El 14 de febrero pasado, Chile presentó su réplica en el marco de la demanda de 2016 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a través de la cual solicita que se determine si el río Silala es internacional, es decir, un “curso de agua sucesivo”, o —como desde 1999 lo viene sosteniendo la contraparte— se trata de un “manantial” exclusivamente boliviano, cuyas aguas llegarían a Chile por obras artificiales de canalización, construidas por la empresa de Ferrocarriles de Antofagasta a Bolivia (FCAB). Aunque los medios de comunicación han informado bastante sobre el asunto, es importante ordenar un poco los hechos históricos, con el objeto de poner sobre el tapete algunas contradicciones en las que ha incurrido Bolivia.

En primer lugar, si bien es cierto que la empresa FCAB obtuvo en 1908 una concesión de Bolivia para el uso útil de las aguas del Silala, también lo es que dos años antes consiguió lo mismo de parte de Chile. Esto, obviamente, demuestra que siempre se entendió que el Silala era un recurso hídrico compartido, que cruzaba de un territorio a otro.

Una segunda contradicción guarda relación con el fondo de la demanda presentada por Chile: si se trata o no de un río. Frente a la acusación de desvío por parte de la empresa chilena, el 6 de mayo de 1996 la Cancillería boliviana reafirmó que el Silala sí es un río internacional: “El Silala es un río que tiene origen en una vertiente que brota al pie del cerro del mismo nombre, en territorio de Bolivia, e ingresa posteriormente a Chile. Dicho de otro modo, Bolivia es dueña del curso superior de ese río y Chile del inferior” (El Diario, La Paz, 7 de mayo de 1996). La tesis que sostiene que el Silala no sería un río, sino un manantial, comenzó recién a desplegarse en 1999.

Una tercera contradicción se refiere a la famosa Agenda de los 13 puntos, a partir de la cual se habría llegado a un preacuerdo el 4 de abril de 2009. Bolivia sostiene que Chile se comprometió a pagar por el uso de las aguas del mentado río. Pero esto no es cierto: lo que realmente se acordó fue que Bolivia, en cuanto Estado ribereño, aguas arriba —y con el objeto de darle un uso útil a recurso hídrico del río— podía “vender” dicho uso a particulares chilenos. Pero, obviamente, en el lado boliviano. Por lo tanto, esto nada tiene que ver con un supuesto reconocimiento de Chile de un derecho total del Estado altiplánico sobre las aguas del Silala, incluyendo aquellas que cruzan hacia Chile.

Los representantes de Bolivia han caído en lo que podríamos llamar “eterna contradicción” de Bolivia frente a Chile. ¿En qué consiste? En que, siendo la solución del tema marítimo su principal objetivo internacional con Chile, a lo largo de la historia han puesto reiterados e inexplicables obstáculos para alcanzar dicho propósito.

Pero además de las tres contradicciones anteriores, referidas específicamente al río Silala, los representantes de Bolivia han caído en lo que podríamos llamar “eterna contradicción” de Bolivia frente a Chile. ¿En qué consiste? En que, siendo la solución del tema marítimo su principal objetivo internacional con Chile, a lo largo de la historia han puesto reiterados e inexplicables obstáculos para alcanzar dicho propósito. A diferencia de lo que sostuvieron en el caso sobre obligación de negociar, el fracaso de las conversaciones sobre acceso soberano al mar se debió en gran medida —y por qué no decir, de manera fundamental— a la constante intransigencia de la propia Bolivia, que siempre ha puesto por delante cuestiones accesorias. Las que, por ejemplo, en torno a la negociación de Charaña se denominaron “aristas”: cuestión del río Lauca, desmilitarización del corredor, extensión y posibilidad misma de un canje territorial, etc.

Bajo este contexto histórico, no cabe duda de que el Silala ha sido también un elemento de conflicto accesorio, que no surgió de Chile, sino de la misma Bolivia, al negarle la condición de río internacional a dicho curso de agua. Conflicto accesorio —hay que decirlo— que la aleja mucho más de su anhelada “cualidad marítima”. Por lo mismo, resulta incomprensible que, frente a un supuesto objetivo principal, Palacio Quemado no deje nunca de poner barreras secundarias, que hacen que su aspiración marítima, de tanto diluirse, se termine convirtiendo en un sueño imposible.

La derrota que Bolivia sufrió en el juicio sobre obligación de negociar y la que, creo, sufrirá nuevamente en el actual caso sobre el río Silala, deberían llevar al país altiplánico a replantearse de manera radical su actitud frente a Chile. Pero resulta difícil que esto suceda, dado que la cuestión marítima, más que un objetivo real, parece haber siempre sido un retorcido comodín para su política interna.