Ya cerró el plazo para que el Tribunal Constitucional recibiera las pruebas testimoniales en el caso en el que un grupo de congresistas de Chile Vamos solicitó el cese en el cargo del diputado comunista Hugo Gutiérrez, argumentando que había ido en contra del artículo 60 de la Constitución al incitar, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público. 

Para el día viernes 31 de julio a las 9:00 horas está citado a declarar por vía telemática el legislador para “absolver posiciones” con respecto a las pruebas presentadas en su contra. No obstante, el diputado del PC ya ha dicho que no asistirá pues alega que no reconoce la legitimidad de este tribunal. Luego la causa pasará a «estado de tabla», lo que implica que el pleno evaluará las pruebas presentadas, para esta fase no existe un tiempo preestablecido, sino que depende del trabajo que haga el tribunal. Se trata de la etapa previa a la sentencia.

Los últimos testimonios en ser recibidos fueron los del ahora ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el del intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara. 

Ante la pregunta de si el diputado amenazó a un carabinero en la ciudad de Iquique, Blumel respondió que se trató de un “hecho público” del que hay constancia en distintas fuentes de libre acceso. Estos hechos, dice el ex ministro, ocurrieron en la Plaza Prat de Iquique el 11 de agosto de 2019 -en ese momento Blumel era ministro a cargo de la Secretaría General de la Presidencia-. En su declaración agrega que Gutiérrez “sostuvo un intercambio verbal con un Mayor de Carabineros, quien se encontraba realizando labores de resguardo del orden público. En dicho contexto, el diputado solicita una acción al funcionario policial, o de lo contrario procedería a denunciarlo”. 

El testimonio del ex ministro va en la misma línea de los sucesos descritos por las autoridades regionales: el intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada y el gobernador de Iquique Álvaro Jofré Cáceres. 

Quezada relata que en agosto de 2019 hubo un llamado a realizar marchas en contra de la globalización y la presencia de migrantes en el territorio. Para manifestar el 11 de agosto de 2019 se pidió permiso a la Gobernación de Iquique, pero este fue negado debido a los llamados que existían a contramanifestaciones. No obstante, ese domingo alrededor de 10 personas sí llegaron a la Plaza Prat, con el fin de marchar lo que fue impedido por Carabineros. “Un segundo grupo, en el cual participaba el diputado Hugo Gutiérrez arribó hasta el lugar, como parte de una contramanifestación, debiendo intervenir el personal policial a fin de evitar conatos entre los intervinientes”, precisó el Intendente. 

La autoridad cita a los diarios regionales, uno de ellos La Estrella de Iquique que publicó la noticia -replicada en el sitio web soychile.cl- bajo el título “El tenso momento entre Hugo Gutiérrez y un Mayor de Carabineros en Iquique”, incluyendo un video. 

En este punto el Gobernador de Iquique agregó, en su testimonio, que Gutiérrez intentó subir al escenario del hemiciclo, mismo lugar donde se encontraban los primeros manifestantes y es entonces cuando Carabineros le impide el acceso para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

Luego las autoridades debieron referirse a una manifestación realizada frente a un recinto militar en octubre en la ciudad de Iquique. Jofré aseguró que el diputado participó en una manifestación el 19 de octubre de 2019 ante el Cuartel General de la VI División del Ejército, ubicada frente a la Playa Cavancha de Iquique. Se trataba, de acuerdo con su testimonio, de la primera ocurrida en esa ciudad “en el contexto de la grave conmoción social que se originó en el país a partir del 18 de octubre de 2019”. Señala también que no se solicitó autorización para realizar esta actividad.

Explica que comenzaron a reunirse a las 18:00 horas en la Plaza Carlos Condell y de allí marcharon hasta el sector de Playa Cavancha. “Los manifestantes intentaron forzar la puerta de entrada del Cuartel, provocándose graves alteraciones al orden público en el sector, viéndose interrumpida la libre circulación de personas y vehículos, lanzaron elementos contundentes e incendiarios, además de proferir insultos con consignas contra las Fuerzas Armadas, rayaron las murallas del Cuartel”, aseveró Jofré. Agregó que existen registros audiovisuales en medios de comunicación y redes sociales en donde se observa la presencia del diputado. 

Sobre este punto, el Intendente agregó que, a parte del cuartel, también fueron atacadas las casas fiscales colindantes y la Casa de Huéspedes Granaderos -también denominado Hotel Granaderos-, una instalación comercial dependiente de la Zona de Bienestar Iquique. Especificó que las alteraciones al orden público comenzaron alrededor de las 20:00 horas y se mantuvieron alrededor de dos horas cuando actuaron las fuerzas de seguridad. 

“Inclusive con la clara intención de irrumpir por la puerta principal de dicho cuartel, el grupo de manifestantes removió de su lugar un cañón ornamental que emplearon como ariete contra el portón que evitaba la entrada de la masa de personas at interior de la Unidad Militar, porton contra el cual igualmente lanzaron elementos incendiarios tipo molotov”, asegura Quezada.

También respondió a las preguntas del TC, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien si bien dijo no estar en conocimiento de los hechos ocurridos en la región, manifestó que sí le consta que el diputado Gutiérrez publicó en diciembre pasado, en su cuenta de Twitter, el siguiente mensaje: “Tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en #Iquique, golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas… el viejo pascuero no pudo venir, está preso por andar encapuchado!”. Texto al que se le adjuntaron cuatro imágenes correspondientes a dibujos y fotografías, en las cuales aparece las expresión “que muera Piñera”, y una caricatura en la que aparece un sujeto de barba, Ilamado “honorable diputado de Tarapacá Hugo Gutiérrez” empuñando un arma de fuego que dispara en contra de otro que cae ensangrentado, bajo el nombre “Piñera”. Subraya el ministro que le consta que ese mensaje tuvo reacciones en la opinión pública y de la Defensoría de la Niñez.

Blumel hace referencia a este tuit, publicado el 26 de diciembre de 2019 y a otro del 25 de enero de este año, en el que “se observa un video del ataque físico e incendiario atentatorio  contra  la vida e integridad de personal de Carabineros de Chile por parte de un grupo de personas, con la expresión ‘¡Antofagasta la lleva! Ahh y yo no fui. Estaba en Santiago en la Plaza de la Dignidad’”.

«No me consta»

Tanto el testimonio de Blumel, como el del Intendente de Tarapacá y el Gobernador de Iquique entregaron sus declaraciones mediante oficio. A diferencia de ellos, los primeros en declarar lo hicieron por vía telemática. Fue el caso del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien rindió testimonio el 13 de julio a las 9:20 horas, y el senador por la Región de Tarapacá Jorge Soria (PPD), que compareció ese mismo día a las 9:55 horas.

El alcalde de Iquique respondió con las frases “no lo sé” y “no me consta” ante cada uno de los cinco puntos de prueba que le fueron consultados por los abogados de los diputados requirentes. Esto es 1.- la efectividad de que el diputado Hugo Gutiérrez amenazó a un carabinero; 2.- si Gutiérrez participó en una manifestación ante un recinto militar en el mes de octubre de 2019; 3.- si el diputado suscribió una declaración pública emitida por el Partido Comunista de Chile, apoyando la paralización del servicio Metro de Santiago; 4.- si Gutiérrez emitió opiniones o replicó las de terceros, a través de la red social Twitter, faltando el respeto a autoridades del Estado y apoyando la realización de tomas no pacíficas en espacios públicos; y 5.- si tenía conocimiento que el diputado, de palabra o por escrito, incitó a la alteración del orden público, propició el cambio del orden jurídico constitucional por medios distintos de los que establece la Constitución, o comprometió gravemente la seguridad y el honor de la Nación.

En total el alcalde Mauricio Soria dijo 13 veces “no me consta” en el transcurso de su testimonio. 

En un punto de la declaración fue interrogado sobre si tenía una cuenta en la red social Twitter y tampoco esto lo respondió: “Twitter, como no la ocupo no sé si está vigente o no, tendría que buscarlo usted. No me acuerdo. No la ocupo. Yo, Mauricio Soria, no he tuiteado. No sé si tengo cuenta de Twitter. Porque no tuiteo, no lo uso”.

Al ser interrogado sobre si la la Municipalidad tiene registros de videos del ataque del cuartel, dijo: “En el momento de los hechos yo no estaba en el municipio, o no me acuerdo si estaba acá porque eran las siete u ocho de la noche, entendido el tema que están ustedes preguntando, pero no me acuerdo en esas imágenes si yo estaba o no estaba presente, o estaba en la central de cámaras, y no me acuerdo si es que estaba yo presenciando los hechos directamente”.

Por su parte, el senador Soria también respondió en reiteradas ocasiones que desconocía los hechos sobre los cuales se le estaba interrogando. Además, por el PPD, el presidente de esa colectividad Heraldo Muñoz se excusó para no asistir a la audiencia argumentando: “creo en la inmunidad con la que cuentan los parlamentarios. No estimo procedente la acusación en contra del diputado Sr. Hugo Gutiérrez”.

Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, también se excusó de comparecer por “razones personales”. No obstante, en el oficio dirigido al tribunal expuso: “Defiendo la inmunidad política de los parlamentarios de la República, la que constituye sustento y garantía de vigencia del régimen democrático. Por ello, estimo improcedente la acusación presentada en esta causa contra el diputado Sr. Hugo Gutiérrez”.

Nueva querella

En el TC también comparecieron la senadora y presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe quien manifestó que Gutiérrez “incitó a la violencia expresamente en más de una ocasión, no solo justificándola, sino que celebrando acciones que iban en ese sentido. Y no es lo mismo un ciudadano común y corriente, donde ya es malo justificar la violencia, que un parlamentario, que pertenece a las estructuras del Estado, a uno de los poderes del Estado”

Por su parte el senador de la UDI Juan Antonio Coloma subrayó que no es “inocuo” que quien llame a la violencia sea un parlamentario. Que un parlamentario convoque a un desorden público, de alguna manera valida el quebrantamiento de la ley (…). Desde mi perspectiva, hay un juramento especial o promesa cuando uno inicia un cargo de esta naturaleza, lo que le da, a mi juicio, una especial relevancia respecto de cómo deben cumplirse las normas y preceptos que allí se establezcan. En los hechos, hubo un llamado a la violencia que nunca he visto que sea desmentido, a lo menos, o que haya sido malinterpretado; siempre lo he visto como una validación de que sí fue efectivo, que la convocatoria a los desórdenes públicos para cambiar las estructuras jurídicas”, planteó.

La diputada RN Catalina del Real también declaró ante el TC quien coincidió en la importancia de que los congresistas “prediquen con el ejemplo”. También apuntó: “Nunca, en mi vida, había visto a un diputado ejercer este tipo de violencia sistemática en redes sociales y de incitación al odio”.

Gutiérrez contraatacó, no en el TC sino en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Allí introdujo una querella contra los diez legisladores de Chile Vamos que pidieron el cese de su cargo: Jorge Alessandri, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, María José Hoffmann, Javier Macaya, Celso Morales, Luis Pardo, Diego Scharper y Sebastián Torrealba.

Argumenta que los hechos que refieren los diputados con respecto a la amenaza a Carabineros; la quema del cuartel militar en Iquique; el apoyo a las tomas del Metro de Santiago suscribiendo una declaración pública emitida por el Partido Comunista, instando a la desobediencia civil; y la incitación a alterar el orden público mediante la red social twitter; son constitutivos de los delitos de amenaza, incendio y desórdenes públicos. Por tanto, Gutiérrez los acusa por “no haber denunciado en sede penal como corresponde según obligación estricta establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal”. 

Fuentes cercanas al caso dudan que esta querella prospere, aunque ya fue admitida por el Juzgado, y lo califican como “pirotecnia”. 

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fue el mismo que admitió la querella de Gutiérrez contra los ministros del TC Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez, a principios de mayo. Este recurso fue por cohecho y prevaricación; luego de que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, dijera en una entrevista que antes de su llegada a la presidencia del TC las demoras en las tramitaciones de casos, en particular las de DD.HH., podían llegar “al límite de la corrupción”. De esta manera el diputado inhabilitó a quienes debían juzgarlo.

Esta no es la primera vez que el diputado Gutiérrez utiliza el sistema judicial con fines políticos. Entre 2014 y 2016, el diputado se querelló contra una decena de figuras políticas, de Chile Vamos y de la Nueva Mayoría. Su principal víctima de ese tiempo fue el senador por su zona, Fulvio Rossi. El ex parlamenrario señaló en una oportunidad en El Líbero: «Gutiérrez utiliza al Poder Judicial y al Ministerio Público para destruir a sus adversarios políticos a través del desprestigio. Su receta es el ‘miente, miente, que algo queda'».