Señor director:
La indicación del Ejecutivo, la cual plantea que los extranjeros deben tener una residencia mínima de dos años para acceder a beneficios de seguridad social, no me parece una locura.
De acuerdo a la medida expuesta, y tal como se realiza actualmente, independiente de la condición del extranjero, el Estado chileno entrega salud y educación cuando corresponda. Dando una estancia digna mientras está de paso o se establece en el país.
Sin embargo, si aceptamos las modificaciones incorporadas al proyecto de ley tendrían un impacto significativo en el gasto fiscal, por un lado incentivaría el incremento de la población migrante y, por otro, facilitaría el aumento y acceso a las prestaciones por ejemplo asignación familiar y subsidio, incurriendo en un gasto que supera los $ 175.000 millones.
Y no es por ser lacerante con los migrantes, pero si vamos a entregar beneficios sociales, al menos que sea a personas que tengan la seguridad que se establecerán en el país por más de un par de meses.