Señor Director:
La economía en la Región de la Araucanía lleva décadas de postergación, con una tasa de desempleo en torno al 6,2%, con una caída sostenida en los índices del turismo regional, el índice de pobreza multidimensional más alto del país y atentados incendiarios que han ido en aumento. Eso nos convierte en una región que avanza más lento que el resto del país. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha realizado grandes esfuerzos para revertir estos índices, como el Plan Impulso Araucanía y el proceso de Consulta Indígena que están siendo llevados adelante por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, teniendo una especial relevancia el proceso de Consulta Indígena, que ha sido valorado por diversos actores, desde la Multigremial, pasando por la Cámara Chilena de la Construcción, Microempresarios, Parlamentarios, Municipios y Comuneros que trabajan firmemente por aportar al desarrollo económico regional y desean que se ponga fin a la violencia, así como modificar una normativa obsoleta, que no contempla un real desarrollo para los pueblos indígenas y que sólo se enfoca en la compra de tierras lo cual se ha convertido en un incentivo para el recrudecimiento de los actos violentos y ha enfrentado a quienes se oponen a esta medida con quienes llevan adelante el proceso, debiendo intervenir carabineros y echando por tierra los intentos de diálogo.
La Araucanía sin duda alguna es una prioridad para el actual gobierno, lo cual quedó evidenciado en la pasada Cuenta Pública con la alusión directa al Programa “Desarrollo y Paz” para La Araucanía, la necesidad de la creación de empleos y fortalecer la estructura social a través del “Plan Impulso a La Araucanía”, valorándose a mi juicio no sólo los anuncios, sino también en la ejecución de esas medidas la presencia de autoridades en terreno, con aumento de presupuestos que se enfoquen en reforzar el turismo, la pequeña y mediana empresa, el desarrollo social y la inversión en obras públicas. No obstante lo anterior, para lograr un mayor desarrollo, es imperante la necesidad de reestablecer el Estado de Derecho en muchas zonas de la región, de lo contrario los avances serán aislados y no involucrarán a todos los actores en la región que ven como la impunidad le está doblando la mano a las Policías, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, limitando la in versión y el crecimiento económico.