Señor Director:
Carlos Altamirano y otros líderes radicalizados e intransigentes como él, que validaban la violencia como método de acción política, que rechazaban el diálogo y las posibilidades de alcanzar acuerdos -«avanzar sin transar»- y que estaban dispuestos a imponer su ideología marxista mediante el uso de las armas -sin considerar la realidad del ser humano y de la sociedad chilena, y sin importarle las consecuencias-, hicieron necesaria la intervención militar. Esta tuvo la finalidad de salvar a Chile y evitar una guerra civil o que cayera bajo un régimen totalitario de corte cubano-comunista.
Tal intervención y las acciones subversivas posteriores de carácter guerrillero y terrorista, propias de una guerra revolucionaria, obligaron a los militares y a carabineros a contrarrestarlas mediante acciones que difícilmente podían ser incruentas y aplicando los métodos de una guerra regular.
Lamentablemente, debido a la no aplicación a ellos de la ley de amnistía «que el Gobierno respeta» -según declaró el Presidente Aylwin- y a una torcida administración de justicia, cientos de militares y carabineros inocentes o libres de culpa están siendo ilegalmente procesados, condenados y encarcelados.
En relación con la amnistía, cabría comentar que esta institución milenaria tiene un fundamento político: facilitar la pacificación de una comunidad cuya vida hubiese atravesado un período de grave turbulencia política y social. Al respecto, cabe señalar que los Convenios de Ginebra la recomiendan en el protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional: «A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado».