La semana pasada, el “acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia”, fue la tercera convocatoria que realizó el Presidente Sebastián Piñerpaa desde que se desencadenó el estallido social. Y desde entonces la agenda de seguridad comenzó a tomar forma: de los 7 proyectos que incorpora, 6 se encuentran con discusión inmediata y uno con urgencia suma.

A 46 días de que comenzara la crisis, el tema se convierte en uno de los focos principales de la discusión política y social. De hecho, esto se evidenció en la encuesta Cadem: el 96% dice estar en contra de los saqueos y robos al comercio, el 78% rechaza a los encapuchados y el 71% no apoya las barricadas y cortes de camino. Además, el sondeo arrojó que el 72% respalda que se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones.

Desde que la semana pasada el Mandatario anunció la agenda de seguridad comenzó de inmediato a discutirse en el Congreso. De hecho, ayer la comisión de Seguridad de la Cámara inició la discusión y la votación en particular del proyecto que modifica el código penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia o mejor conocido como “ley antisaqueos”.

El jueves pasado la iniciativa recibió el primer visto bueno, puesto que se aprobó la idea de legislar con 9 votos a favor. Eso sí, el proyecto no estuvo exento de críticas. Las diputadas Camila Vallejo (PC), Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS) optaron por abstenerse, pues, según indicaron, se actuaba con “excesiva premura”.

El diputado y presidente de la comisión de Seguridad, Miguel Ángel Calisto (DC), ve como “fundamental” el orden público para garantizar el Estado de Derecho. “No podemos seguir con el falso dilema que si impulsamos leyes contra la delincuencia, somos partidarios de las violaciones a derechos humanos. El orden público es fundamental para garantizar el Estado de Derecho y para que las personas se expresen libremente. Nadie tiene derecho a atentar contra la libertad de otros y menos vulnerar sus derechos”, señala a El Líbero. Y para hoy está fijada la sesión de la comisión de Seguridad para votar hasta su total despacho -en esta instancia- la ley antisaqueos.

No podemos seguir con el falso dilema que si impulsamos leyes contra la delincuencia, somos partidarios de las violaciones a derechos humanos. El orden público es fundamental para garantizar el Estado de derecho y para que las personas se expresen libremente», señala a El Líbero el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), presidente de la comisión de Seguridad.

En paralelo, la ley antiencapuchados también empieza a tomar forma en la Cámara Alta. El miércoles, en una sesión especial que terminó cerca de la medianoche, el Senado aprobó, en general, la iniciativa -que se encuentra con discusión inmediata- por 22 votos a favor y 2 abstenciones. De la oposición, tres senadores Carolina Goic (DC), Felipe Harboe (PPD) y Ximena Rincón (DC) lo respaldaron.

Pero hubo 11 senadores que optaron por rechazar la iniciativa: Isabel Allende (PS), Alfonso De Urresti (PS), Guido Girardi (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD), Carlos Montes (PS), Alejandro Navarro (MAS), Ximena Órdenes (PPD), Yasna Provoste (DC) y Rabindranath Quinteros (PS).

“Ley antiencapuchados no es aporte por eso voté en contra. Ley antisaqueos sí la necesitamos con urgencia, es darle un peso distinto a quienes cometen delito. Ley sobre militares en zonas críticas no es necesaria, ya que el Presidente tiene facultades constitucionales para abordar eso”, señaló Lagos Weber el jueves tras votar en contra del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

Visión de la que difieren otros parlamentarios y el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien sostiene que podría ser un “avance”. “Hay que ver los términos en que se describe el tipo penal, pero creo que es un avance. Es decir, que las personas participen en este tipo de manifestaciones, pues bien, a cara descubierta de modo tal que se hagan responsables de los hechos que cometen durante las manifestaciones”, explicó ayer en T13 Radio.

En tanto, la ley antibarricadas también está con discusión inmediata en la comisión de Seguridad de la Cámara, pero aún no se ha fijado la sesión por lo que no se comienza su discusión.

“Hoy por hoy hacer una barricada en una carretera, que es lo que reclamaban los transportistas, les significa una demora muchísimo mayor en transportar su mercadería con todos los costos asociados. Esas barricadas que se realizan en las carreteras y producen un daño enorme, no tienen, probablemente, la sanción penal que merecerían por el daño que producen. En consecuencia, estamos abiertos a ver y a opinar en lo que dice relación con legislaciones que puedan hacer más severas las sanciones respecto a ese tipo de conductas”, señaló Abbott.