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Publicado el 25 de marzo, 2019

Lucas Sierra, CEP: «No creo en un Big Bang constitucional, pero sí en reformar el TC, la designación de sus miembros y el fin de su competencia preventiva»

Autor:

Mariela Herrera

Para el subdirector del Centro de Estudios Públicos la actual tensión entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional muestra la necesidad de delimitar con claridad las funciones de estos organismos. Explica la importancia de reformar el TC y así, canalizar el «tsunami constituyente» que se vivió hace cuatro años. Pero advierte: «Las reformas constitucionales no pueden ser un tema permanente de campaña. Uno no puede estar jugando un partido diciendo todo el rato que se deben cambiar sus reglas».

Autor:

Mariela Herrera

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El Presidente Sebastián Piñera anunció reformas mientras las acusaciones públicas entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional (TC) no terminan. Ese es el escenario para la reunión que sostendrá el Mandatario con los ministros del TC en los próximos días.

Estas tensiones aumentaron luego de que públicamente el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, aludiendo a un fallo del Tribunal Constitucional sobre tutela laboral, criticara la falta de límites claros entre las dos entidades. En este enfrentamiento de declaraciones, Iván Aróstica, presidente del TC, señaló: «Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno». Y es en medio de esta «guerra», que La Moneda analiza cambios en un tema que el gobierno anterior impulsó con su agenda de una «nueva Constitución».

El Centro de Estudios Públicos (CEP) ha visto de cerca todos estos episodios, participando en comisiones (de este y del anterior gobierno) y estudiando a fondo la materia. Lucas Sierra, subdirector del think tank analiza el escenario y plantea propuestas ante una tensión que se arrastra de 2005.

-Las facultades del Tribunal Constitucional han vuelto a ser materia de debate. ¿Hoy están claras sus funciones? ¿Están bien establecidos sus límites?

-El Tribunal Constitucional, así como se ha diseñado en Chile, es un tribunal con una competencia excesiva. Hay que distinguir entre la competencia preventiva y la posterior. El TC se enmarca en lo que se llama el control de la supremacía constitucional. En Chile ese control lo tuvo durante años la Corte Suprema, pero lo ejercía de manera posterior, mediante el recurso de inaplicabilidad hasta el año 2005, que pasa al TC. Éste ya tenía desde la dictadura una competencia preventiva muy amplia. El TC se creó en los 70 por una razón interesante: resolver las tensiones entre poderes del Estado. Pero eso se refería más a la forma, a los procedimientos. La competencia que hoy tiene de control preventivo de los proyectos de ley por consideraciones de fondo, me parece errada. Es una cuestión que hay que reformar ya. Porque un tribunal ejerce jurisdicción y para eso necesita un caso. Y un caso es la combinación de un hecho que ocurrió y cómo la interpretas en conformidad a una norma. Un juez ejerce su oficio mirando un hecho que ocurrió, a la luz de normas. Pero en el caso del control preventivo, tú no tienes un hecho, tienes un proyecto de ley, algo que aspira a ser una norma general, que la contrastas con una norma aún más general que es la Constitución. No hay un hecho. No hay, por tanto, jurisdicción. Por eso es que la acusación de “tercera cámara” no es loca, tiene un sentido.

La competencia que hoy tiene de control preventivo de los proyectos de ley, me parece que es errada. Es una cuestión que hay que reformar ya».

-¿Por qué sería una «tercera cámara?

-Además de lo señalado, cuando el TC revisa la constitucionalidad de los proyectos de ley, en el control preventivo, abstracto, no solo se limita a lo que viene indicado por el Congreso, sino que a cualquier otra materia del proyecto. Esto también está vinculado a las leyes orgánicas constitucionales que tenemos, cuyos proyectos tienen que pasar necesariamente por el control del TC. Éste también va determinando qué es orgánico constitucional, con independencia de lo que dice el Congreso. En fin, el control preventivo, al no haber un caso, al no haber jurisdicción, es más bien un juicio que se asemeja a un juicio político. Por eso, reitero, que la acusación de una tercera cámara no es tan extraviada, en lo relativo al control preventivo de fondo.

-En el choque de estos dos gigantes, el presidente del TC, Iván Aróstica, señaló “contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno”, esto porque la Suprema declaró admisible un recurso de protección para que se revise una resolución del Tribunal Constitucional. ¿En este caso, entonces, la Suprema pasó también sus límites?

-Hay claramente un problema de diseño institucional y ha llegado el momento, creo yo, de ponerle cabeza, con tranquilidad, pero con decisión, para resolverlo porque no podemos tener a estos dos poderes del Estado enfrentados. Espero que la Corte sea coherente con su razonable doctrina en el sentido de que la protección no procede contra decisiones jurisdiccionales. En este caso el TC está conociendo de un recurso de inaplicabilidad, por lo que hay un caso, hay jurisdicción. Admitir la protección, que es una acción cautelar, que se decide en equidad, contra decisiones jurisdiccionales, arriesga desbaratar nuestro sistema de recursos.

(Sobre elección de jueces) Que sean procedimientos transparentes, con audiencias públicas bien hechas, uno puede aprender de los hearing del Senado norteamericano, que son duras, pero son un ejercicio terapéutico ciudadano».

-En el área del control preventivo que cumple el Tribunal Constitucional, muchas veces se ha argumentado que es necesaria esa función y que, de hecho, han terminado mejorando proyectos de ley. ¿Al quitarle esta función no se corre riesgo en esta materia?

-La competencia preventiva de fondo es errada porque los sistemas modernos son una mezcla de democracia, representada en una mayoría, y control de esa mayoría a la luz de la Constitución. Eso significa que hay legisladores y hay jueces. Los legisladores son muy importantes porque nos representan a todos, ellos definen las políticas públicas. Y los tribunales son contramayoritarios.  A los jueces no los elige nadie, no se les puede sacar nadie mediante el voto. Los jueces son muy importantes porque dicen el derecho, pero su papel debe ser limitado. Hay una cierta tensión entre democracia y jurisdicción. El control preventivo de fondo de un proyecto de ley exagera esa tensión y expande mucho el papel de los jueces, lo expande a la política. Pensemos en lo que pasó con el proyecto de ley de aborto y la objeción de conciencia institucional. El TC dejó de ser el “legislador negativo” que debe ser (decir lo que no debe estar en el derecho), para ser uno “positivo” (lo que debe estar). Y vaya enredo que generó.

Composición del TC: «Debería ser impar, para que decida por mayoría y sin voto dirimente»

-Uno de los aspectos que se ha planteado, es la composición del TC y cómo se nombran sus integrantes ¿Cuál debiese ser el mecanismo para designarlos?

-No hay sistema perfecto, pero se debe atender a varios criterios para elegir a los jueces. Uno de ellos es que tengan la mayor legitimidad democrática posible. Como no son electos por la mayoría, es muy importante que en su nombramiento intervengan autoridades que sí respondan a la mayoría, como el Gobierno y Congreso. Otro aspecto para considerar es el profesionalismo de los jueces y su independencia. Por otra parte, el TC debería ser impar, para que su Presidente no dirima. Para evitar, por ejemplo, la apariencia de parcialidad que puede ocurrir cuando es Presidente un designado por el Gobierno.

-Usted trabajó en una comisión con el Ministerio de Justicia para mejorar el mecanismo del nombramiento de jueces. ¿Lo que concluyeron puede aplicarse para todo tipo de tribunal?

-Lo que planteamos en esa comisión es mirar experiencias como Alemania donde los jueces (y aquí pensemos en los jueces del TC y del Poder Judicial) son electos por un comité de nombramiento. Los Poderes designan representantes para ese comité que se dedica específicamente a designar jueces, y que puede tener una duración temporal. Que sean procedimientos transparentes, con audiencias públicas bien hechas, uno puede aprender de los hearing del Senado norteamericano, que son duras, pero son un ejercicio terapéutico ciudadano.

Las reformas constitucionales no pueden ser un tema permanente de campaña.  Uno no puede estar jugando un partido diciendo todo el rato que se deben cambiar sus reglas».

-Existen posturas más duras que plantean dudas de la existencia del Tribunal Constitucional…

-No estoy de acuerdo en derogarlo totalmente. Yo derogaría su competencia preventiva de fondo, de la mano de la derogación de las leyes orgánicas constitucionales y su control obligatorio. Si se les quiere dar un carácter especial a algunas esas leyes, yo las dejaría como de quórum calificado, o sea, mayoría absoluta, pero no con un quórum que, como los 4/7 de las orgánicas constitucionales, es supramayoritario. Este quórum para las leyes es muy discutible desde el punto de vista de la democracia, porque en tal caso los votos que se oponen valen más que los votos que apoyan. Se rompe el principio un legislador, un voto.

-Siempre se argumenta a favor de los cuatro séptimos diciendo que son materias de tanta importancia, que deben pasar por una alta aprobación, que eso va de la mano para buscar acuerdos…

-Que la supramayoría sea para la Constitución, eso de todas maneras, porque en ella se establecen las reglas del juego y es el pacto fundamental entre la mayoría y la minoría. Pero no para las leyes, que son jugadas dentro de esas reglas del juego. Si para algunas leyes se quiere un consenso mayor al de la mayoría relativa, que sea la mayoría absoluta (la mitad más uno). Esto todavía respeta el igual peso de cada voto. Hay que confiar más en los procedimientos de la democracia. Además, existen mecanismos posteriores de control, como la inaplicabilidad.

-El Presidente Piñera recientemente habló sobre la voluntad del gobierno de reforma el TC, ¿se ve un avance en la materia?

-Espero que así sea. Hace cuatro años vivimos una especie de tsunami constituyente, hoy parece haberse aplacado. Por el momento, al menos. Yo reconduciría esa fuerza potencial a una reforma bien pensada, bien discutida, sobre el control de la supremacía constitucional. Discutiría el ámbito de competencia del TC y el mecanismo de nombramiento de sus integrantes. También la inaplicabilidad y sus efectos en la justicia ordinaria. Además, la posibilidad de una competencia preventiva solo restringida a cuestiones de procedimiento y a la resolución de contiendas de competencia entre poderes del Estado, en especial si vamos a una mayor regionalización. O sea, canalizaría el ímpetu constituyente en estos aspectos, que me parece que son los puntos más interesantes de la forma de nuestra democracia. Por supuesto que hay que pensar que las reformas se apliquen en un tiempo posterior. No creo en un Big Bang constitucional, pero sí en reformar el TC, la designación de sus miembros y el fin de su competencia preventiva. Obviar completamente esa discusión parece un caldo de cultivo para que de nuevo surja el Big Bang en la próxima elección. Las reformas constitucionales no pueden ser un tema permanente de campaña. Uno no puede estar jugando un partido diciendo todo el rato que se deben cambiar sus reglas. Enfoquémonos es un aspecto: el control de la supremacía constitucional, algo fundamental para la forma del poder, para la forma de la democracia.

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