En 1945 el totalitarismo nacionalsocialista pasaba a ser parte de la historia, pero el totalitarismo comunista ingresaba a su momento de mayor esplendor y poder, con nuevos países y millones de personas bajo su influencia.

Se ha iniciado un gobierno de coalición, inédito en la historia reciente de España. El programa es ambicioso y multiforme, pero también es deliberadamente impreciso o bien no llega hasta las últimas consecuencias.

Es clave terminar la segunda década del siglo XXI con una nota de esperanza, de lo contrario el continente latinoamericano vivirá nuevamente años difíciles, en los cuales sufrirán especialmente los sectores más pobres, receptores habituales de promesas electorales o revolucionarias que tardan en llegar o simplemente no llegan.

«Sueño con una república independiente, libre y democrática, una república económicamente próspera y, no obstante, socialmente justa». Las palabras de Vaclav Havel, quien asumió la presidencia de Checoslovaquia tras la caída del Muro de Berlín, hace 30 años, no pierden vigencia.

La democracia, por ser un sistema ampliamente aceptado, no debe darse por eterno o incapaz de ser sustituido, sino que requiere una constante renovación y actualización.

La contundente y para muchos inesperada victoria de Boris Johnson sobre Jeremy Corbyn han despertado las más diversas reacciones y análisis, muchos de ellos todavía marcados por la incomprensión de lo que ha vivido Gran Bretaña en los últimos años.

Las democracias indignadas -o “irritadas”, en la fórmula de Daniel Innerarity- tienen razones de sobra para estar preocupadas, y no siempre tienen la inteligencia, la creatividad y la rapidez necesarias para transformar los problemas en soluciones y las crisis en oportunidades.

El régimen político y social debe ser justo y libre, participativo, capaz de responder a los desafíos emergentes, ser sustentable económicamente, debe facilitar el progreso social y ser un efectivo canal de desarrollo para las personas. De lo contrario, su propio desprestigio será un pasto fértil para demagogos y violentistas, para quienes quieren destruir el orden social desde siempre y para quienes se suman ante la desesperación del fracaso.

Existe un clima de guerra civil sicológica que, de manera creciente, comienza a afectar a la población y a las instituciones. Si no se revierte pronto esta lógica de amigos-enemigos, es probable que en un futuro se resuelva por la violencia lo que debería ser solucionado por las vías políticas y del derecho.

Las elecciones del 10 de noviembre generaron un nuevo escenario político: si hace unos meses los socialistas y Unidas Podemos extremaron las posiciones, haciendo inviable un acuerdo de gobernabilidad, hoy la realidad española hace prácticamente inaceptable no intentar con seriedad un pacto entre sus líderes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto, aunque sus partidos hoy tengan menos diputados que tras las elecciones de abril y después de los duros ataques y descalificaciones recíprocas entre ambos líderes después de las pasadas negociaciones.

La discusión sobre la carta fundamental lleva varios años e incluso han existido dos reformas importantes a la Constitución: la de 1989, que obtuvo un inmenso respaldo popular en el correspondiente plebiscito, y la de 2005, con un acuerdo que involucró al gobierno del presidente Ricardo Lagos y al Senado, entonces liderado por Sergio Romero (RN). Sin embargo, luego nada parece ser suficiente y ese es un factor que hace dudar a la hora de abrir nuevas negociaciones; otro problema es que se eliminen los elementos positivos de la carta fundamental, que fue una de las bases del progreso de Chile en las últimas décadas.

Para enfrentar los nuevos desafíos no basta con dar las viejas respuestas a las nuevas preguntas, sino que es necesario ser más profundos intelectualmente y más creativos políticamente.