Señor Director:

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas en transporte, que ahora pasa a ser discutida en el Senado. Regularizar el funcionamiento de las plataformas y la actividad de sus socios conductores podría terminar con esfuerzos en fiscalizaciones y multas que son pura pérdida social, ya que se trata de un servicio altamente valorado tanto por usuarios como por los socios conductores.

El proyecto recientemente aprobado por la Cámara de Diputados limita seriamente el funcionamiento y potencial de desarrollo de las nuevas tecnologías. En efecto, se contemplan restricciones al ingreso de nuevos socios conductores, limitaciones al tipo de vehículo, exigencia de licencia profesional para todos los conductores -aunque operen unas pocas horas a la semana-, multas elevadas por conducir “rutas ineficientes” distintas de la sugerida en la aplicación, el deber de iniciar rutas de transporte de pasajeros únicamente en la región donde estén inscritos, prohibición de realizar viajes compartidos, entre otras limitaciones.

Sin embargo, las nuevas tecnologías hacen innecesario todo este exceso de control y regulación. Las plataformas tienen incentivos para mantener buenos conductores. Los usuarios evalúan el servicio y tienen disponible información tanto del vehículo como de la evaluación que otros usuarios han hecho del mismo.   Asimismo, en cuanto a la congestión, la nueva tecnología hace innecesario recorrer calles congestionadas buscando pasajeros como lo hacen los taxis, ya que se atiende a un llamado georeferenciado.

Por su parte, tratándose de los viajes compartidos, en vez de prohibirlos, la autoridad debería incentivarlos. Como se ha visto en otros países, su desarrollo tiene el potencial incluso de cambiar los paradigmas del transporte público de pasajeros, aportando en eficiencia y calidad.

Esperemos que en el Senado se hagan los cambios necesarios para que las plataformas puedan seguir operando en condiciones similares a las actuales, en forma regular y sin limitar su potencial de desarrollo. De lo contrario, los únicos perjudicados serán los ciudadanos.