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Publicado el 05 de agosto, 2019

«Puertas Bachelet», la represalia del régimen de Maduro contra los presos políticos tras informe de la Alta Comisionada

Autor:

Emily Avendaño

La diputada venezolana Delsa Solórzano denunció el “aumento de las torturas” en su país. Alertó que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) instalaron unas puertas, que nombraron con el apellido de la ex Presidenta. “¿Querías a Bachelet?, ahí la tienes”, gritan los funcionarios a los detenidos. Las puertas tienen una pequeña hendidura para pasar comida. Las celdas no tienen ventilación, ni luz solar. Además, el pozo séptico se encuentra dentro de ellas. “En el mismo lugar comen. Todo a través de las “puertas Bachelet”, advirtió la legisladora. 

Autor:

Emily Avendaño

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El informe presentado por la Alta Comisionada para los DD.HH. Michelle Bachelet sobre la situación de Venezuela alude a que los organismos de seguridad de ese país como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores políticos y de sus familiares. El pasado 1 de agosto la diputada venezolana Delsa Solórzano denunció que los presos en esa sede militar son víctimas de un nuevo mecanismo de tortura implementado por el régimen de Nicolás Maduro, que han llamado las “puertas Bachelet”. 

De acuerdo con la descripción hecha por la legisladora, que es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial, “han instalado unas puertas a las que llaman ‘Bachelet’. Al grito de ‘¿querías a Bachelet?, ahí la tienes’, a las cuales les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida”.

A principios del mes de julio, los detenidos en el cuartel principal de la DGCIM exigieron la visita de la comisión de Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU, que se quedaron trabajando en Venezuela. No era la primera vez que los detenidos en esa prisión o sus familiares exigían la presencia de los delegados en DD.HH.

El 3 de julio, los cercanos de los detenidos se concentraron en las afueras de la DGCIM luego de que la activista de los derechos Humanos Tamara Suju, anunciara un supuesto motín en la sede del organismo en Caracas. Esto, después de que se conociera el fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El militar fue detenido el 21 de junio y en los siete días siguientes ni sus familiares, ni sus abogados, tuvieron acceso a él. Estaba bajo la custodia de la DGCIM. Fue trasladado ante un tribunal militar el 28 de junio. Allí llegó en silla de ruedas, con las uñas llenas de sangre, no se podía mantener en pie y se le dificultaba hablar, de acuerdo con lo dicho por su abogado Alonso Medina Roa. Antes de iniciar la audiencia de presentación se desmayó, razón por la que el juez ordenó su traslado inmediato a un hospital militar. A la 1:00 am del 29 de junio, Acosta Arévalo falleció.

“Los presos pasan el día en esas celdas sin ventilación ni luz solar y con el pozo séptico dentro de ellas. En el mismo lugar comen. Todo a través de las ‘puertas Bachelet’”, amplió su denuncia la diputada Solórzano.

La ONG Foro Penal Venezolano actualizó el número de los presos políticos en Venezuela el pasado 26 de julio. De acuerdo a lo que han documentado hay 582 personas en esa situación; de ese total entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos en las celdas de la DGCIM. 

En el informe de Bachelet sobre Venezuela, difundido el 4 de julio, se asegura que las mujeres y los hombres detenidos en ese país, por su consciencia, son víctimas de “una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.

El documento dice que “especialmente” organismo de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Además, advierte que “las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas”. 

“Tan solo la emisión un informe, por contundente que este sea, no basta”

“La violación de derechos humanos en Venezuela está peor”, sentenció Solórzano al ofrecer un balance desde la presentación del texto de Bachelet el pasado 18 de julio, durante una rueda de prensa.

En el hilo de mensajes en la red social Twitter en los que denuncia la existencia de las “puertas Bachelet” insiste: “No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas”. La diputada llama la atención sobre el peligro que corren la vida y la integridad física de todos los presos políticos que se encuentra en la DGCIM. Y solicita la atención de las instancias de derechos humanos no solo de la ONU, también de la CIDH, la Organización de Estados Americanos y de la Corte Penal Internacional. «La CPI  debe actuar de inmediato en el caso Venezuela. ¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país? La indiferencia y falta de acción de organismos internacionales los hace cómplices de estos graves hechos».

Venezuela ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018. Al momento, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, había recibido un total de 110 comunicaciones, atendiendo al artículo 15 del Estatuto Roma, que daban cuenta de “presuntos crímenes” que serían de potencial competencia del tribunal. 43 de esas misivas se vinculaban a hechos ocurridos desde abril de 2017.

A eso se sumó la remisión de un grupo de Estados parte del Estatuto (Chile, Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú), el 27 de septiembre de 2018, de una solicitud a la Fiscal para que “inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014”, a fin de determinar a los responsables. No obstante, el caso venezolano aún se encuentra en la Fase 2, de cuatro, del examen preliminar, que consiste en determinar la existencia de delitos que sean competencia de la Corte.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el 11 de julio a la DGCIM tras la muerte de Acosta Arévalo. La medida implica que todos los bienes e intereses de esa entidad en EE.UU. están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.

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