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Publicado el 30 de septiembre, 2018

Nelson Hadad: El Pacto de Bogotá y el fallo de la Corte

Autor:

Nelson Hadad

Parecería insensato bajo la estridencia nacionalista amenazar con el abandono de la instancia de acuerdo al artículo 53 del Estatuto de la Corte (…). Debe tenerse presente, además, que Chile actualmente es Estado demandante contra Bolivia y recurrió a la Corte por el río Silala.

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Nelson Hadad

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El Pacto de Bogotá, conocido como el Tratado Americano de Solución Pacífica de las Controversias data de 1948 y fue suscrito por los países que forman parte del Sistema Interamericano al término de la Segunda Guerra Mundial y confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para conocer de las controversias entre los Estados.

 

Se ha producido en los últimos meses una discusión democrática y legítima respecto a la conveniencia de nuestro país de permanecer o denunciar el referido instrumento multilateral. Estamos ad portas de conocer el fallo de la Corte. La prudencia aconseja que dicho debate tenga lugar después de conocida la sentencia, sus contenidos y las implicancias jurídicas que conlleva su parte resolutiva. Su denuncia hoy podría dar margen a una percepción de una derrota anticipada y un mensaje de desconfianza hacia la Corte que constituye el principal órgano judicial de Naciones Unidas.

 

La referencia al artículo 267 de la nueva Constitución boliviana resulta inoponible para Chile y para la propia Corte conforme al principio Pacta Sunt Servanda que obliga a las partes a cumplir los Tratados de buena fe».

 

En los últimos 20 años, la Corte ha visto incrementada su labor jurisdiccional. Cada vez más Estados recurren a ella para resolver pacíficamente sus diferencias. Diversos tratados multilaterales confieren competencia a la Corte. El Tratado Antártico en su artículo XI otorga competencia a la Corte para resolver controversias entre los Estados miembros. La Convención sobre Derecho del Mar, en su artículo 287 incluye a la Corte, entre los diversos procedimientos pacíficos que establece.

 

Su denuncia hoy podría dar margen a una percepción de una derrota anticipada y un mensaje de desconfianza hacia la Corte que constituye el principal órgano judicial de Naciones Unidas».

 

Por ello, parecería insensato bajo la estridencia nacionalista amenazar con el abandono de la instancia de acuerdo al artículo 53 del Estatuto de la Corte o con el desconocimiento del fallo, vulnerando el artículo 94 de la Carta de ONU que obliga a los Estados a cumplir las decisiones del Tribunal. Debe tenerse presente, además, que Chile actualmente es Estado demandante contra Bolivia y recurrió a la Corte por el río Silala a fin de establecer su carácter internacional y transfronterizo que le permita acceder a su uso equitativo y razonable en conformidad al Derecho Internacional.

 

La referencia al artículo 267 de la nueva Constitución boliviana resulta inoponible para Chile y para la propia Corte conforme al principio Pacta Sunt Servanda que obliga a las partes a cumplir los Tratados de buena fe y al artículo 27 de la Convención de Viena sobre El Derecho de los Tratados de 1969, que prohíbe a los Estados la “invocación de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”

 

Debe tenerse presente, además, que Chile actualmente es Estado demandante contra Bolivia y recurrió a la Corte por el río Silala a fin de establecer su carácter internacional y transfronterizo».

 

Así resulta altamente temeraria la advertencia que «la soberanía se defiende con todos los recursos  legítimos del poder». Debemos recordar que el recurso a la fuerza o la amenaza de la fuerza está expresamente prohibido en el artículo 2.3 de la Carta de ONU que proclama además que los Estados arreglarán sus diferencias por los medios pacíficos que franquea el Derecho Internacional. Dicha conducta no puede interpretarse como un signo de debilidad política. Chile es un país con vocación de paz y su Política Exterior promueve como uno de sus ejes conductores la solución pacífica de las controversias. La denuncia del Pacto tampoco impediría que en el año siguiente se puedan multiplicar las demandas contra Chile. Colombia recibió nuevos contenciosos después de su retiro.

 

La Corte, de acuerdo al artículo 38 de su Estatuto, debe fallar conforme  al Derecho Internacional y en primer lugar debe respetar íntegramente el Tratado de Paz y Amistad de 1904 celebrado válidamente entre Chile y Bolivia, más de 20 años después de terminada la guerra del Pacífico y que fijó a perpetuidad las fronteras entre ambos países. Tampoco las partes le han conferido al Tribunal la facultad, que requiere expresa mención, de resolver el litigio conforme a la equidad ex aequo et bono.

 

La Corte, de acuerdo al artículo 38 de su Estatuto, debe fallar conforme  al Derecho Internacional y en primer lugar debe respetar íntegramente el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

 

El interés superior del país demanda hoy mantener un férreo sentido de unidad nacional en la defensa de nuestra soberanía y exige de todos la máxima serenidad y responsabilidad, con la confianza que la integridad territorial de Chile no está amenazada.

 

*Nelson Hadad, abogado. Miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

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