¡Lircay! ¡Lircay! Gesta de matices, luces y sombras. ¿Leyenda épica de la forja de la República u oscuro triunfo del despotismo sanguinario?

Lo cierto es que la batalla librada el 17 de abril de 1830 a las afueras de Talca es un momento esencial en la construcción del Chile independiente, puerta de entrada al sistema portaliano, y por tanto un acontecimiento de primera magnitud. 

Los juicios sobre esta batalla no se agotan en valorar el día de la gesta, sino que se adentran en las concepciones e interpretaciones del período que da a luz: sobre Lircay pesan Portales, Prieto, Bulnes y Montt, pesa el sistema institucional establecido, pesa la evolución del Estado chileno por el resto del siglo XIX, XX y XXI. Personajes tan disímiles y contradictorios como Alberto Edwards, Mario Góngora y Gabriel Salazar han visto en el nudo de 1829-1830 el quiebre del destino histórico de Chile independiente, un momento que empuja hacia una senda que habrá de definir la forma en que concebimos el Estado nacional.

Por esto es necesario recordar Lircay, más en un momento constituyente refundacional, en el que la tradición misma que ha sostenido al Estado chileno ha sido cuestionada hasta su núcleo. Precisamente lo que principia ese 17 de abril, se pretende abolido el 18 de octubre de 2019. ¿Cuánto hay en esa antigua batalla que nos hable del presente político del país?

El camino hacia Lircay

La expulsión de O’Higgins en 1823, impulsada por la aristocracia santiaguina y elementos del incipiente ejército nacional, termina con el primer intento de perfilar una estructura política independiente para Chile. 

El Estado en forma nacional —como es llamado por Edwards— había sido demolido con la Independencia. Los sistemas de representación simbólica del poder y la legitimidad que sostuvieron al gobierno monárquico durante 300 años habían colapsado, sin que el andamiaje indiano pudiera resistir como tal al cambio de régimen político. El imaginario de una monarquía católica y compuesta no era compatible con una república ilustrada formada sobre la base del Estado-Nación. 

Una primera respuesta para llenar este vacío fue el cesarismo militar de Bernardo O’Higgins. Ante el fracaso de este proyecto, los dirigentes nacionales se alistaron ansiosos a probar diversas formas de organización estatal. El problema no era uno meramente “constitucional”: no se agotaba en la técnica jurídica del texto, sino que versaba sobre la construcción de un sistema de mentalidades políticas que otorgaran legitimidad al proceso independentista, el que no era en caso alguno aún del todo seguro.

Se ensayaron así una serie de posibilidades: el sistema moralista de Juan Egaña (1823), el intento federal de José Miguel Infante (1826) y el liberalismo moderado de Joaquín de Mora (1828) se sucedieron unos a otros, fracasando todos en adquirir la legitimidad como modelo y reconstruir la autoridad política.

Y en el trasfondo de estos ensayos, la anárquica lucha entre las distintas facciones e intereses: pipiolos, pelucones, federalistas, o’higginistas y estanqueros se relacionaban en una intrincada y voluble red de apoyos y militancias. No eran en ningún caso partidos políticos en el sentido moderno, sino una compleja estructura de relaciones sociales, económicas, políticas y de intereses que cambiaban constantemente, al son de los destinos y opiniones de los hombres más ilustres del  momento.

El fin de la Constitución de 1828 comenzó en estas dinámicas. Del enojo pelucón por la imposición —a su entender, inconstitucional— de Joaquín Vicuña como vicepresidente en 1829 se siguió un movimiento palaciego en Santiago y finalmente la revolución armada en Concepción, liderada por los propios pelucones, el o’higginismo, sectores del federalismo y los estanqueros, siendo los últimos acaudillados por el imputado cerebro del movimiento: Diego Portales. Por su parte, Joaquín Prieto, ex lugarteniente de O’Higgins, lideró el alzamiento militar en el sur. Se había cruzado el Rubicón.

No fue una reacción ideológica, sino que una respuesta dentro de las dinámicas de las luchas aristocráticas que habían dominado la década. Esto explica porqué incluso elementos liberales, como el mismo Ramón Freire, se encontraran —al menos en una primera fase— en una posición ambigua: ni partícipes directos ni opositores al movimiento, pensaron cosechar los frutos de este.

El primer choque armado, señala Salazar, concluye con la victoria constitucionalista-pipiola, pero con el triunfo político de los pelucones —gracias al pacto de Ochagavía—, quienes consiguen, en la práctica, el fin de la constitución liberal y su instalación en el gobierno.

La segunda fase comienza con el quiebre entre los pelucones y Freire, quien toma el mando de las fuerzas pipiolas, replegándose al sur perseguido por Prieto. El 17 de abril de 1830 ambas fuerzas se enfrentan a orillas del río Lircay.

Una batalla y sus frutos

El enfrentamiento fue sangriento para la época, estimándose alrededor de 600 muertos, entre los cerca de 4.000 soldados. Especialmente cruento fue el trato del ejército vencedor contra la oficialidad extranjera del ejército pipiolo, siendo ejecutado a sablazos Guillermo Tupper, quien había sido capturado durante la batalla.

Con la victoria militar, el dominio del bando pelucón quedaba asegurado, siendo eliminada la facción pipiola como agente político. Sin embargo, Lircay podía quedar en un mero golpe de Estado caudillista, sin una verdadera proyección de larga duración.

Los fines de los grupos revolucionarios no eran homogéneos. Las dos tendencias más marcadas eran las del peluconismo aristocrático —sin una posición ideológica clara, pero deseoso de orden luego del caos de la última década— y la postura o’higginista, que esperaba saciar esa ansia de orden intentando nuevamente un gobierno cesarista de O’Higgins. Los pelucones habrían estado abiertos a esta opción a cambio de terminar con la inestabilidad, por lo que fue una posibilidad real en los días que siguieron a Lircay.

Frente a estas dos tendencias surge la opción portaliana, que primero desarticula a los pipiolos, luego al o’higginismo y a la fronda pelucona.

La dureza de Portales con los vencidos ha sido ampliamente discutida desde el siglo XIX. No conforme con la victoria militar, el Gran Ministro abogó por el exilio de los líderes pipiolos, la purga de la oficialidad del ejercito y la ejecución de cualquier insurrecto. Aplicó una ley de hierro contra cualquier persona o grupo que pudiera hacer peligrar el proyecto político que comenzaba a edificar, generando los resentimientos que habrían de estallar en el motín de Quillota de 1837 que cobraría la vida del Ministro.

Para neutralizar los planes o’higginistas, Portales promovió la candidatura de Joaquín Prieto a la presidencia, evitando la restauración del Director Supremo desde dentro de las propias filas del o’higginismo. 

Finalmente, la fronda pelucona fue cautivada por el encanto de Portales, ganándose su lealtad y aquiescencia pasiva en el proyecto que pensaba materializar. Y este no era otro que la construcción del Estado sobre la base de un poder incuestionado: que se obedeciera al gobierno como en su momento se había obedecido al rey. 

Para Edwards, esto se logra por la construcción de un poder impersonal y abstracto a la usanza de los reyes hispanos; para Góngora, por medio de un poder fundado en la aristocracia enamorada del orden. Las tesis no son excluyentes. La construcción de un poder abstracto —el gobierno— se apoya en la aristocracia como cuerpo político. Y esta respuesta es congruente con el único modelo político vivo y funcional que conocía la experiencia chilena: la monarquía hispánica, especialmente en su vertiente borbónica. En este sentido ha argumentado Bernardino Bravo, señalando que la construcción portaliana es una reimaginación del despotismo ilustrado, en el marco de una república ilustrada y aristocrática.

El éxito portaliano fue rotundo. Los pipiolos desaparecieron del esquema político sin continuidad alguna. Pasarían más de 20 años y 3 gobiernos pelucones antes de la reaparición de una propuesta liberal, la que fue más hija del Partido Pelucón que del pipiolaje. Portales encuentra su herencia en Errázuriz, Santa María y Balmaceda, presidentes liberales, pero dentro de la noción de Estado portaliana. Por otro lado, el caudillaje militar queda neutralizado luego de Lircay, no siendo derribado ningún gobierno en el período que va desde 1830 y hasta 1891. 

Aquel ansiado orden del líder estanquero fue alcanzado gracias al modelo implantado, y sirvió de base a la idea de Estado durante el resto del siglo XIX, siendo modificado meramente en los accidentes luego de las crisis de 1924 y 1973. Este modelo se convirtió, a través de las generaciones, en el núcleo de la idea política del Chile republicano, alimentando imaginarios colectivos y formas de entender la política. 

En Lircay, respirándose el ominoso aire de una guerra civil, se rompe el círculo de las constituciones pensadas, ensayadas y desechadas, engendrando una constitución viva que no reposaba en la tinta del texto, sino las prácticas políticas e imaginarios colectivos compartidos y respetados. La eliminación de estos presupuestos en miras a refundar toda nuestra experiencia y tradición política tiene una buena parte de infantilismo y desconocimiento de que las comunidades políticas son seres históricos, que construyen el futuro desde las experiencias del pasado.

*Pablo Errázruiz es investigador de Tanto Monta.

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