Si un hombre agrede sexualmente a una niña, comete un delito repugnante que lo convierte en reo de muy severas penas. Pero si ese hombre es, por ejemplo, un sacerdote, su crimen se convierte además en un escándalo que estremece a la cristiandad entera. Porque con los cargos públicos se multiplican los efectos negativos de tal tipo de delitos, y el escándalo, en sus efectos, es mucho peor que el crimen mismo. Es por eso, también, que el robo perpetrado al amparo de una autoridad debiera ser mucho más punible que el delito mismo. Es por eso que las Santas Escrituras, que tienen palabras de piedad para el ladrón, el adúltero o la prostituta, a la hora de referirse al escándalo exclama “Ay del que escandaliza. Más les valdría no haber nacido”.
Todas estas reflexiones me asaltan al momento de reaccionar frente a las espantosas noticias de los robos amparados por autoridades en el llamado caso de las fundaciones. Lo que correspondería al salir a luz estas máquinas para defraudar al Estado, en buena lid debieran significar la destitución inmediata de toda la línea ejecutiva que facilitó el saqueo, desde el que firmó los desembolsos hasta el ministro del que es dependiente.
Lo que en este caso ha ocurrido, es que el escándalo ha escalado hasta niveles de los más altos de la administración del Estado. Por la falta de reacción adecuada del Poder Ejecutivo, es que el escándalo marcará un hito negro en la historia de nuestro país y convierte al gobierno de Boric en reo del peor de los baldones.
Para demostrar la gravedad de lo que afirmo, le prometo a mis lectores contarles en alguna reflexión posterior el detallado caso de la reacción del propio Presidente Salvador Allende ante una situación de escándalo que guarda algún parecido con el caso fundaciones. Ese Presidente, de la misma extracción ultraizquierdista del actual, se dio cuenta de inmediato que tenía que reaccionar con ejemplar rapidez y severidad, porque la majestad de su cargo estaba en entredicho si su reacción era morosa y mitigante.
Porque cuando un partido (en este caso Renovación Democrática) monta una maquinaria para que miembros de él convertidos en autoridades formen una cadena para facilitar esos robos al Estado, es absurdo pensar que no se dan cuenta de ello los funcionarios no comprometidos en esas reparticiones públicas.
Quienes conocemos algo del funcionamiento de corporaciones, sabemos que un secreto en que participan algunos miembros de ellas no es mantenible sin que los operadores del papeleo interno se den cuenta y, a partir de entonces, no tienen más alternativa que o denunciar lo que sospechan o convertirse en cómplices silenciosos del delito que se comete. Se puede estar seguro que, cuando la trama sale a la luz pública, es siempre porque alguno de esos cómplices silentes decidió el camino de la honradez y filtró sus sospechas a un medio de comunicación. Por eso es que resulta pueril declarar que los propios jefes del partido en cuestión desconocían lo que ocurría y si el ministro de Estado que encabeza esas reparticiones dice no haber sabido nada, o es un cómplice o es un mentiroso y un inepto. En todos esos casos debiera ser destituido porque, aunque no se le pueda acusar criminalmente, se ha convertido en un bacalao político.
Por todo lo señalado, y bajo la certeza de que hoy los altos cargos de toda la administración pública se han repartido entre miembros de los partidos que apoyan al gobierno de Gabriel Boric, se puede estar seguro de que todas sus jefaturas sabían de la máquina montada por RD para defraudar al fisco por la vía facilitada desde la cúspide del gobierno con oportunos relajamientos de los mecanismos de control.
En estricto rigor, lo ocurrido, cotejado con la insignificante reacción con que el gobierno pretende dar por cerrado el episodio, descalifica al gobierno en su integridad, comenzando con el propio Presidente de la República que queda solo frente a la disyuntiva de declararse inepto o cómplice.
Al examinar las consecuencias del delito seguido del escándalo, comprobamos experimentalmente por qué este termina siendo peor que el crimen mismo.
Envenena la confianza y el sentido de vergüenza de toda una ciudadanía y eso es algo que deriva en el profundo desprestigio de las instituciones y de las autoridades que hoy demuestran todas las encuestas de opinión que se practican en Chile. Es eso lo que da una idea de la hondura de la crisis que hoy aflige a instituciones como la propia Iglesia Católica debido a los escándalos de connotación sexual por parte significativa del clero. Es también eso lo que explica parte de la crisis del sistema democrático sacudido por escándalos como los de Trump en Estados Unidos, los de Juan Carlos I en España o los de Wilson en el Reino Unido. Con frecuencia en la historia, un escándalo ha podido derribar regímenes completos sin que para ello se haya necesitado ni siquiera un movimiento militar o un hipócrita “estallido social”.
Estoy esperando ver qué es lo que hará la opinión pública chilena frente al inaudito escándalo de los robos perpetrados por las fundaciones nacidas al amparo del clientelismo político de este insoportable régimen. Si a esto sigue el acostumbramiento a las siguientes revelaciones que sin duda surgirán, querrá decir que el país está moralmente agotado y no le queda más que ganar un poco de tiempo para su final resignación. Si, en cambio, se reviste de mi propia indignación y exige perentoriamente la honestidad pública a la que tiene derecho, querrá decir que, aunque nos cueste mucho, vamos a poder resurgir de nuestras actuales cenizas para encaminarnos nuevamente a una senda de grandeza como algunas veces nos han mostrado nuestros antiguos próceres.
