La ministra Izkia Siches ha anunciado la renovación por 15 días del Estado de Emergencia en las provincias de Arauco y Biobío y en la región de La Araucanía, continuando con la restricción de que la presencia de personal militar se limita a carreteras y rutas. Ello confirma que el Presidente Boric no podrá avanzar en soluciones a la violencia en la zona mientras siga el consejo de su principal asesor, el jefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía, que ocupa la oficina contigua en La Moneda. El asesor se adscribe a una corriente de indigenismo radical que orienta las políticas de gobierno en la materia, que explica la renuencia a utilizar las herramientas que la ley le entrega para combatir a los grupos armados que operan en la zona. 

Meza-Lopehandía, como ha informado La Tercera, es el ideólogo de las llamadas “Áreas de autonomía indígena”. Su tesis de Derecho en 2009 versó sobre “Territorio y autonomía de los pueblos originarios” y la dedicó a Temucuicui. Defendía que un “contenido mínimo de la autonomía territorial supone el control autónomo del territorio y los recursos naturales”. Afirmaba luego que: “Los Pueblos Originarios podrán establecer sus formas de organización política, económica y social dentro de sus territorios”. 

Matías Meza-Lopehandía es contrario a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para mantener el orden público en la zona. En su tesis, aborda también el tema constitucional: “Se hace, por tanto, necesario modificar la Constitución para que pueda acoger un verdadero Nuevo Trato con los Pueblos Originarios”.  

En el informe “El ejercicio de derechos como acto subversivo y la respuesta estatal: el derecho penal del enemigo” (2010), que contó con Matías Meza-Lopehandía como investigador, se avanza más en delinear las políticas que el indigenismo radical propone para La Araucanía. Se refiere a un conflicto entre el Estado de Chile (el enemigo), el pueblo mapuche y las empresas forestales. Entre sus conclusiones sugiere un cambio constitucional, la creación de una comisión mixta con expertos internacionales para la restitución de “tierras antiguas”, la desmilitarización del territorio y el establecimiento de una Comisión de Verdad y Justicia que investigue los hechos en democracia y la sanción real a uniformados implicados en abusos.

Como puede apreciarse, el gobierno de Boric ha seguido al pie de la letra las prescripciones de Meza-Lopehandía en esta materia y no cabe esperar por lo tanto un cambio en su política mientras siga los consejos de su asesor. El Presidente Boric y la convención continuarán dibujando en La Araucanía el país imaginario en el que vive el Frente Amplio, mientras la sangre y la muerte continuarán acechando a sus habitantes de carne y hueso.

La comisión de normas transitorias de la Convención constitucional ha aprobado en su proyecto fijar un año al gobierno para crear, por decreto, una Comisión Territorial Indígena que debe elaborar catastros y establecer mecanismos concretos de solución, planes políticas y programas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. Una nueva CORA indígena, con amplias facultades que, solamente considerando la población rural entre Biobío y Los Lagos, operaría en un área que incluye a más de 450.000 personas que tienen sus hogares en tierras que podrían ser objeto de restitución. De prosperar esta Comisión Territorial Indígena, sólo un rechazo al insensato proyecto de constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre podrá iniciar un camino de esperanza para los chilenos que por varias generaciones han poblado y desarrollado el sur de este país y hoy viven la pesadilla de un Estado que los ha abandonado. 

*Luis Larraín es economista, LyD.

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