Si los errores no forzados se contaran en política, el gobierno de Gabriel Boric probablemente habría batido el récord de más autogoles en la menor cantidad de tiempo. En el más reciente de los múltiples errores no forzados del gobierno, la ministra de relaciones exteriores Antonia Urrejola torpe y gratuitamente ha sentado el precedente de que la administración Boric no cree que en Chile se pueden realizar juicios justos.

En una entrevista en CNN Chile, Urrejola fue presionada por la periodista Mónica Rincón sobre si Galvarino Apablaza, el ex guerrillero del FPMR acusado de diversos crímenes cometidos en Chile y Brasil ya en democracia, debía ser considerado refugiado político. Apablaza actualmente reside en Argentina. Hace unos años, su petición de asilo político fue finalmente denegada por la corte suprema de ese país, por lo que la petición de extradición a Chile para ser juzgado por crímenes que involucraron la muerte de varias personas —incluido el senador Jaime Guzmán— sigue pendiente. Por eso, la ministra Urrejola debía ser cuidadosa en su respuesta. Pero sorpresivamente, Urrejola optó por responder de la peor forma posible. Dijo que “no me corresponde a mí determinar ese tema”. En una democracia con estado de derecho y poder judicial independiente, ninguna persona acusada de cometer un crimen en Chile puede reclamar en otro país estatus de refugiado o perseguido político. O, al menos, el gobierno de Chile no puede a través de su canciller aceptar tácitamente que una petición de esa naturaleza tiene base. La respuesta de Urrejola debió ser, como representante del gobierno nacional que está a punto de realizar una visita de estado, que en Chile hay estado de derecho y hay un sistema judicial que garantiza los derechos de todos los acusados.  

Pero como si esa declaración no hubiera sido lo suficientemente mala, ante la insistencia de la periodista sobre si Apablaza podía tener un juicio justo en Chile, Urrejola se complicó sobremanera y solo atinó a decir: «Mire, no es un tema que me parece, es decir, yo creo que no es un tema que yo quisiera entrar a decir si hay riesgo o no hay riesgo para un juicio justo». Ahí vino el segundo error, adornado con un fraseo impropio para la mujer que ejerce como jefa de la diplomacia nacional. Es imposible de entender la incapacidad de Urrejola para aseverar tranquila y firmemente que en Chile existen las instituciones que garantizan un juicio justo. Precisamente por su propia trayectoria en gobiernos anteriores, en la OEA y en organizaciones de derechos humanos, Urrejola debiera saber que aquellas personas juzgadas en Chile que creen no haber recibido un juicio justo tienen múltiples recursos para apelar en el propio sistema judicial chileno y ante tribunales internacionales.

La declaración de Urrejola es miel sobre hojuelas para personas que han huido del país después de ser condenadas por la justicia. En una noticia que recientemente cautivó la atención de la opinión pública, la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, huyó del país cuando perdió la última apelación a su condena de cárcel efectiva por delito de fraude al fisco. Ahora, Rojo podrá usar esas declaraciones de Urrejola si intenta pedir asilo político en algún país de Europa. Cuando el propio gobierno es incapaz de aseverar que puede haber juicios justos en el país, todos los chilenos perseguidos por la justicia pueden respirar más tranquilos. El gobierno se ha convertido en un aliado de todas las personas que están siendo juzgadas o que han sido condenadas por algún delito o crimen. En Chile, reconoce el gobierno, no hay garantías de juicio justo.

Por cierto, las implicaciones de lo que ha dicho Urrejola no son solo teóricas. En los últimos tres años, he recibido tres peticiones de oficinas de abogados en Estados Unidos y Reino Unido para ser testigo experto en casos de ciudadanos chilenos que piden asilo político por alegar que son perseguidos en Chile por el gobierno. Supongo que la próxima vez que reciba una petición de ese tipo tendré que comentar que, más allá de lo que yo estime y de lo que en general aseveran todos los estudios serios y los indicadores internacionales al respecto, el gobierno de Chile asevera que en el país no hay garantías de juicio justo. Con su declaración, Urrejola ha dejado la puerta abierta para que cualquier persona que reside en Chile y es perseguida por la justicia por delitos o crímenes, vaya a alguna embajada de un país más desarrollado a pedir asilo político.

La incomprensible declaración de Urrejola pudiera atribuirse a la inexperiencia del gobierno o al típico error de principiante. Pero como estas meteduras de pata de altos funcionarios del gobierno se producen con tanta regularidad, pudiéramos estar frente a un problema más serio. Una cosa es cometer errores. Algo mucho peor es convertir los errores no forzados en una práctica cotidiana.

*Patricio Navia es sociólogo, cientista político y académico UDP.

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1 comentario

  1. La pregunta es si la Canciller cree efectivamente que en Chile no hay garantías de un juicio justo o si se enredó en su respuesta, porque de ser efectivo que no cree en la justicia de nuestro país, las consecuencias de aquello son de una gravedad extrema.

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