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Publicado el 01 de julio, 2019

Los informes de DD.HH. que le ponen presión a Bachelet mientras redacta su texto sobre Venezuela

Autor:

Emily Avendaño

Este viernes, Michelle Bachelet presentará su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuando terminó su visita a ese país, la Alta Comisionada fue cuidadosa en no declarar culpables de la crisis. La actitud difiere de su antecesor que, en dos textos, apuntó a la responsabilidad del Estado y los cuerpos de seguridad dependientes de Maduro. Hay otros casos en que los relatores de la ONU han sido más contundentes en sus declaraciones. Como por ejemplo, en el homicidio del periodista saudí Jamal Khashoggi, que concluyó que la responsabilidad era del Estado de Arabia Saudita. Y en Chile, en 1978, representantes de ONU señalaron directamente al régimen militar.

Autor:

Emily Avendaño

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En cuatro días, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe presentar su informe «exhaustivo» sobre Venezuela ante el Consejo de DD.HH. de las Naciones Unidas. El documento será el resultado de un trabajo previo, que incluyó dos visitas a Venezuela: una de su equipo, durante doce días en marzo; y otra de la propia ex Mandataria que duró tres días en junio.

Al finalizar el viaje, en su única declaración a los medios, dijo: «Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica». El comentario no pasó desapercibido. El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, así como el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, respondieron a sus dichos.

«Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano (…) la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista y tenía que haber empezado la Alta Comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a este punto», manifestó Almagro, quien aseguró que la aproximación de Bachelet a la crisis venezolana ha sido «incorrecta». El Secretario General de la OEA puntualizó que el el gobierno de Nicolás Maduro se ha «robado» 80.000 millones de dólares; que hay una «peor sanción», que son «los 40.000 barriles de petróleo que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente».

Agregó: «Hay un tercer error y es que la aplicación de esas sanciones (internacionales) no fue inmediata (…) fue suspendida en el tiempo y se empezaron a aplicar después. Y los efectos de los crisis humanitaria ya estaban ahí». Las primeras sanciones financieras impuestas a funcionarios específicos del régimen de Maduro comenzaron en agosto de 2017. No fue hasta enero de 2019 que la administración Trump impuso sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Las declaraciones de Almagro hacen recordar un episodio previo en el que la Alta Comisionada también se refirió a las sanciones, para restar responsabilidad al régimen de Nicolás Maduro en la crisis que atraviesa su país. En el 40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet omitió mencionar las violaciones a los DD.HH. y, en su lugar, se refirió a los “derechos civiles y políticos”. También preocupó a los activistas venezolanos que haya mencionado el deterioro económico y social “exacerbado por las sanciones”. 

Para Almagro, este tipo de aseveraciones constituyen «intentos de apaciguamiento de una dictadura infame que le cuesta la vida a su pueblo, que avasalla a sus derechos verdaderamente a veces se llevan a extremos que son inconcebibles».

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, también fue crítico con la mención hecha por la ex Presidenta a las sanciones: «Es bastante ridículo que Michelle Bachelet vaya a culpar a los Estados Unidos de esto, nosotros empezamos a aplicar sanciones en el mes de febrero. Esas sanciones se demoran semanas en implementar y no llegaron a cabo hasta finales de mayo. Lo que hemos visto en Venezuela desde antes es que cuatro millones se fueron a la fuga». Las declaraciones de ambos voceros de la OEA ocurrieron durante una rueda de prensa en Medellín, donde se lleva a cabo la 49 Asamblea General de la institución.

No obstante, la Alta Comisionada, el 20 de marzo, endureció el tono, mientras un equipo de su oficina verificaba in situ la situación de Venezuela. En la ocasión emitió un reporte en el que dejaba constancia de “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”, las posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad, el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y a la migración forzada de más de 3 millones de venezolanos.

Los activistas de los DD.HH. de ese país confían en que siga por esa misma línea una vez que entregue su documento definitivo el próximo 5 de julio y que no continúe por la línea trazada por el gobierno de Maduro, optando por un «empate» de responsabilidades en la crisis humanitaria.

El caso Khashoggi y la contundencia del informe de la relatora

 “El asesinato del Sr. Khashoggi constituyó una muerte extrajudicial de la que es responsable el Estado del Reino de Arabia Saudita. Su intento de secuestro también constituiría una violación en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, esto dicen las primeras líneas del informe de la relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard,en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Además de responsabilizar al Estado, la relatora señala que existe “evidencia creíble”, que justifica una investigación adicional de la responsabilidad individual de funcionarios saudíes de alto nivel, incluyendo al Príncipe Heredero Mohamed Bin Salmán. La contundencia de este reporte difundido el 19 de junio y presentado en detalle el 26 de junio durante la tercera jornada del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y elaborado, además, en un período de seis meses, contrasta con la tibieza y los tiempos que se han tomado para responder ante las “violaciones sistemáticas a los DD.HH.” que han denunciado los activistas de esta materia en Venezuela. 

En el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional (el Congreso) declaró en enero de 2016 la existencia de una «crisis humanitaria de salud» ante la evidente escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura hospitalaria. Además, por el repunte de enfermedades que ya habían sido erradicadas en el país petrolero hacía décadas, como la malaria o la difteria. A esto se suman las condiciones de inseguridad, pues Caracas en el último tiempo se ha consolidado como una de las ciudades más peligrosas del planeta, con una tasa de 111,19 homicidios por cada 100.000 habitantes, según mediciones independientes, pues el Gobierno se ha negado a entregar estas estadísticas.

Los derechos políticos también se han visto vulnerados. La ONG Foro Penal contabiliza la existencia de 688 presos de conciencia. Mientras que en 2014 se contabilizaron más de 40 personas fallecidas durante manifestaciones. En 2017, al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas de ese año. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de esas muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. Mientras que en 2019, Rafael Uzcátegui, el director de la ONG Provea cifró en 35 el número de muertos, solo en la semana siguiente al inicio de las protestas en enero luego de que Juan Guaidó asumiera como Presidente encargado. Además, alrededor de 4 millones de venezolanos se han visto forzados a emigrar de Venezuela debido a estas situaciones. 

Pese a ese contexto, no fue sino hasta septiembre de 2018 que el Consejo de Derechos Humanos emitió por primera vez en su historia una resolución sobre Venezuela. El texto expresa preocupación “por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”. El Consejo también solicita a la Oficina de Derechos Humanos que redacte un nuevo informe “exhaustivo” sobre el país.

La resolución la copatrocinaron 42 países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Paraguay y Perú. Obtuvo 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra. 

“Lo haremos como se espera de nosotros, de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma es que tengamos acceso a todos los actores”, explicó Michelle Bachelet al recibir este mandato. 

Para ese momento, la Oficina de Derechos Humanos ya había elaborado dos informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo. Sin embargo, en el texto de junio de 2018, titulado “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, la Oficina del Alto Comisionado -cuyo titular en ese momento era Zeid Ra’ad Al Hussein– ya daba cuenta de que las llamadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo” habrían dejado un saldo de 505 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellas 24 niños.

El texto no fue discutido en el Consejo aunque denunciaba el empleo excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza en las operaciones de seguridad en general, manifestado al menos desde 2012. El ACNUDH también observó detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política. El informe del entonces Alto Comisionado subraya que al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. Reunió testimonios de más de 90 casos de personas que estando detenidas fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura; y documentó violaciones del derecho a la salud y la alimentación.

Al momento de elaborarse ese reporte Canadá, la Unión Europea, Panamá, Suiza y Estados Unidos habían impuesto sanciones contra 91 funcionarios y figuras prominentes del gobierno. Sin embargo, el texto hace la siguiente salvedad: «Si bien es necesario evaluar con más detalle cómo han repercutido estas sanciones económicas en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, los datos de que se dispone indican que la crisis socioeconómica llevaba varios años desarrollándose previo a la imposición de las sanciones».

La Comisión de DD.HH. se pronunció sobre Chile en 1978

Debido al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, la relatora Callamard hizo una visita a Turquía del 28 de enero al 3 de febrero de 2019, para hallar evidencias. El periodista entró el 2 de octubre de 2018 al Consulado de Arabia Saudita en Estambul, con cita previa, para obtener los documentos necesarios para casarse con su prometida. Ella lo esperó fuera del Consulado, pero él nunca regresó. A la fecha, su cuerpo no ha sido encontrado.

Callamard recibió el encargo de investigar por parte de la Oficina de la Alta Comisionada, con el fin de averiguar “la naturaleza y el alcance de la responsabilidad de individuos y Estados en el asesinato”. Viajó a Turquía acompañada por la baronesa Helena Kennedy; Duarte Nuno Vieira, profesor titular de Medicina Forense y Ciencias Forenses y de Ética y Derecho Médico en la Universidad de Coimbra; y Paul Johnston, consultor de homicidios e investigación de delitos graves. Su informe se extiende por 99 páginas, e insiste en relacionar al heredero saudí con los hechos. La experta dijo que su muerte fue planificada, supervisada, coordinada y respaldada por funcionarios de alto nivel. Callamard calificó este asesinato como un crimen internacional sobre el cual otros Estados deberían reclamar la jurisdicción universal.

En el caso de Venezuela, las instancias de la ONU han sido más cuidadosas en apuntar directamente la responsabilidad de Maduro en informes oficiales. Los dichos de su Secretario General, António Guterres, más bien se han orientado a promover el diálogo entre los distintos actores de Venezuela y en mostrar su “preocupación” por las víctimas. “En cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo”, dijo Guterres. La declaración la ofreció un día después de que Guaidó jurara como Presidente,  y mientras distintas naciones -más de 50- e instancias como la OEA lo reconocían como Mandatario, lo que la ONU no ha hecho.

Un caso más cercano donde Naciones Unidas sí decidió ser más directa fue en Chile, en el año 1978. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU  llegó a condenar «la persistente violación de los derechos humanos por parte del régimen militar de Chile», el 6 de marzo de 1978. Una nota de El País de España de aquel entonces reseña:

«La Comisión constata ‘indignada’ en su resolución condenatoria ‘el hecho de que el pueblo chileno continúe sometido a violaciones constantes y patentes de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, siga careciendo de garantías constitucionales y judiciales adecuadas de sus derechos y libertades y siga sufriendo atentados contra la dignidad de las personas, en particular, mediante intimidación, incluida la tortura, la desaparición de personas por motivos políticos y la negativa de las autoridades chilenas a explicar adecuadamente la desaparición de cerca de mil personas, las limitaciones de la libertad de expresión, la suspensión de la actividad política, la campaña sistemática contra los sospechosos de oposición al régimen, contra los sindicalistas y contra las actividades humanitarias de la Iglesia Católica; la violación del derecho a la nacionalidad y al derecho a regresar al propio país, la detención arbitraria, el encarcelamiento y el destierro'».

La condena fue un paso previo a la visita del grupo especial de la ONU encargado de investigar 14 situación de los derechos humanos en Chile, después de tres años en los que el régimen militar les impidió la entrada. Eran llamados la Comisión Allana, por el abogado pakistaní que la presidí,a Alí Allana; y pisaron Chile en julio de 1978. Este grupo ya había aprobado con anterioridad seis informes, tres de los cuales fueron presentados a la Asamblea General de la ONU y tres a la Comisión de Derechos Humanos. De esta visita salió un séptimo documento. En sus informes hacían énfasis en el impacto de la ayuda y asistencia económica extranjera en el respeto de los derechos humanos en Chile y la necesidad de dispensar ayuda humanitaria, jurídica y financiera a las personas detenidas o encarceladas. 

En este sentido, el profesor Antonio Cassese fue nombrado por la Comisión Derechos Humanos de Naciones Unidas como Relator Especial en 1977, con el mandato específico de evaluar la relación que existía entre la ayuda financiera recibida por el régimen de Pinochet y las violaciones de derechos humanos que la población de Chile estaba experimentando entonces.

En su investigación Cassese concluye: «La asistencia económica extranjera en gran medida sirve para fortalecer y apuntalar el sistema económico adoptado por las autoridades chilenas, que a su vez necesita basarse en la represión de los derechos civiles y políticos, las conclusiones confirmaron que la masa de la actual asistencia económica actual es instrumental en la consolidación y la perpetuación de la actual represión de aquellos derechos”.

El «diplomático» rol de la ONU 

“Siempre es importante tener en cuenta que esto se hace en el marco del Sistema de Naciones Unidas, que está limitado por aquello que quieran hacer sus Estados partes», dice la abogada especialista en Derecho Internacional Catalina Fernández sobre los informes que elaboran los relatores de DD.HH.

«Eso ha sido objeto de algo de crítica, a propósito de los casos de Venezuela u otros, pero hay que entender que esa es la forma en que la organización funciona, que los Estados tienen igual participación, y también que existe el veto que en muchas oportunidades pueden usar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, subraya.

En el caso de  Khashoggi, la relatora menciona que se trata de un crimen con “jurisdicción universal”, lo que quiere decir que cualquier Estado podría eventualmente juzgar por los mismos. Fernández indica que entonces entran en juego cuestiones políticas, ya no jurídicas, sobre cuál Estado va a querer enemistarse con Arabia Saudita. 

En el caso del informe que la Alta Comisionada emita sobre Venezuela tampoco hay la facultad de fijar sanciones. Lo que pudo hacer Bachelet, que informó antes de dejar Venezuela, fue dejar en ese país una representación de su Oficina, con la presencia de dos oficiales de derechos humanos que tienen el mandato de proveer asistencia, asesoría técnica y continuar monitoreando la situación de derechos humanos en el país petrolero. 

Concluye Fernández: “En general sus recomendaciones son influyentes y pueden, por ejemplo, tener impacto en el actuar de otros que sí tienen facultades de sanción. El Consejo de Seguridad por ejemplo puede considerar estas investigaciones o recomendaciones e imponer sanciones. O la Corte Penal Internacional que puede sancionar individuos. Entonces, no es que sea letra muerta”.

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