Publicado el 18 de agosto, 2019

Los resguardos del gobierno para adherir al protocolo de la ONU contra la discriminación a la mujer

Autor:

Bastián Garcés

No afectar el derecho a la vida del que está por nacer, no retroactividad y explicitar alcance de las medidas provisionales tratándose de derechos económicos, sociales y culturales. Estas son algunas de las condiciones que La Moneda trazó para ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

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Bastián Garcés

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Tras dieciocho años en el Senado, la comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), instrumento para supervisar la aplicación del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a los derechos de las mujeres.

Chile adhirió a la convención en 1989 y diez años después se suscribió al protocolo, el cual fue aprobado en 2001 por la Cámara Baja, sin embargo desde esa fecha no tuvo avances en el legislativo. Eso hasta ahora y luego de que el Ejecutivo realizara un análisis sobre las implicancias y efectos que tendría para el país adherir al instrumento. Algo que en marzo fue explicado por la ministra de la Mujer, Isabel Plá, quien afirmó: «El Gobierno seguirá el trámite y mientras el Congreso discute el tema, estamos analizando todas las implicatorias de este protocolo en forma exhaustiva y responsable«.

La Moneda se tomó el tiempo para analizar el documento y evitar situaciones complejas como la que vivió a fines del año pasado con el Pacto sobre Migración de Marrakech. De esta forma, el gobierno -a través de la Cancillería y el ministerio de la Mujer-, elaboró una declaración interpretativa del Protocolo con el objetivo de no afectar el derecho a la vida del que está por nacer; reafirmar el compromiso del Estado con avanzar en la promoción y protección de los derechos de la mujer; explicitar alcance de las medidas provisionales tratándose de derechos económicos, sociales y culturales; y, aplicar la subsidiariedad del sistema internacional y la no retroactividad. Puntos que además fueron explicados en una minuta de Cancillería.

El texto, que será presentado al momento de ratificar el documento, plantea que el Estado chileno reafirma su «compromiso permanente con la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer«, los que son reconocidos en la Cedaw y cuyos «objetivos que hallan expresión en el ordenamiento jurídico de la República de Chile». Un aspecto, que la minuta de Cancillería explica que se busca enfatizar «la necesidad de alcanzar y proteger la igualdad de derechos para ambos géneros», además de sostener que «les da aplicación práctica y permite que se manifiestan en medidas concretas y efectivas«.

Otro aspecto del que se preocupó el gobierno es que el Estado interpretará que «las solicitudes de medidas provisionales a que se refiere, y que se vinculen con los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Convención, serán examinadas y eventualmente aplicadas teniendo en cuenta la naturaleza progresiva de estos derechos«. Un punto que se explica en el documento de Cancillería tiene por objetivo «establecer condiciones equitativas de acceso a ellos, sin que sea lícito incurrir en discriminaciones arbitrarias e injustificadas«. Algo que según el ministerio de Relaciones Exteriores es porque es la misma Cedaw la que «pone el foco en la igualdad de acceso más que en un grado específico de desarrollo».

También la declaración interpretativa se refiere al Artículo 4 del instrumento que establece que la convención aceptará los requerimientos contra los Estados cuando se «han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna» y cuando «los hechos hayan sucedido antes de la fecha de entrada en vigor» del instrumento. En ese sentido, el texto de Cancillería señala que «el agotamiento de los recursos internos, tiene como uno de sus objetivos asegurar la subsidiariedad de las vías internacionales de protección», y que «se deja claro que el Protocolo Facultativo se hace exigible sólo respecto de los hechos que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigencia. Por razones de seguridad jurídica y de garantía de irretroactividad«.

En su último punto el texto que será presentado cuando se ratifique el Protocolo señala que el Estado chileno declara que el instrumento «no comprenderá situaciones relacionadas con la protección que goza en Chile la vida del que está por nacer«. Un aspecto que la minuta de Cancillería se fundamenta en que «nuestro país entiende que no está en el espíritu ni en la letra del Protocolo desconocer o eludir la protección que el Estado da en el orden interno a la protección de la vida del que está por nacer». «Con esta declaración, Chile asegura que todos los derechos que en su orden interno consagra sean considerados y respetados, incluyendo los que se refieren a la protección de la vida y la integridad personal«, enfatiza el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El próximo paso del protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, será en la comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado.

Declaración interpretativa del gobierno para la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

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