Publicado el 21 de septiembre, 2019

Las otras investigaciones que involucran a Martelli por el financiamiento de la campaña de Bachelet

Autor:

Emily Avendaño

En el libro “Michelle Bachelet 2014-2018. Detrás de la derrota” la periodista Pilar Molina recuerda las indagatorias a Ripley durante las investigaciones por financiamiento irregular de la política. Este caso también involucró al operador político Giorgio Martelli cuando se hizo público un intercambio de correos entre gerentes de la compañía para pagar por sus servicios. Por este caso, Ripley pagó una multa luego de que el SII decidiera actuar solo por la vía pecuniaria. En junio de 2017, Martelli fue condenado por delitos tributarios. El fallo dice que a través de su empresa buscaba “que ciertas personas pudieran tener financiamiento para poder dedicarse a actividades políticas”. 

Autor:

Emily Avendaño

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Lava Jato consistía en la petición de sobornos a empresas de ingeniería y construcción para favorecerlos en los procesos de licitación. El volumen de coimas manejado dentro de este esquema supera los 3.000 millones de dólares. En Brasil el caso tiene en prisión al ex Mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y en Perú ha causado que se investigue a cinco Presidentes. En Chile, el caso OAS alcanzó a Marco Enríquez-Ominami por el uso de un jet privado durante su campaña presidencial en 2013, y desde hace algún tiempo el capítulo criollo de este escándalo ronda sobre el financiamiento a la campaña de Michelle Bachelet de ese año. 

De acuerdo con información difundida por el diario Folha De Sao Paulo, en alianza con The Intercept Brasil, según conversaciones filtradas de Telegram ocurridas entre los fiscales a cargo de Lava Jato, el testimonio de José Adelmario Pinheiro Filho, mejor conocido como Leo Pinheiro, confirma el pago de más de $101 millones para saldar deudas de la campaña presidencial de la ex Mandataria. 

El dinero habría solicitado por Lula da Silva tras una conversación con Ricardo Lagos -que el ex Mandatario chileno niega- y habría sido pagado por medio de un contrato ficticio con la empresa Martelli & Asociados, que pertenece a Giorgio Martelli, quien hacía las veces de recaudador de fondos para la campaña de Bachelet.

El libro de la periodista Pilar Molina “Michelle Bachelet 2014-2018. Detrás de la derrota” retrata otro episodio ocurrido post elecciones para saldar deudas de ese período. Uno de ellos vinculado al aporte de Ripley, por el cual el mismo Martelli tuvo que declarar en Fiscalía el 7 de noviembre de 2016.

Explica la periodista que el empresario Tomás Carrasco -formalizado en el caso Penta-, el 4 de noviembre de 2015 confesó a los fiscales en las indagatorias por el caso de financiamiento irregular de la política que no solo había dado facturas falsas de su empresa a Penta para financiar la campaña senatorial de su amigo Laurence Golborne. Lo mismo que había hecho con otras nueve compañías que antes no habían aparecido, dentro de las que figuraba Ripley. 

La cadena de tiendas por departamento, señala Molina en su libro, en abril de 2015 rectificó 104 millones de pesos, de los cuales 50 millones de pesos fueron para Asesoría Credo Limitada, compañía directamente vinculada al comando presidencial de Bachelet. La empresa pertenece al publicista Diego Perry y a su mujer Magdalena Velasco.

“En el balotaje, Credo rindió ante el Servel 15 millones de pesos por publicidad radial. Pero Perry es también dueño de Servicios y Publicidad La Clínica, que en la primera vuelta de 2013 rindió 175 millones de pesos en asesorías creativas a Bachelet. Esta misma empresa había sido denunciada en 2015 por el SII por una factura ideológicamente falsa por 58 millones de pesos que SQM rectificó y en abril de 2016, es decir, después que se destapara este escándalo con Ripley, el organismo tributario incluyó a La Clínica en un listado de casos prescritos frente a los cuales no accionaría, algo muy inusual”, escribe Molina.

En enero de 2016, además se hizo público, un correo fechado el 9 de diciembre de 2013, ese día a las 12:13 horas, Miguel Núñez, gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, solicitó al gerente general corporativo de la firma, Lázaro Calderón Volochinsky, autorizar una orden de compra a nombre de Giorgio Martelli para pagar a Credo.

Los mails aparecieron en El Mercurio el 4 de febrero de 2016. El asunto aparecía como “OC (orden de compra) Giorgio Martelli”, que sería para transar la compra del informe de coyuntura política, económica y legislativa 2013 encargado a Asesorías Credo e iría con cargo al centro de costo de la gerencia general corporativa.

Al ser interrogado sobre este capítulo, cita Molina, Martelli reconoce haber actuado de nexo para pagar a un proveedor de la campaña de Bachelet (Credo) a instancias de Jorge Rosenblut. Dijo a los fiscales: “Esta operación podría haber tenido que ver con financiamiento para la campaña presidencial de Michelle Bachelet (2013), pero no me consta tampoco”. Mientras que cuando Lázaro Calderón compareció ante los fiscales el 8 de noviembre, guardó silencio.

Escribe la periodista en su libro: “Varios sostienen que el único momento en que el gobierno se sintió amenazado fue con Credo. ‘Porque si formalizabas a las empresas por sus rectificatorias era imposible no llegar a la Presidenta’, señalan. Con Martelli en el frente de SQM estaban seguros, nunca habló. Pero cuando se trató de las platas recibidas de Ripley, fue insinuante. Y si no era él, era posible que hablara el empresario de Ripley que aseguran había recibido la petición de aportar para saldar las deudas de campaña directamente de Rodrigo Peñailillo. Lázaro Calderón, según cercanos que accedieron a la información en su momento, habría accedido a cooperar con un tercio de la deuda que tenía pendiente la campaña de Michelle Bachelet con Credo”.

Agrega Molina en “Michelle Bachelet 2014-2018. Detrás de la derrota”: “Eran varios los empresarios que podían convertir sus experiencias en amenazas si los acusaban por sus rectificaciones. Algunos recordaron que tenían cheques a nombre de Martelli con aportes de 2011 y otros aseguraban que ellos habían colaborado porque Peñailillo y Rosenblut se lo habían solicitado a nombre de Michelle Bachelet. Ese solo recado era intimidante. Y más de uno lo mandó, aseguran, tanto a los fiscales como al SII”.

En el libro queda explicado, que el caso de Ripley fue clave para que el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente de Santiago, Carlos Gajardo, soltara la investigación contra grupo de empresarios que habían financiado candidatos de derecha.

Finalmente, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, optó por la vía pecuniaria -y no la penal a través de querellas por delitos tributarios en juzgados de garantía- para restituir los perjuicios fiscales provocados por estas firmas investigadas por el Ministerio Público. Las multas fueron aplicadas por los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA) y Ripley fue sancionada con $ 15.754.722.

Martelli, el recaudador

La fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, a cargo de las indagatorias de los vínculos de OAS en Chile, reconoció la existencia de un contrato por 100 millones de pesos que involucra a la empresa de Martelli.

“En relación con los 100 millones de pesos, la información que ya se manejaba en el contexto de la investigación son facturas emitidas por una empresa de titularidad de Giorgio Martelli y de su sobrino, que habrían sido emitidas a OAS Chile, previo a suscripción de un contrato los primeros meses de asunción del segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. El contrato es por esa cifra”, detalló la persecutora.

El mismo Martelli también admite la existencia de ese pago, pero hace la salvedad de que no tenía nada que ver con Bachelet. “El contrato que estableció mi empresa con OAS fue en el año 2014, posterior a la campaña presidencial, y se refirió a un estudio de precios del suelo y la elaboración de un mapa turístico de Chiloé. Dados los problemas financieros de dicha empresa en Chile, el contrato finalmente se limitó solamente a la elaboración del mapa Turístico de Chiloé, por un monto de 50 MM$ aproximadamente, producto que existe y es ampliamente conocido”.

Martelli estuvo vinculado al Partido por la Democracia (PPD). Recaudó dinero para la campaña presidencial de Michelle Bachelet en 2005 y 2013; y también lo hizo en 2009, cuando Eduardo Frei compitió con Sebastián Piñera.

En su comunicado añadió que «ningún peso de dicho monto se destinó a financiar campaña alguna, antecedentes que hace ya casi tres años puse a disposición de la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos en forma extensiva, voluntaria y como testigo. Jamás he estado con Lula ni con Ricardo Lagos privadamente y menos en tema alguno de financiamiento de campañas políticas».

En junio de 2017 fue condenado por delitos tributarios reiterados bajo un procedimiento abreviado acordado entre su defensa y el Ministerio Público, en el marco de la indagatoria por financiamiento irregular de la política que involucra a SQM y su filial, Salar.

La pena consistió en 800 días de presidio remitido, más el pago de una multa de $2,8 millones, por los ilícitos cometidos en octubre de 2009 y durante los años 2010, 2012 y 2013. Además, debía concurrir a firmar mensualmente, durante el período de la condena, al centro de reinserción social de Gendarmería, ubicado en Ñuñoa. 

La fiscalía le imputó por la emisión de 23 facturas a SQM Salar, a través de su empresa Asesorías y Negocios (A&N) en 2012 y 2013, por $246 millones por servicios inexistentes que, según los antecedentes reunidos en la investigación, fueron destinados a pagar parte de la precampaña de Bachelet.

“Los recursos obtenidos de esta manera por parte de A&N SPA fueron destinados por el acusado Martelli, a sugerencia de personas ligadas a la administración y funcionamiento de A&N SPA, pero que no formaban formalmente parte de dicha sociedad, a fin de que ciertas personas pudieran tener financiamiento para poder dedicarse a actividades políticas”, señala el fallo.

También fue condenado por dos facturas que la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin) -de la ex contadora DC Clara Bensan- emitió a SQM S.A. por $92 millones, sin contraprestación alguna.

Martelli también pagó los sueldos de una treintena de profesionales que trabajaron en la precampaña de Bachelet, como su ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, entre otros.

Otro de sus dichos en su declaración de noviembre de 2016 frente a la Fiscalía fue que le habían pedido “colaboración en el tema de conseguir recursos para la campaña, no participé directamente en la campaña, participé en algunas gestiones que tienen que ver con conseguir recursos, pero no en la campaña misma a diferencia de 2005 en que fui administrador electoral (…) Las personas que me pidieron participar en el tema del financiamiento fueron Jorge Rosenblut y Rodrigo Peñailillo. Mi función era como operativizar los aportes de campaña que hacían tanto empresas como personas”.

Sus palabras contradicen lo dicho por el mismo en su declaración de 2015, cuando apuntó que la empresa A&N la creó a solicitud de Jorge Rosenblut, para incorporarse “a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc. para una nueva opción de gobierno de la Concertación”.

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