La mirada de todos está puesta en el Reglamento Interno de la Convención, aunque algunos prefieren clavar sus afilados colmillos. No han ni jurado o prometido (o aceptado el cargo, como definió el gobierno) y ya se sienten soberanos. Muchos con mareo de altura. Mal pronóstico.

El sector debería apoyar decididamente la aprobación de un estatuto para garantizar la participación real de los independientes de centroderecha en la política o en el debate público.

La culpa es nuestra. Creímos que teníamos asegurada la defensa de las ideas y convicciones de la centroderecha en las elecciones pasadas, con la elección de una bancada numerosa de parlamentarios, olvidando, por completo, lo central: la capacidad y experiencia de nuestros candidatos.

No es fácil revertir una sensación, más generalizada de lo pensado, sobre la escasa importancia que muchas personas le asignan a su voto.

Funcionarios de ambas instituciones se sienten compelidos a renunciar al uso de la fuerza en sus tareas de control, por la evidente amenaza que implica para ellos una eventual acusación de abuso policial o de fuerza.

No debemos temerle a la competencia ni verla como una amenaza. Una libre, innovadora y sana competencia debe ser vista como un valor que debe ser protegido y alentado por un texto constitucional. Por lo mismo es que, a través de un diálogo fluido e instancias participativas, confío en que podamos anunciar al mundo que contamos con una Ley Fintech que cumple con los más altos estándares internacionales. ¿Estamos a la altura del desafío?

El temor a que el populismo y demagogia se apoderara de la Convención, me comenzó a invadir. El acento en el diálogo y los acuerdos es muy importante, pero no debemos olvidar que hay sectores políticos que no creen en el diálogo y, mucho menos, en los acuerdos. La mejor prueba está en la actitud del actual Congreso. El riesgo de replicar eso en la Convención no es menor y no promuevo ni quiero “más de lo mismo”.

La Convencion Constitucional será la instancia para debatir y acordar la institucionalidad adecuada para garantizar ese derecho.

La respuesta de los chilenos frente a las medidas sanitarias que imponen las autoridades de salud, como consecuencia de la pandemia, es un fiel reflejo de la crisis de deberes que vive el país. No se trata de un fenómeno exclusivo de ricos o pobres, como algunos tratan de plantear, sino que es una actitud que no distingue clases, edades, sexo o condición.

Lo que estará en juego es la línea que distingue entre un modelo de sociedad que cree firmemente en el individuo o en el Estado.

Esta es una materia que no debería ser objeto de negociación durante el trabajo constituyente. El derecho a la vida no debe transarse. Las convicciones no se transan.

En cualquier país serio, desoír o ignorar los efectos de un fallo tan transcendental, como el del TC, habría generado profundas reacciones de rechazo. Pero en un país como el nuestro, es todo lo contrario.