Publicado el 23 de noviembre, 2019

Por qué Amnistía apareció llamando a paro nacional en la jornada más violenta desde que empezaron las protestas

Autor:

Emily Avendaño

Un día después de que la ONG internacional emitiera un informe denunciando violaciones de derechos humanos en Chile, en el contexto de las manifestaciones, tuvieron que emitir una aclaración; pues la organización aparecía como uno de los convocantes a la huelga general del 12 de noviembre, jornada en la que hubo un fallecido, 46 civiles lesionados y 95 locales saqueados. Amnistía Internacional respondió que no son ellos sino su sindicato de trabajadores quienes son parte de la mesa Unidad Social, entidad que rechaza el acuerdo transversal por la paz y una nueva Constitución y que se mantienen con protestas en las calles.

Autor:

Emily Avendaño

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Hubo una controversia sobre si Amnistía Internacional Chile pertenecía o no a la mesa de la Unidad Social, instancia que reúne a 158 organizaciones y que ha tenido un rol activo llamando a diversas manifestaciones, paros y acciones de protesta desde que comenzó la crisis el pasado 18 de octubre. Desde Unidad Social incluso rechazaron al acuerdo de paz y por una nueva Constitución firmado durante la madrugada del 15 de noviembre, que ha sido calificado como “histórico” y un paso crucial en las acciones para restituir el orden público, y actualmente están en campaña para empezar un paro progresivo el 25 de noviembre que se convierta en huelga general el martes 26.

Amnistía tuvo que responder pues el mismo día que publicaron el informe titulado Chile: Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad de mando que apunta al Ejército y Carabineros por uso “innecesario y excesivo” de la fuerza “con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”, aparecían como una de las organizaciones convocantes de Unidad Social. Lo anterior les obligó a pronunciarse: “Ante las consultas sobre la adherencia de Amnistía Internacional a Unidad Social, informamos que como organización no formamos parte del conglomerado. El sindicato de trabajadoras/es de Amnistía Internacional Chile ha apoyado el llamado a huelga en dos oportunidades, aunque de manera voluntaria decidió permanecer en sus labores dado el actual contexto social”.

En el texto también agregan que esa situación “generó un malentendido en la web de Unidad Social, lo cual ya fue solucionado. Agradecemos a Unidad Social por su disposición a resolver esto”.

Antes de la aclaratoria “Amnistía Internacional Chile” aparecía como una de las organizaciones convocantes a la huelga general del 12 de noviembre. “Nuestro objetivo es que el pueblo que habita el territorio chileno confeccione una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente (…). Llamamos a paralizar totalmente las faenas productivas y puestos de trabajo. Nos sumaremos también a las movilizaciones y protestas que se desarrollen en las calles del país”, se lee en el pronunciamiento del Comité de Huelga de Unidad Social emitido el 11 de noviembre.

Finalmente la jornada de manifestaciones se cumplió en Santiago y en diversas regiones del país. Miles se congregaron en Plaza Baquedano alrededor de las 17:00 horas, pero pasadas las 20:00 horas comenzaron los saqueos. “Fue uno de los días más violentos”, resumió el general de Carabineros Enrique Monras, jefe de la Zona Oeste, en el informe posterior. Hubo 398 eventos de violencia en todo el país, una persona falleció por atropello en Calama; además, hubo 340 uniformados heridos y 46 civiles lesionados. Detectaron 19 ataques a cuarteles y saqueos en 95 locales. Con un total de 1.165 detenidos, solo durante ese día: 325 por robo en lugar no habitado y 840 por otras razones. 

En el comunicado de rechazo del “Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución” firmado por la Unidad Nacional, se justifican alegando: “Este acuerdo de madrugada entre Partidos Políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los Derechos Humanos, se hizo entre en cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales” y llaman a mantener la movilización “por una verdadera Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria, y por una Agenda inmediata de restitución de derechos sociales”. 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) confirmó la realización de una huelga general los días 22 y 23 de octubre. Entonces, desde la cuenta de Twitter de Amnistía también se pronunciaron: «Trabajadoras y trabajadores de Amnistía Internacional Chile dan su apoyo al paro nacional, el cual exige el cese de la represión e insta al diálogo social con el fin de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, en virtud de nuestra misión y del contexto actual, consideramos imprescindible seguir en nuestras labores de monitoreo y denuncia de violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones sociales».

Además, el 18 de octubre cuando se intensificaron las llamadas «evasiones masivas», la organización se dirigió directamente a Carabineros y señaló que estarían vigilantes y agregaban: «¡Las personas tienen derecho a manifestarse!»:

En la página web de Amnistía hay una carta abierta una recolección de firmas por el fin a la represión en Chile. «¡Pide que todos los mandos involucrados en las violaciones a los derechos humanos sean juzgados!», escriben. Además, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional compartió un mensaje en su perfil de Twitter en el que señala: «La marcha más grande de Chile dejó claro que el pueblo chileno demanda cambios estructurales, las meras promesas de papel no son suficientes».

El informe de Amnistía que levantó el rechazo transversal del Gobierno

El equipo de crisis para América del Sur de Amnistía Internacional llegó a Chile a finales de octubre y se reunió con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), «con el objetivo de coordinar acciones que permitan esclarecer casos de violaciones de DD.HH», publicó el instituto en su cuenta de Twitter. El equipo, lo encabezó la investigadora de crisis Pilar Sanmartín, quien a su llegada el 28 de octubre, informó que estarían en Santiago por dos semanas que se podrían extender. 

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en la reseña que hace la organización del informe. 

En la nota citan al INDH, que contabiliza que “al menos cinco personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo”. También entregan datos de la Fiscalía que registra más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles; más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos; y datos de Carabineros que refieren la existencia de alrededor de 1.600 funcionarios heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

“Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”, y agregan que “la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas”.

La organización también señala el uso de armas potencialmente letales, con munición como perdigones de goma; de gas lacrimógeno de manera inadecuada y en cantidades alarmantes en al menos 11 eventos y de granadas de humo en Temuco. Otro punto tiene que ver con las limitaciones del trabajo de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a abogados y personal médico.

El texto cierra con algunas recomendaciones como dar “órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada”, investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional, asegurar que “las legítimas demandas de la población” son atendidas; y una reforma “seria y profunda” de la policía.

Desde que se publicara el informe el 21 de noviembre, el rechazo del Gobierno y de los partidos oficialistas ha sido transversal. La primera en cuestionarlo fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren: “El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes (…). Lamentablemente incluye aseveraciones inaceptables, desconociendo el funcionamiento y esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos”. Más tarde fue el turno de Carabineros y las Fuerzas Armadas, estos últimos emitieron un comunicado firmado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, en el que niegan la intención de lesionar a quienes se manifestaban. 

Ayer continuaron los pronunciamientos en rechazo, comenzando por el ministro de Defensa Alberto Espina: “Debo señalar claramente que Amnistía Internacional al decir que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta está afirmando un hecho extraordinariamente grave y absolutamente falso”; y además avaló el  comunicado de las FF.AA. 

Lo siguió el ministro del Interior Gonzalo Blumel y el ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín, quienes argumentaron que no recibieron solicitud ni petición de reunión por parte de Amnistía Internacional para responder sus dudas, mismo alegato dicho por Recabarren en la previa. “Si ellos tienen el interés, por su puesto que cuando quieran, en el momento que quieran, nos reunimos y les entregamos toda la información necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias, tiene imputaciones que son absolutamente equívocas y por lo mismo la disposición nuestra es dar todas las facilidades a todas las instituciones en materia de DD.HH.”, subrayó Blumel.

Luego de esto Guevara-Rosas presentó en Twitter la solicitud de audiencia hecha al Presidente Sebastián Piñera. 

Amnistía Internacional en Chile

La oficina de la organización fue reconocida en Chile el 16 de marzo de 1983. De acuerdo con la información disponible en su página web comenzó su programa de investigación y acción sobre el país dos meses después del Golpe de Estado de 1973 y publicaron un primer informe en febrero de 1974. Su programa en ese tiempo se enfocó en documentar los casos de los presos de conciencia, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales. 

El movimiento global fue fundado en 1961 por el abogado británico Peter Benenson y en la actualidad contaría con una red conformada por más de 7 millones de activistas. 

La organización ha sido lapidaria en condenar las violaciones a derechos humanos en otros países como Venezuela. En mayo presentaron el documento sobre ese país Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, donde indican que las “ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. También han exigido el cese de la represión en Nicaragua, y han elaborado informes sobre el uso de detenciones arbitrarias, los despidos discriminatorios de empleados estatales y el hostigamiento de trabajadores por cuenta propia en Cuba, así como la censura de internet. 

Durante su intervención de ayer el ministro Hernán Larraín afirmó que están ahora a la espera de los informes de la CIDH, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Human Rights Watch, instancias con las que habrían tenido mayor comunicación. 

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