Publicado el 22 de marzo, 2020

Sergio Muñoz Riveros: «En esta hora, los partidismos chocan con el interés de la comunidad, y los gestos demagógicos son imperdonables»

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El Líbero

«Para que el país supere las actuales dificultades, es crucial el fortalecimiento de la estabilidad y la gobernabilidad». Con esta premisa el analista político Sergio Muñoz Riveros, en un artículo exclusivo para El Líbero, plantea los desafíos que la pandemia y el nuevo calendario constitucional instalan en la clase política.

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Como un «golpe de realidad a la política» define el intelectual y autor del libro «La democracia necesita defensores. Chile después del 18 de octubre» (Ediciones El Líbero), Sergio Muñoz Riveros, la emergencia generada por el Covid-19.

El analista ha seguido de cerca el estallido desatado el 18-0 y ve hoy con preocupación, cómo la clase política -que en muchos casos se dejó pautear por «la calle»- no ha reparado aún que la incertidumbre generada por el coronavirus, y sus consecuencias económicas y sociales, se sumarán a posibles «dos años o tres años de incertidumbre constitucional».

En este artículo escrito en exclusiva para El Líbero, Muñoz Riveros desarrolla su mirada sobre este crucial momento.

El pantano constituyente

No habrá plebiscito constitucional en abril. La emergencia sanitaria y la consiguiente declaración de estado de catástrofe dieron un golpe de realidad a la política. Como consecuencia de ello, los partidos firmantes del acuerdo del 15 de noviembre decidieron que el plebiscito se efectúe el 25 de octubre de este año, y postergaron para el 11 de abril del próximo año la elección de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, si es que gana la opción Apruebo en el plebiscito. Reparemos en que los partidos, sin arrugarse siquiera, resolvieron alargar en medio año el mandato de los alcaldes y concejales, lo que es un pésimo precedente.

No sabemos en qué condiciones estará el país en octubre, pero incluso si hubiera pasado lo peor de la pandemia, serán muy grandes las dificultades económicas y sociales, las que se suman a las derivadas de la violencia y destrucción desatadas en octubre pasado. Lo que más necesitamos es que el país se recupere de los golpes recibidos. Por ello, es encomiable que el Presidente Piñera y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hayan dado a conocer un potente plan económico de emergencia para amortiguar los efectos de la crisis. La recesión mundial es casi inevitable, y ello nos golpeará también. Vienen tiempos difíciles en todo sentido, por lo que lo mínimo que se puede pedir a los partidos es que se ubiquen en la nueva realidad.

Chile no puede vivir dos o tres años en medio de la incertidumbre constitucional, lo que resultaría devastador para la actividad económica. Hay que evitar el pantano».

La suspensión del plebiscito implica que el itinerario pactado en noviembre ya no existe. Los firmantes daban por hecho que habría nueva Constitución antes de que terminara el gobierno del Presidente Piñera, y es probable que el propio Mandatario se haya entusiasmado con tal perspectiva. Pues bien, eso no ocurrirá. Si se eligen convencionales en abril del próximo año, y se instala la Convención ese mismo mes o en mayo (cuando esté partiendo la competencia por el poder real de la Presidencia y el Congreso), se iniciará recién el mandato de 9 meses del nuevo órgano, que puede extenderse por 3 meses más. Esto significa que recién en enero del 2022 podría haber un nuevo proyecto de Constitución, el que tendría que someterse enseguida al llamado “plebiscito de salida”, en febrero o marzo de 2022. Pero sucede que en ese mismo mes de marzo tiene que asumir el nuevo Presidente de la República, elegido en noviembre/diciembre del 2021, y también los nuevos diputados y senadores. Como es obvio, el Presidente y los parlamentarios serán elegidos de acuerdo a las normas de la actual Constitución. ¿Piensa alguien que el nuevo Mandatario va a estar dispuesto a modificar sus atribuciones porque así lo resolvió el texto redactado en la Convención? ¿O que los senadores elegidos van a entregar graciosamente sus cargos si es que la Convención dispone que solo exista la Cámara de Diputados? Hay que pensar necesariamente en una transición institucional, que no sería sencilla y puede ser más o menos larga. ¿Qué líder partidario se atreve a hablar de eso en estos días?

No sabemos en qué condiciones estará el país en octubre, pero incluso si hubiera pasado lo peor de la pandemia, serán muy grandes las dificultades económicas y sociales, las que se suman a las derivadas de la violencia y destrucción desatadas en octubre pasado».

En el cuadro creado por la emergencia sanitaria, se habría justificado que los partidos buscaran un procedimiento más breve, impecablemente democrático, que redujera la incertidumbre acumulada. ¿Qué impedía que el Congreso y el gobierno prepararan una propuesta de nueva Constitución de amplio consenso, que fuera sometida a plebiscito a fin de año? Habría sido una vía menos engorrosa para zanjar las diferencias y, además, una manifestación de sentido común, pues se acortarían los plazos, se ahorraría plata, se daría seguridad a la población, y se entregaría una señal de estabilidad al mundo. Lamentablemente, los partidos acomodaron el calendario electoral a sus intereses: están sacando cuentas respecto de los candidatos que llevarán a los municipios, a las gobernaciones regionales y a la dichosa Convención, ese parlamento paralelo que fue ideado en la madrugada del 15 de noviembre.

Es muy extraño. Los actuales senadores y diputados aprobaron hace poco una reforma constitucional para efectuar el plebiscito de abril, y perfectamente podrían aprobar otras reformas constitucionales que consideren necesarias. Tienen poderes para elaborar una nueva Constitución. ¿Por qué aceptan entonces que están inhabilitados para eso, pero no para aprobar la ley de presupuesto, la reforma tributaria y muchas otras leyes? El ruido de la calle parece haberlos aturdido. Son demasiados los parlamentarios opositores que viven angustiados ante la eventualidad de actuar “incorrectamente”, lo que es nefasto para la salud del régimen democrático. No solo eso: lo que más les preocupa hoy es dificultarle las cosas al gobierno y, sobre todo, frustrar la posibilidad de que Piñera reciba reconocimiento ciudadano. Es el virus de la politiquería.

El cambio constitucional no era urgente el año pasado ni lo es hoy. Entró por la ventana en medio de la devastación y el pillaje de octubre/noviembre, cuando el gobierno sintió que el agua le llegaba al cuello y ciertos opositores con buen olfato aprovecharon el momento para imponer una idea largamente agitada, pero que incluso en el gobierno pasado no fueron capaces de traducir en un proyecto concreto. Por supuesto que el debate constitucional es legítimo, pero ¿por qué tiene que asociarse con fórmulas que enredan las cosas y dilatan una definición? Ese debate debería orientarse a mejorar lo que tenemos, a perfeccionar las instituciones, y no a meter al país en un atolladero. Chile no puede vivir dos o tres años en medio de la incertidumbre constitucional, lo que resultaría devastador para la actividad económica. Hay que evitar el pantano.

Lo honesto es decirles la verdad a los ciudadanos y no seguir alimentando expectativas irreales. El dato fundamental es este: si se aplica el calendario electoral acordado por los partidos, no habrá nueva Constitución por lo menos en los próximos dos años. El próximo Presidente asumirá el mando en marzo de 2022 con todos los poderes que le entrega la actual Constitución, y lo mismo el nuevo Congreso, y naturalmente por el tiempo allí establecido. No hay lugar para equívocos. De partida, nada obligará al futuro Presidente de la República y al futuro Congreso a ser meros espectadores de un cambio de las reglas del juego. Será mejor, entonces, evitar una colisión entre el poder político real y el poder hipotético que surja de la eventual convención. No puede generarse nada parecido a un vacío legal, que sería aprovechado por los grupos antidemocráticos de izquierda y de derecha.

Los partidos tienen hoy la oportunidad de volverse respetables ante los ciudadanos, para lo cual deben salir de las trincheras y esforzarse por actuar con sentido de Estado».

Para que el país supere las actuales dificultades, es crucial el fortalecimiento de la estabilidad y la gobernabilidad. Hay que reforzar el Estado de Derecho, que es nuestra protección. Necesitamos crear un clima de respeto, diálogo y colaboración. Todas las instituciones serán sometidas a prueba en este período, y todas deberán responder por lo que hicieron o dejaron de hacer.

La política no puede quedarse atrás. Los partidos tienen hoy la oportunidad de volverse respetables ante los ciudadanos, para lo cual deben salir de las trincheras y esforzarse por actuar con sentido de Estado. En esta hora, los partidismos chocan con el interés de la comunidad, y los gestos demagógicos son simplemente imperdonables. La población valorará el aporte de todos los sectores que muestren buena voluntad y espíritu solidario para que Chile salga adelante.

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