Publicado el 01 de junio, 2020

Subsecretario del Interior: «Hay personas que aprovechan esta incertidumbre para generar hechos de violencia»

Autor:

Emily Avendaño

Del 18 de mayo en adelante el Ministerio del Interior ha presentado al menos siete querellas por delitos como saqueos, porte de artefacto explosivo o incendiario, desórdenes públicos y atentado contra la salud pública. Juan Francisco Galli afirma que «no es lo mismo una manifestación producto de la necesidad de alimento, que una acción violenta contra Carabineros». Sobre el narcotráfico, señala: «La droga está más cara por el aumento de controles y el cierre de fronteras. Eso estresa a las bandas criminales y las hace ser más violentas». «Abandono de ninguna manera», dice sobre los reclamos de habitantes de La Araucanía.

 

 

 

Autor:

Emily Avendaño

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Durante la última semana, Carabineros detuvo a más de 17.000 personas. El 62,9% (10.741) corresponde a infractores de las normas relacionadas con la emergencia sanitaria. Además, del 18 de mayo en adelante el Ministerio del Interior ha presentado al menos siete querellas por delitos como saqueos, porte de artefacto explosivo o incendiario, desórdenes públicos y atentado contra la salud pública. 

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, reconoce que en las familias hay “ansiedad e incertidumbre” como resultado de la pandemia causada por el Covid-19. No obstante, advierte que hay casos puntuales en los que hay personas que utilizan las demandas sociales y “aprovechan esta incertidumbre para generar hechos de violencia”. 

Galli explica, además, cómo los cuerpos de seguridad están más preparados ahora que en octubre para enfrentar situaciones de orden de público.

-¿Las protestas que hemos visto recientemente podrían significar una reedición del 18 de octubre? Siendo que usted señaló que muchas de ellas ocurren en los mismos lugares.

-Lo que hemos visto en el último tiempo responde más bien a una combinación de factores. Hay ansiedad e incertidumbre producto de la pandemia, y más si uno tiene en su círculo cercano a alguna persona que corra mayor riesgo, como un adulto mayor o enfermo crónico. Hay muchas personas que viven en vulnerabilidad y han visto afectados sus trabajos, sus ingresos. Para eso el gobierno ha impulsado, por mandato del Presidente Piñera, toda una red de protección social: la protección de la salud; la protección de los ingresos y el empleo, con el Bono Covid, la Ley de Protección del Empleo y ahora el Ingreso Familiar de Emergencia que apunta justamente a las familias más vulnerables. Además, está el Programa Alimentos para Chile. Pero también hemos detectado, en algunos de estos casos, que hay personas que quieren más que dar cuenta de demandas sociales incitar a la violencia, aprovechar esta incertidumbre para generar hechos de violencia. Respecto de esas personas, nosotros hemos actuado con firmeza. En El Bosque, hace ya casi dos semanas, hubo actos de violencia y se recurrió, como correspondía, al uso de la fuerza legítima del Estado. Allí había personas que ni siquiera eran parte de la comunidad sino que se habían infiltrado justamente para generar desórdenes. Algo similar ocurrió en la comuna de Cerrillos, donde con ocasión de una protesta una persona hirió con arma de fuego de un balazo a un carabinero que, por suerte, no resultó herido de mayor gravedad. Claramente, eso no tiene nada que ver con una demanda social que puede ser legítima, sino que eso es el uso de un arma de fuego para atacar a las fuerzas policiales. Lo que es violencia pura y es totalmente inaceptable. Esa persona ya está en prisión preventiva y nosotros presentamos una querella criminal.

Hay personas que ni siquiera son parte de una comunidad sino que se infiltran justamente para generar desórdenes».

-Quiénes se «infiltran» podrían estar aprovechando que el foco ahora está en atender la crisis sanitaria. ¿Pueden los organismos de seguridad enfrentar al mismo tiempo una cuarentena que involucra a 7 millones de personas y la crisis social?

-Nosotros hemos tenido que exigir aún más a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Carabineros y la PDI suman a sus tareas propias toda la exigencia que implica resguardar las medidas sanitarias como son las cuarentenas, los cordones sanitarios y el toque de queda. Más allá de que haya presencia de las Fuerzas Armadas, esto ha significado una exigencia mayor tanto para la PDI como para Carabineros.

-Uno de los principales llamados de atención que se hizo el año pasado tenía que ver con la capacidad del Estado para adelantarse a los hechos violentos, como por ejemplo, la quema de estaciones de Metro. ¿Está el Estado más preparado ahora para atender estas situaciones?

-Desde antes del mes de marzo dotamos a nuestras policías de mayores capacidades, en distintos aspectos. Primero, conocer mejor el territorio y las circunstancias en que se dan o que pueden ocurrir los desórdenes públicos. No es lo mismo la parte norte de Antofagasta, que Peñalolén o lo que podría ocurrir en Santiago Centro. Especialmente en época de pandemia, no es lo mismo una manifestación que es producto de la necesidad de alimento, de una acción violenta en contra de Carabineros. En segundo lugar, la mejora continua de los procedimientos que tiene un eje de entrenamiento. Eso se vio reflejado el 1° de mayo, con el procedimiento de Carabineros en Valparaíso, la policía dialogó con los manifestantes, les señaló que en época de pandemia no podía reunirse mucha gente en espacios públicos, usó perifoneo para anticipar que si la gente no deponía la violencia o lanzaban objetos a las fuerzas policiales estas iban a tener que proceder y luego se hizo el control del orden público. Algo similar ocurrió en San Bernardo. También nos hemos dotado de mejores medios, nuevos carros lanza agua, tácticos y mecanismos mucho más dúctiles y fáciles de maniobrar para, por ejemplo, el control de barricadas. Tenemos el IFEX, que es un sistema que lanza agua a presión y permite, en segundos, extinguir una barricada, y la modificación de la munición que se utiliza para el control del orden público. En resumen, primero conocer adecuadamente el territorio y sus circunstancias, y segundo entrenarnos de manera distinta, mejorar los procedimientos y dotarnos de más capacidades.

La droga se hace más cara porque es más escasa por el aumento de controles y por el cierre de fronteras de nuestro país a raíz de la pandemia. Eso estresa a las bandas criminales y las hace ser más violentas».

-¿Cuál es la situación de las causas iniciadas desde el año pasado por incendios en el transporte público. Se dijo que no eran hechos casuales, que tenían vinculación con el narcotráfico y las barras bravas. Judicialmente, se ha podido hallar la conexión entre ellos?

-Sin duda que aquí hubo una coordinación. Sin embargo, las investigaciones judiciales que está llevando el Ministerio Público aún están pendientes. Sí han tenido resultados. Por ejemplo, las personas que participaron en la quema y los daños de la estación de Metro El Sol han sido capturados, pasaron a prisión preventiva y les han imputado delitos que van desde el daño hasta el incendio. Esas investigaciones hay que esperar que maduren, que se obtengan todas las evidencias para poder llegar a los responsables e imputar los delitos que correspondan.

“Parte de nuestra política nacional contra la delincuencia organizada es atacar el control de las armas”

-¿Las fiestas clandestinas que se han visto en comunas como en Santiago y en Maipú podrían estar vinculadas al narcotráfico? La mano de estas organizaciones no se descarta y hay alcaldes que ya hablan de narco-beneficencia. 

-Las bandas criminales y la delincuencia organizada hoy están sujetas a un mayor nivel de estrés. Hay muchísimo más control policial, hay toque de queda y además hay señales claras de que hay disputas de territorio y menor disponibilidad de droga. Informes de las policías dan cuenta de un aumento, al menos en la Región Metropolitana, sustantivo de entre 38% hasta un 50% del valor de la droga. La droga se hace más cara porque es más escasa, eso es por el aumento de controles y por el cierre de fronteras de nuestro país a raíz de la pandemia de Covid-19. Eso estresa a las bandas criminales y las hace ser más violentas. Efectivamente, hay algunos alcaldes que han hablado de narco-beneficencia, pero nosotros no hemos recibido denuncias en ese sentido, y por lo informado por el director de la PDI cuando fue contactado ese alcalde o esa alcaldesa respecto de la situación no dio muchas evidencias concretas de su ocurrencia.

-La noche del jueves hubo ataques a un Cesfam, mataron a una persona que venía herida mientras lo atendía el personal médico. ¿Esto también podría estar vinculado al estrés que señala del crimen organizado?

-Sí, claro. Parte de nuestra política nacional contra la delincuencia organizada es justamente atacar el control de las armas. El uso de armas de fuego es propio de bandas criminales. La delincuencia común no es muy sofisticada en el uso del arma de fuego, en cambio las bandas criminales especialmente aquellas dedicadas al narcotráfico o al lavado de dinero utilizan armamento más sofisticado y en la disputa territorial efectivamente puede haber incidentes como ese en que hubo un ataque artero con arma de fuego, en el que además resulta herido un funcionario de la salud, quienes son los que quizás estén haciendo más sacrificios en la pandemia que vive nuestro país.

Las bandas criminales y la delincuencia organizada hoy están sujetas a un mayor nivel de estrés. Hay muchísimo más control policial, hay toque de queda y además hay señales claras de que hay disputas de territorio y menor disponibilidad de droga».

-Esta semana también fue noticia que se solicitó una audiencia para el sobreseimiento por el caso del supuesto centro de tortura en la Estación Baquedano. ¿Qué implicaciones tiene esto?

-La señal de la Fiscalía es muy clara en cuanto a solicitar el sobreseimiento definitivo de una causa que generó mucha alarma pública; y quizás es una de las principales fuentes de agresiones y ataques a las fuerzas policiales, especialmente a Carabineros y a la PDI y por lo tanto es muy grave que esa denuncia haya resultado totalmente descartada. Hay que esperar eso sí que sea el tribunal el que apruebe el sobreseimiento definitivo y una vez que eso ocurra evaluar cuáles son las acciones a seguir.

-Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó más de 1.400 denuncias contra carabineros. ¿Qué se ha hecho para subsanar ciertas conductas de algunos carabineros?

-Las denuncias son eso, denuncias. Y tal como lo vimos en el caso del Metro Estación Baquedano hay que esperar que la justicia investigue, que el Ministerio Público lleve adelante esas investigaciones y que se haga presente a los tribunales de justicia para que determinen si es que hubo un delito en primer lugar, y en segundo lugar quiénes son los responsables, si es que los hay. Por lo tanto, yo en eso no adelantaría juicio. Parte del reentrenamiento de nuestras policías es siempre estar resguardando los derechos de las personas. De eso se trata la labor del orden público y de la seguridad pública, y por lo mismo cuando ha habido denuncias que pudieran ir en sentido contrario, estas han sido presentadas ante la justicia y se ha puesto a disposición de ella toda la información disponible para llevar adelante una investigación. Adicionalmente, se han tomado medidas como la incorporación de las cámaras corporales que permiten mejorar la prueba en caso de que un carabinero sea agredido, o en caso de un procedimiento donde sirve como prueba de la comisión de un delito y también es un inhibidor para posibles conductas que salgan del protocolo del uso de la fuerza que tienen nuestras fuerzas policiales.

Hay un alto despliegue policial en la Ruta 5 Sur, desde el límite norte de la Región de La Araucanía cerca del Viaducto del Malleco hasta Lautaro, para tener capacidad de reaccionar rápida si hay una interrupción en la ruta».

“Somos los primeros interesados en prevenir y luego perseguir a los responsables de los actos de violencia rural”

-No solo la Región Metropolitana se ha visto afectada por los desórdenes, en La Araucanía y la Provincia de Arauco, han ocurrido una seguidilla de atentados luego de la declaratoria del Estado de Catástrofe, el 18 de marzo. Algunos incluyeron la instalación de un coche-bomba y hombres retratados portando armas largas. ¿Se ha podido avanzar en identificar a los responsables de este y otros atentados?

-Nosotros hemos adoptado una actitud muy proactiva. En primer lugar, la designación de Francisco Merino como Coordinador de Seguridad para la Macrozona Sur, con quien hemos ido desarrollando una estrategia que se basa, en primer lugar, en la prevención y anticipación de hechos. Eso se hace con mejor información, mejor conocimiento de la zona. Hemos sido capaces de generar operaciones investigativas que han resultado exitosas, especialmente en el robo o hurto de madera. En segundo lugar, la capacidad de reacción rápida. Hay un alto despliegue policial en la Ruta 5 Sur, desde el límite norte de la Región de La Araucanía cerca del Viaducto del Malleco hasta Lautaro, para tener capacidad de reaccionar rápida si hay una interrupción en la ruta, un incendio, que rápidamente lleguen las fuerzas policiales y esos eventos no pasen a mayores. Por ejemplo, la semana pasada se logró detectar en flagrancia un camión que había sido sustraído y que estaba rociado con líquido acelerante probablemente para incendiarlo, pero no fue así por la oportuna acción de las policías. Y por último, hay un eje investigativo y persecutor. Yo me he reunido con todos los fiscales de la macrozona sur por videoconferencias. Se han realizado diligencias investigativas ordenadas por la Fiscalía que han resultado con personas detenidas, ya sea por hurto de madera, y por otros delitos asociados a la violencia rural. 

-En La Araucanía reclaman abandono del Estado, pérdida del Estado de Derecho, incluso que estos grupos actúan como guerrillas armadas tipo FARC. La desesperación de las víctimas es muy evidente, y dicen ya no confiar en las medidas. 

-Abandono de ninguna manera. Nosotros tenemos un programa de apoyo para quienes han resultado afectados, ya sea con maquinaria, porque no pueden hacer producir sus tierras o que han resultado afectados incluso en su integridad física o su vida. Tenemos un programa desde el Ministerio del Interior para ir en apoyo de esas víctimas. Nosotros somos los primeros interesados en prevenir y luego perseguir a los responsables de esos actos de violencia y vamos a seguir trabajando en ello. Este es un problema que es mucho más complejo que solo seguridad. El Plan Impulso Araucanía está andando y vamos a seguir invirtiendo como Estado en la macrozona sur para que la falta de desarrollo, la ausencia de recursos, no sean una excusa para la violencia.

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