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Publicado el 25 de abril, 2019

Romy Rutherford: la jueza que tiene en jaque la seguridad nacional

Autor:

Javiera Barrueto

El lunes la ministra lideró el allanamiento a oficinas del Ejército para incautar información sobre los viajes de los uniformados, incluso los realizados por el servicio de inteligencia; ordenó el arresto del general Alejandro Villagra, comandante de la Primera Brigada Acorazada “Coraceros” en Arica, zona estratégica fronteriza; y se habría filtrado que investiga al comandante en Jefe de la institución, Ricardo Martínez. Además, durante sus indagaciones se “descabezó” a casi la mitad del Alto Mando.

 

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Javiera Barrueto

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“Quince medidas que se están implementando para establecer mayores exigencias en probidad, transparencia y buen uso de los recursos públicos en las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional”. Así se titula la minuta que hizo circular el Ministerio de Defensa en las Fuerzas Armadas el 27 de febrero pasado. Con ello, se marcaba una de las señales del gobierno para “hacerse cargo” de la crisis que afecta al Ejército por la investigación judicial de la ministra Romy Rutherford sobre irregularidades financieras en esa institución.

Precisamente, el desarrollo del punto 11 de la minuta sobre “Nuevo reglamento de pasajes y fletes para las Fuerzas Armadas”, fue firmado por el Presidente Sebastián Piñera poco antes de partir rumbo a China, y ahora deberá ser ingresado a la Contraloría para que entre en vigencia. “La idea nuestra es que esté plenamente vigente para el proceso de trasbordo del próximo año. En general las destinaciones de las FF.AA. en el extranjero se determinan entre el mes de octubre y noviembre para ser ejecutadas entre enero y marzo”, dijo ayer el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, en T13 Radio.

La medida se enmarca dentro del compromiso presidencial que asumió el Ministerio de Defensa a los pocos días de haber asumido el gobierno de Piñera. Así, “Modernizar la Defensa de acuerdo a los nuevos desafíos en el entorno nacional e internacional; y probidad y correcto empleo de los recursos asignados a las FF.AA.” se han convertido en los dos ejes de la cartera liderada por el ministro Alberto Espina.

Pero a pesar de los cuidados que ya está tomando el Ejecutivo, las diligencias de la ministra en visita han complicado el normal funcionamiento del Ejército, según comenta desde el sector. Hablan que la institución prácticamente está «paralizada» en medio de las indagaciones, pues no hay certeza clara hacia dónde esté finalmente apuntando Rutherford. Y con sus últimos actuaciones, dicen altas fuentes ligadas al caso, tiene en jaque, incluso, la seguridad nacional.

Informe en derecho de Matus y la «creencia común» con la que actuaban los uniformados en tema pasajes

Luego que se desatara la arista “empresas de turismo”, en la que se investigan las comisiones de servicio en el extranjero de los oficiales y suboficiales, el general y comandante de la Primera Brigada Acorazada «Coraceros» Alejandro Villagra Ramírez realizó un informe jurídico, en octubre pasado, junto a la abogada Lisette Granifo.

En el estudio se concluyó que no había delito ni se transgredía el reglamento, se justifican las devoluciones de dinero de pasajes abultados y las facturas realizadas por la Unidad de Pasajes y Fletes, que para la ministra Rutherford son un ilícito. Así, a juicio del entonces coronel y hoy general Villagra «es lícito que el personal acuda a las agencias de viaje para que conforme a su derecho y sus necesidades proceda a modificar itinerarios o rutas de trayecto, siendo solo de su responsabilidad el pago de multas aplicadas por la línea aérea, por motivos de cambios realizados y que exceden del valor de sus derechos dispuestos al artículo 27, 47 y 56 del Reglamento”, según reveló en febrero, El Mercurio.

Dos meses después y teniendo presente la información del Ejército, el comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, le encargó un informe en derecho al penalista Jean Pierre Matus para que analizara el documento interno.

El penalista, entre otros aspectos, concluyó que si bien no se había realizado de manera correcta muchos de los procedimientos en el uso de pasajes, era una interpretación de la normativa que por años se hacía en la institución.

“La existencia de diversas ‘cartillas’ elaboradas por la Sección Pasajes y Fletes, junto con procedimientos de facto en la forma en que se entregaba al personal en comisión de servicios la ‘Orden de Pasaje Fiscal’, sin obligarlos a acreditar su uso efectivo, habría llevado a la creencia común de que no existía obligación de utilizar los pasajes adquiridos para con las órdenes emitidas por el Ejército, sino exclusivamente solo de ‘canjear’ las órdenes de pasajes por una cantidad de dinero equivalente al valor de los pasajes que indicaban pudiendo el personal luego modificar la clase e itinerario, sin sujeción a lo previsto por la autoridad al momento de emitir las órdenes correspondientes”.

Matus, además, plantea que esta «creencia común» fue la que «impidió un adecuado control y rendición del gasto fiscal correspondiente». Y concluye: «Lo único que aparece claramente establecido es la existencia de un erróneo entendimiento por parte de las autoridades de la Sección Pasajes y Fletes acerca de la forma de gastar y rendir las cantidades puestas a su disposición para financiar los gastos de las comisiones de servicios de los oficiales». 

Para quienes conocen el caso, de esto se desprende que no se habría actuado con dolo en la forma generalizada de cómo se usaban los pasajes, excluyendo donde sí se compruebe que hubo intención de algún daño patrimonial.

Precisamente en torno a la intención que tuvieron los uniformados con respecto a la devolución de pasajes aéreos es que el subsecretario Galli hizo una distinción entre quienes “abusaron del sistema” y quienes actuaron como parte de una práctica generalizada. “La ministra (Rutherford) va a tener que determinar si es que las personas específicas estaban conscientes de la ilicitud que estaban cometiendo y si eso es constitutivo de delito”, señaló.

Incautación en el Ejército, investigación al comandante en jefe y detención general Villagra

Pero, independiente de estos estudios y procesos internos que llevaba el Ejército, tras haberse conocido las presuntas irregularidades, en noviembre del año pasado el Presidente Piñera aceptó la remoción de casi la mitad del Alto Mando del Ejército lo que se convirtió en la mayor reestructuración desde 1990. En concreto, 21 generales de los 45 que componían la jerarquía, pasaron a retiro.

Según comentan cercanos al caso, la ministra en visita no ha procesado a ninguno de los uniformados que salieron de la institución. Y el tiempo se acaba para Rutherford.

El «caso mayor» que tiene la jueza es la investigación que lleva sobre el ex comandante en jefe del Ejército general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, justamente por un eventual fraude al fisco en compra de pasajes para uso personal en medio de comisiones de servicio. Este fue uno de los primeros eslabones para que se desencadenara la investigación que hoy está generalizada.

Pero resulta que los ministros de la Corte de Apelaciones que integran las cortes marciales duran tres años en sus cargos, por lo que el periodo de Rutherford termina en marzo de 2020. Según fuentes cercanas a la investigación, la ministra aspiraría a dejar el caso Fuente-Alba «bien amarrado y sellado” en cada una de sus aristas. Y para lograr ese objetivo, debe zanjar la investigación de los pasajes y fletes en el Ejército. Puesto que si no logra «dejar firme» este punto, la indagación en contra del ex comandante en jefe podría «peligrar».

Así se entendería, según quienes conocen el caso, la detención del general Villagra -quien fue dejado en libertad bajo fianza por supuesto fraude al fisco en tema pasajes-. Este hecho fue mirado con preocupación por el Ejército y por el Ministerio de Defensa, puesto que el uniformado es parte de los que ascendieron al Alto Mando luego de las medidas tomadas en noviembre pasado por la institución.

Además preocupó en las filas del Ejército que el general fuera detenido no solo por estar activo, sino porque es comandante de la Primera Brigada Acorazada “Coraceros” en Arica, zona estratégica fronteriza en el extremo norte. De hecho la unidad es considerada como una de las «más poderosas» del país por sus funciones de «preservar la paz» y resguardar la frontera.

Con la detención de Villagra se cree que la ministra Rutherford estaría “corriendo el cerco” hacia un espectro mayor de militares. Y es por estos antecedentes que la sensación al interior del Ejército es de “paralización”. Según explican cercanos a la misma institución, muchos de altos oficiales no se han atrevido a firmar “ningún papel” porque no están seguros de que más adelante puedan ser cuestionado.

En ese mismo contexto, según comentan fuentes del proceso, se entendería el allanamiento que realizó el lunes la misma Rutherford con efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI en el Edificio Bicentenario del Ejército. La ministra incautó archivadores que contenían los reembolsos de los viajes hechos por los oficiales, entre 2010 y 2018, en la arista “empresas de turismo”. Además, la jueza requisó documentación de la Auditoría General del Ejército y del Comando de Personal.

Lo complejo es que esos informes incautados por la ministra, incluyen antecedentes también de los viajes del servicio de inteligencia y seguridad. Y debido a cómo ha sido la tónica de las filtraciones en los diversos casos investigados, parte del contenido de ese material podría dejar expuesta la seguridad nacional, pues es información de uso exclusivo de la institución castrense.

De hecho, ya se filtró que la ministra habría extendido aún más la investigación y que incluiría hasta los viajes que ha realizado el actual comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. 

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