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Publicado el 01 de septiembre, 2019

Las advertencias que no fueron escuchadas en el proceso de pacificación de Colombia

Autor:

Emily Avendaño

Luego de que líderes de las FARC emitieran un video anunciando que retomarán las armas, figuras como los ex Mandatarios colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe llamaron a revisar las negociaciones, de las que fueron siempre críticos. Otros, como Ramón Pérez-Maura, del diario español ABC, recordó los cuestionamientos a la entrega del Nobel de la Paz al ex Presidente Juan Manuel Santos y los vínculos de Noruega con explotación de petróleo colombiano. Junto a esto, Amnistía Internacional advirtió que «a pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas» del país caribeño.

Autor:

Emily Avendaño

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Las imágenes de Iván Márquez, quien fuera jefe del equipo negociador de las FARC, anunciando en un video su intención de retomar la lucha armada avivó dudas y críticas surgidas tras la firma de los acuerdos de paz entre Colombia y el grupo guerrillero el 24 de noviembre de 2016. 

El tratado se firmó después de que sus condiciones iniciales fueran rechazadas en un plebiscito el 2 de octubre de 2016, con una tasa de abstención de 63%, la más alta en décadas. 

Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, aparece escoltado por alrededor de 20 hombres y mujeres uniformados y algunos de ellos portando fusiles, entre ellos Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”. 

El video, que circuló en la madrugada del jueves 29 de agosto, también revivió las críticas al Nobel de la Paz que le fue entregado al ex Presidente colombiano Juan Manuel Santos. Ramón Pérez-Maura, adjunto al Director del diario español ABC, firmó una columna titulada “La no paz de Santos” en la que escribió: “Kaci Kullmann Five, la presidenta del Comité Nobel de la Paz que le otorgó el galardón, a quien Dios tenga en su gloria y haya perdonado, fue miembro del consejo de administración de la petrolífera noruega Statoil cuando el Gobierno Santos le concedió la explotación del petróleo de la costa caribe colombiana”.

Pérez-Maura aludía así a una denuncia previa, hecha por él mismo el 9 de octubre de 2016 -dos días después de haber sido anunciado el galardón-. En el texto “La presidenta del comité de los Nobel de la Paz tuvo intereses petroleros en Colombia”, el periodista describe -sin decir directamente que el Nobel de la Paz se le entregó a Santos por la relación de Five con la petrolera noruega- que la compañía petrolífera estatal Noruega Statoil, gestionada por el Ministerio de Petróleo y Energía, consiguió en 2014 una participación en pozos petrolíferos de la Costa Caribe colombiana, en el Magdalena y La Guajira, y más tarde amplió su participación al comprar parte de lo que había sido adjudicado a la española Repsol.

“Como con cualquier recurso natural y estratégico de Colombia, es imposible que Statoil tuviera una participación en esos yacimientos petrolíferos sin el visto bueno de la Presidencia de la República, cuyo titular era Juan Manuel Santos”, dice Pérez-Maura. Para luego establecer que la antigua ministra de Comercio y Tráfico Marítimo y ex presidenta del Partido Conservador, Kaci Kullmann Five, formó parte de la junta directiva de Statoil, esto ocurrió entre 2003 y 2007. “La señora Five ya no está en el consejo de administración de Statoil. Ahora está en cosas que lucen mucho más internacionalmente. Esta muy leal ciudadana noruega ahora es la presidenta del Comité Nobel que otorga el Premio Nobel de la Paz. Nada puedo añadir”, cerró entonces su columna.

El 10 de diciembre de 2016 en una conferencia de prensa ofrecida por Santos al recibir el premio, la periodista de la cadena colombiana RCN Karla Arcila, consultó al entonces Mandatario sobre estas acusaciones esgrimidos también por opositores al Mandatario a lo que él respondió: “Lo más absurdo que he escuchado de ese grupo es lo que usted me acaba de comentar: que el Premio Nobel se compró. La verdad es que eso ni siquiera merece un comentario”. 

Por su parte, Erik Haaland, gerente de comunicaciones de Statoil, afirmó a la emisora La FM que Five estuvo en la junta directiva de Statoil de 2003 a 2007 y que la compañía llegó a Colombia en 2014 por lo que no se podía establecer una relación entre la entrega del Premio y los negocios de la petrolera. 

Five falleció en febrero de 2017 y en la nota de duelo difundida por la organización del premio se especifica que ella fue miembro del Comité Nobel desde 2003, y fue elegida como su presidenta en 2015.

Las críticas al acuerdo de paz

Casi tres años han pasado desde que el Gobierno y las Farc firmaron el texto definitivo del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, después de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. Entre sus detractores se encontraban los ex Presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Una vez que se hizo público el anuncio de Márquez, Uribe llamó en su cuenta de Twitter a reformar el acuerdo y a tener “mano firme contra esos bandidos”. Mientras Pastrana declaró a La FM: “A través de la mermelada -expresión colombiana para referirse al clientelismo político- se aprobó un mal proceso de paz, estas son las consecuencias de ese gran acuerdo de paz (…) se entregó el país a las FARC”. 

En una entrevista de julio de este año, ya Pastrana había dicho que este fue “el peor proceso de paz” y cuestionó que Santos terminó su período con “300.000 hectáreas de coca -habían bajado a 40.000- y a las Farc como el mayor cartel del narcotráfico del mundo, multiplicando sus ingresos” y agregó: “Lo más triste es que cuando fuimos donde el Presidente Santos, después de que le ganamos el plebiscito, él no quiso oírnos”. El ex Mandaario también llamó a repensar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el plebiscito, 50,21% de los colombianos optaron por el “No” y 49,78% dijo que “Sí” a la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Además, menos del 38% de los habilitados para votar acudieron a las urnas.

En ese momento se dijo que no se trataba de un no a la paz, sino a las garantías políticas que ofrecía el acuerdo de 297 páginas, al permitir que las FARC se convirtieran en partido político y se aseguraron 10 escaños en el Congreso. 

Otras objeciones apuntaban a que los culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, fuesen de las FARC o de las fuerzas de seguridad del Estado, no necesariamente irían a la cárcel. Además de la desconfianza ciudadana y la impopularidad de la guerrilla tras 52 años de operaciones. El conflicto armado en Colombia causó 262.197 muertos, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Como partido político, las FARC cambiaron de nombre al de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero conservaron sus siglas. Tanto Márquez como Santrich tenían escaños asegurados en el Congreso colombiano. Al primero se le considera como uno de los principales ideólogos y negociadores de las FARC; y al segundo como su gran propagandista. “El Paisa”, por su parte era de los hombres más crueles de la organización. 

Comenzó su carrera delictiva como sicario del narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín; fue a la cárcel acusado por tráfico de armas y allí conoció a miembros de las FARC que lo invitaron a unirse. Desde entonces su nombre ha sido asociado a asesinatos, secuestros masivos y a atentados a figuras políticas como Uribe. También se le relaciona al secuestro de 12 diputados del departamento de Valle del Cauca en 2002, y a un atentado con un auto carro bomba en febrero de 2003 que dejó a 37 muertos y 198 heridos.

“El Paisa” e Iván Márquez, ex número 2 de las FARC, estaban en paradero desconocido desde el año pasado. Desde la clandestinidad, Márquez ya había manifestado en par de oportunidades que “fue un grave error haber entregado las armas”, ya que esa era la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera con lo pactado. 

Jesús Santrich sí llegó a asumir como miembro oficial de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia, después de haber estado detenido desde el 9 de abril de 2018 hasta el 30 de mayo de 2019, acusado de narcotráfico por la Fiscalía de Colombia y con un pedido de extradición de Estados Unidos. En mayo, la JEP, el sistema de justicia de la transición encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, ordenó su libertad inmediata y aplicó una garantía de no extradición, contemplada en los acuerdos de paz. La corte alegó que no pudo evaluar la conducta de Santrich pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas. El 11 de junio tomó posesión de un escaño en la Cámara de Representantes, pero el 30 de junio abandonó el esquema de seguridad que le brindaba el Estado colombiano para reaparecer el jueves junto a Márquez. 

El Presidente de Colombia Iván Duque ofreció una recompensa de 882.000 dólares por cada uno de los veinte hombres y mujeres que aparecen en el video. El viernes, nueve guerrilleros de las FARC resultaron abatidos luego de un operativo militar. 

“El conflicto armado se intensificó”

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, en octubre de 2016 escribió sobre el acuerdo: “Una cosa es establecer penas reducidas de prisión, y otra muy distinta es permitir que criminales de guerra confesos eludan cualquier castigo genuino por sus delitos (…) es muy difícil que haya una paz duradera si no hay justicia”. Tras la difusión del video llamó a que caiga “todo el peso de la ley sobre estos bandidos para que finalmente rindan cuentas ante la justicia”.

Mientras Amnistía Internacional en su informe 2017/2018 sobre Colombia alertaba que “a pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de los enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por la desmovilización de las FARC” y cuestionaban que las estructuras paramilitares seguían activas en varias partes del país, pese a su supuesta desmovilización.

El Presidente Duque aseguró que el regreso a las armas de ex jefes disidentes de las FARC no supone el surgimiento de una nueva guerrilla sino de una banda narcoterrorista apoyada por Nicolás Maduro desde Venezuela. “Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”. 

Para el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges -encargado por Juan Guaidó-, “la noticia de la FARC es el primer resultado del antidemocrático Foro de Sao Paulo. América Latina debe entender que a Nicolas Maduro hay que sacarlo del poder, de lo contrario, él y Castro persistirán en desestabilizar la región”.

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