Publicado el 30 de abril, 2020

Las manos de Mañalich, Bachelet y la Cancillería para conseguir que Bolivia aceptara de vuelta a sus ciudadanos varados en Chile

Autor:

Sofía Del Río

Una alerta que el ministro de Salud dio en la OMS, el trabajo de la oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU en La Paz, y las gestiones que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores, lograron que a más de 900 bolivianos se les permitiera viajar a su país desde suelo chileno. Todo esto, en un contexto difícil por la crisis de coronavirus. De hecho, en la región, solo Chile y Brasil mantienen sus fronteras abiertas para el regreso de sus connacionales.

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Cuando el ministro de Salud, Jaime Mañalich, participó en el pasado viernes en la reunión de la Organización Mundial de la Salud, vía teleconferencia, no solo se refirió a la estrategia que lleva el país para enfrentar la crisis del coronavirus, en representación del continente. En su presentación planteó el problema que se estaba generando por el cierre de las fronteras y lo que estaban viviendo ciudadanos bolivianos que no se les permitía entrar a su país. Describió la situación y pidió ayuda a la OMS.

Ese fue uno de los factores, comentan quienes conocen las gestiones, que facilitaron el camino para que a más de 900 bolivianos se les permitiera ingresar a Bolivia tras permanecer «varados» en Chile.

Pero no fue el único. Un rol clave tuvo también la sede en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que lidera la ex Presidenta Michelle Bachelet. El organismo ha insistido que las naciones tomen medidas para que las personas puedan regresar a sus países.

Y en paralelo, la constante comunicación que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, con su par boliviana, Karen Longaric, dio como resultado la solución al problema que enfrentaban los ciudadanos de país altiplánico.

Como consecuencia de la pandemia, personas de distintas nacionalidades han quedado en diferentes países dispersos por el mundo. Según fuentes de extranjería, los únicos países de América Latina que mantienen abiertas sus fronteras para el ingreso de connacionales son Brasil y Chile.

Durante las últimas semanas, el caso de bolivianos varados ha sido tema de discusión a nivel internacional. Cerca de mil ciudadanos del país vecino se vieron afectados debido a que en Bolivia las fronteras están cerradas a causa de la pandemia. Solo pueden entrar 400 bolivianos a su territorio cada 14 días. La mayoría se encontraba en Chile trabajando como temporeros en el sector agrícola y en la pequeña minería, principalmente en las zonas de Paine, Melipilla y en la Región de O’Higgins. Sin embargo, con la crisis desatada por el Covid-19 se quedaron sin trabajo y un grupo importante, sin alojamiento ni recursos.

Este es un problema que subsistirá mientras otros países tengan cerradas sus fronteras» señaló ayer el canciller Teodoro Rivera.

Desde el consulado boliviano en Santiago no había respuestas ante la situación, por lo que decidieron acampar afuera de la sede diplomática como una forma de  presionar y así conseguir volver a su país. A pesar de que pernoctaron más de tres noches, no se vislumbró una solución por parte de las autoridades altiplánicas. Ante esta situación, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se coordinó con el Arzobispado de Santiago para ubicarlos en distintas parroquias.

En paralelo se realizaban gestiones de alto nivel. Tras una conversación del canciller Teodoro Ribera con su par boliviana junto Karen Longaric, se acordó que los bolivianos serían trasladados hasta Iquique a través de buses sanitizados, donde realizarán cuarentena por 14 días para posteriormente tener la autorización para poder ingresar a su país. Esa cuarentena, que va a ser financiada por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) será reconocida en Bolivia, tal como lo informó el ministro.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que ciudadanos bolivianos no  han podido ingresar a su país, durante la pandemia. El 15 de abril, la Oficina de Alta Comisionada de los DD. HH. ya retrataba la situación el problema.

Según se lee en en la página del organismo,«Bachelet elogió la cooperación y las medidas adoptadas por Chile y Bolivia para solucionar el impasse en el que se encontraba el regreso de los ciudadanos bolivianos, que comenzó cuando la pandemia afectó a sus medios de subsistencia en Chile y Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo. Como consecuencia de esos hechos, unos 1.300 bolivianos -incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas- que trataban de regresar a su país quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con poca agua y comida, y con temperaturas inferiores a cero grados centígrados».

Se relata, además, las gestiones que Chile hizo en esa ocasión para llevar a los migrantes bolivianos desde el sector fronterizo de Colchane a la ciudad de Iquique. Tras ello, autoridades chilenas dispusieron el traslado del grupo, desde la capital de la región hasta Pisiga, campamento instalado en el lado boliviano de la frontera. En el lugar, miembros de la oficina de Bachelet asesoraron al personal que entregaría servicios básicos para los migrantes.

El lunes en la tarde, tras el éxito de la operación del nuevo caso de traslado de bolivianos a su país, el jefe de la misión en Chile de la Organización Internacional de Migraciones destacó la labor realizada por el gobierno, en particular, el rol de Ribera.

Desde Cancillería, quienes conocieron todo el proceso señalan que la intervención del ministro Mañalich en su reunión con la OMS debió haber ayudado ya que «hay que plantear el tema, hay que ponerlo en el debate y desde distintas ópticas», haciendo referencia por ejemplo a la Organización Internacional del Trabajo, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, a la OMS, entre otros.

Señalan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que «estamos en una crisis sanitaria inédita y las medidas que han tomado los países son bastante inéditas, también. Por ejemplo, cerrar fronteras para recibir a los connacionales, es algo que no habíamos visto». Y reiteran las postura de Chile: «Permitir el paso por las fronteras para los connacionales es un derecho humano y tiene que estar abierto con todas las medidas de precaución que se puedan hacer». 

Ayer el ministro Ribera puntualizó que a pesar que la situación con los ciudadanos bolivianos parece estar manejada, «este es un problema que subsistirá mientras otros países tengan cerradas sus fronteras».

Hasta la fecha, Brasil y Chile son los únicos países que mantienen sus fronteras abiertas para la entrada de connacionales o extranjeros residentes. Argentina, Colombia y Perú aceptan de forma gradual a sus ciudadanos, pero el problema de Bolivia es que a pesar del gran número de bolivianos que están en Chile, solo pueden ingresar a su nación 400 cada dos semanas, lo que genera campamentos y aglomeraciones en Iquique, Antofagasta y Santiago. 

En el mundo diplomático se comenta que es «curioso» que precisamente las naciones que no suscribieron el Pacto de Migraciones de Marrakech -Chile y Brasil-, están dando más facilidades para el tránsito entre los países, mientras que quienes ponen restricciones sí lo firmaron y, en esa ocasión, hablaron de «garantizar el derecho de libre circulación».

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