Señor Director:
Luego de dos meses, el proyecto de Ley Aula Segura fue aprobado en el Congreso. Esta iniciativa fortalecerá las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera casi inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.
Fue una tramitación compleja, en la que el Presidente Sebastián Piñera llamó a la sensatez, emplazando a los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría a actuar de manera responsable. Tenían que definirse de qué lado estar: con las comunidades educativas o con los violentistas. Al convertirse en ley, Aula Segura se transformó por una parte en un golpe de timón claro del ejecutivo y por otra, en la victoria de una mayoría política que ve en el diálogo una forma de entregar justicia a nuestros compatriotas.
Pero, ¿cómo llegamos a este estado en la educación pública? Lamentablemente la tolerancia a los hechos de violencia se arrastra hace varios años. Cómo olvidar durante el 2014 la justificación de las tomas por parte de las alcaldesas Tohá y Errázuriz, lo que abrió una puerta muy ancha de permisividad por parte de la clase política y de la autoridad.
Como parlamentarios tenemos una gran responsabilidad: frenar de una vez por todas esta profunda crisis a la autoridad y a las instituciones, que lo único que ha logrado es repartir más injusticia entre los chilenos. Si muchos no pueden estudiar, aumentaremos nuestras diferencias como sociedad y luego dañaremos nuestra democracia.
Pero aún queda batalla. Durante los próximos días se discutirán algunos de los proyectos de ley más importantes de este año legislativo como la Reforma Tributaria, Previsional, Presupuesto 2019 y reajuste del sector público. Es de esperar que nuevamente vez prime la responsabilidad política por sobre los intereses particulares, para establecer justicia con quienes aún estamos en deuda: los más vulnerables de nuestra sociedad.