En especial, debería prestarse atención al hecho de que el texto de la ACNUDH denuncie vulneraciones a derechos sobre los que no existe un real consenso de su carácter de tales.

Visto desde este último ángulo, el documento forma parte de una batalla cultural mayor al incluir aspectos sociales, económicos, culturales y de género que van mucho más allá de definición fundacional de los derechos humanos y que promueven una interpretación progresista de las garantías fundamentales. Por ejemplo, habla sobre supuestos derechos “a un nivel adecuado de vida” o al acceso a anticonceptivos, y también acerca de la falta de cumplimiento en el área de la salud de “obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos” (lo cual supone que un Estado estaría obligado a entregar ciertas prestaciones aunque no tenga fondos para financiarlas).

Aunque enfocado en lo medular en inaceptables violaciones que merecen condena universal, el informe de Bachelet avanza al mismo tiempo en el sentido de instalar una comprensión particular de los derechos humanos con un claro compromiso ideológico; una mirada que ha sido denunciada por activistas como el norteamericano Aaron Rhodes. El año pasado, Rhodes publicó The debasement of human rights, un libro en el que acusa que la definición actual de los derechos humanos ha perdido claridad y significación al mezclar derechos naturales con aquellos instaurados por medio de la ley positiva. Según él, hoy se ha difuminado “la línea que separa lo que es y no es un derecho humano, al degradar la idea de los derechos naturales, erosionando en consecuencia los fundamentos morales sobre los que descansa el edificio de los derechos humanos”. Dirige sus dardos especialmente contra los llamados derechos sociales y económicos; apunta que “no son derechos humanos universales”, pues “reflejan valores políticos que no son intrínsecos a los seres humanos”, sino que son colectivos, y representan posiciones y objetivos partidistas.

La promoción de esta particular mirada recae en lo que Rhodes denomina la “comunidad internacional de los derechos humanos”. Ella está compuesta por una élite de académicos, jueces, ONG y entes internacionales interesados en promover una inflación de derechos sobre la base de la aplicación de doctrinas que trascienden la soberanía nacional y promueven formas trasnacionales de entender y aplicar el derecho.

Aunque todo esto suena a conspiración trasnochada, tiene encarnaciones muy reales y concretas. Una de ellas es la que promueve un grupo de académicos a través del proyecto del “Ius Commune Constitucional de América Latina”. De acuerdo a un paper del profesor mexicano Alejandro Rodiles, el ICCAL se ampara en un neoconstitucionalismo basado en una idea cosmopolita de la ley: “Debido a que los derechos básicos son entendidos como valores compartidos más allá de las fronteras (una cultura común), el Estado constitucional es visto como si participara en una constitución de derechos que trasciende la esfera de la validez formal de la constitución nacional”. O sea, este paradigma pasa por encima de los ordenamientos jurídicos nacionales para imponer su visión internacionalista y expansiva de los derechos humanos.

Rodiles añade que en varios países de la región existe un “profundo desencanto” con la incapacidad de los gobiernos y los parlamentos para llevar adelante reformas que impongan la mirada amplia de los derechos humanos que abraza el proyecto ICCAL, por lo cual resulta clave copar los tribunales con jueces identificados con esta doctrina que estén dispuestos a promoverla. Especial importancia tienen para ello el control de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la Corte Constitucional de Colombia, verdadera punta de lanza en la implementación en ese país de medidas progresistas como el aborto liberalizado, la eutanasia, el consumo recreativo de drogas o el matrimonio homosexual.

El “constitucionalismo transformador” que supone el proyecto ICCAL estuvo presente en el prestigioso congreso ICON-S sobre derecho público, celebrado a principios de mes en la Universidad Católica. Allí, diversos ponentes se explayaron con toda franqueza acerca del mismo. Sus dichos fueron muy reveladores. El profesor colombiano Jorge Roa llamó a contar con jueces que tengan “capacidad y sensibilidad de leer los momentos sociales” y que actúen con habilidad para promover la causa: “El juez puede ser transformador si obra de la siguiente manera: si el legislador está obrando de forma progresista en sus reformas sociales, debe ser deferente. Cuando no es el caso, el poder judicial debe ser un incentivador mediante pequeños empujones. Y si la situación es peor y hay retrocesos, debe contener y abandonar la deferencia hacia los demás poderes”. En la misma línea, la chilena Cecilia Medina, profesora de la U. de Chile y ex presidenta de la Corte Interamericana, señaló en un panel que es necesario contar “con una estrategia política (…) que pasa por entrenar gente que tenga ideas progresistas; entrenarlos para que tengan la capacidad de llegar a la Corte y a la Comisión Interamericana” de Derechos Humanos.

Medina llamó a estar alerta ante iniciativas como la adoptada en abril por los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay. Estos advirtieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos. Dicho margen de apreciación debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano”.

La declaración conjunta de los cinco gobiernos confirma la insatisfacción que existe con las amplias atribuciones que se han arrogado algunas entidades internacionales y la preocupación respecto de la particular interpretación de los derechos humanos que ellas realizan y promueven, a menudo en exceso de sus competencias. Esa inquietud no se limita solo a algunos gobiernos de América del Sur. La semana pasada, Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, anunció la creación de una Comisión sobre Derechos Inalienables para que ayude a responder preguntas tales como “¿qué significa decir o sostener que algo es, efectivamente, un derecho humano? ¿Cómo sabemos o cómo determinamos si ese señalamiento de que algo es un derecho humano es cierto y, por ende, debe ser respetado?”. Pompeo designó a la cabeza del grupo de estudio a la profesora de la Universidad de Harvard Mary Ann Glendon, una conocida crítica de la inflación de los derechos humanos. Durante el acto de presentación, Glendon agradeció el nombramiento y que el secretario de Estado le dé prioridad al tema «en un momento cuando los derechos humanos básicos están siendo mal entendidos por tantos, manipulados por muchos e ignorados por los peores violadores de los derechos humanos del mundo”.

Resulta interesante y esperanzador que presenciemos el comienzo de una muy necesaria reflexión ante los excesos provocados por la rápida expansión del catálogo y contenido de los derechos humanos. Las ambiciosas doctrinas que han surgido en torno a ella y el progresivo copamiento de tribunales y organismos internacionales por parte de sus partidarios debieran llevar a la reflexión a quienes dirigen los destinos de los Estados. Son estos, en definitiva, quienes controlan, a nombre de los pueblos que los han elegido, el desarrollo progresivo de este derecho y el rol que habrán de jugar los organismos internacionales.

El intento por imponer la interpretación amplia de los derechos humanos arriesga el debilitamiento del proceso democrático, la pérdida de soberanía nacional y la realización de una utopía regulatoria coercitiva y burocrática que terminaría amenazando las garantías fundamentales que dicen querer proteger quienes impulsan dicha interpretación. Es el estado nacional, y no las entelequias burocráticas internacionales, el lugar más apropiado para proteger los derechos de las personas y hacer responsables a los gobiernos por sus decisiones.

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