Publicado el 19 de julio, 2020

La tortura en Venezuela, según Michelle Bachelet

Autor:

Maolis Castro

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en dos informes los tratos crueles e inhumanos sufridos por disidentes políticos del régimen chavista. En la denuncia más reciente, dada a conocer el miércoles pasado, señala que entre los métodos usados por las fuerzas policiales de Nicolás Maduro contra sus adversarios destacan asfixias con bolsas de plástico y productos químicos, descargas eléctricas y violencia sexual. 

Autor:

Maolis Castro

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Pocas cosas han cambiado desde la primera vez que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre Venezuela en 2019. Esta semana la autoridad vuelve a consignar una dramática evaluación del país, que denuncia la persistencia de casos de torturas y tratos crueles e inhumanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

La oficina, encabezada por la ex Presidenta, señala que “en los casos documentados se hacía referencia a fuertes palizas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, inmersión de la cabeza del detenido bajo el agua, descargas eléctricas en los párpados y violencia sexual en forma de descargas eléctricas en los genitales”.

La conclusión se basa en “información fidedigna” que señala que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sometió a personas detenidas a “sesiones que involucraban una o varias formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su interrogatorio, que podrían llegar a constituir tortura”.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, mencionó parte del texto y concluyó: “La tortura en Venezuela, según Michelle Bachelet”.

El informe registra 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020, en Venezuela. “El número real podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada, los cuales suelen aumentar el riesgo de tortura y malos tratos”, advierte.

Este es el segundo informe sobre Venezuela que la Alta Comisionada emitió en el mes de julio. A principios de mes se refirió a la situación del país petrolero y apuntó: “Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad”. Bachelet se refirió a continuación a los intentos de “rebelión” acusados por el régimen de Maduro y puntualizó: “Aunque reconozco la potestad del gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de las detenciones documentadas en el informe”.

Esposados y con ojos vendados

Los detenidos estuvieron expuestos a bajas temperaturas y luz eléctrica constante, esposados y con los ojos vendados durante largos períodos, y sometidos a amenazas de muerte contra ellos y sus familiares. De hecho, en 2019, un ex funcionario de los cuerpos de inteligencia del país grabó y, en el exilio, difundió un video donde se muestra a militares, presos políticos, que evidencia estas denuncias. “A raíz de estas agresiones, desarrollaron problemas psicológicos, como depresión, insomnio, ansiedad, trastorno de estrés postraumático e ideas de suicidio, y físicos, como dolores crónicos, pérdida de sensibilidad en las extremidades, afecciones renales, hipertensión, lesiones oculares y pérdida de visión”, detalla.

Como agravante se indica que existen denuncias de que, en algunos casos, los médicos que atendieron a los detenidos “emitieron certificados falsos o inexactos en los que no figuraban los signos de tortura”. De los casos documentados destaca el del capitán retirado Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019 cuando estaba en custodia de las fuerzas de seguridad. “La autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes. Tenía hematomas, heridas y quemaduras en varias partes del cuerpo, así como 15 costillas rotas y fracturas en la nariz y el pie derecho”, recuerda este informe.

El crimen sucedió días después de la visita de Bachelet a Venezuela para constatar la situación de derechos humanos, el año pasado. “Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, exigió la ex Mandataria tras conocer la noticia.

Pero el llamado fue ignorado y el escarmiento fue menor. Solo dos agentes de la DGCIM fueron detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de actos de tortura y el Gobierno fue exonerado de cualquier culpabilidad. “En septiembre de 2019, fueron sentenciados a seis años de cárcel, tras reconocer su responsabilidad en los hechos, lo cual les permitió obtener una reducción de un tercio de la pena”. A un año de la muerte, todavía su esposa, Waleska Pérez, actualmente en el exilio, y defensores de DD.HH., piden justicia.

El Ministerio Público venezolano comunicó a la Alta Comisionada que, entre agosto de 2017 y noviembre de 2019, se iniciaron “procesos de investigación” por presuntas violaciones de los DD.HH. cometidas por 766 agentes de las fuerzas de seguridad. “Como resultado de ello, 505 agentes fueron acusados, 390 detenidos y 127 condenados. En 77 casos las condenas fueron por violación del derecho a la vida, 18 por torturas y malos tratos, seis por violación del derecho a la integridad, tres por violación del derecho a la libertad, seis por violencia sexual y dos por desapariciones forzadas”, detalla el documento.

Denuncias de larga data

Venezuela, Cuba y Nicaragua son temas punzantes en la gestión de Bachelet en la ONU. Su posible parcialidad fue cuestionada al principio por algunos sectores opositores a los regímenes de estos países. Pero con sus informes sobre el caso venezolano se disiparon las dudas.

Sin embargo, las denuncias de violaciones de DD.HH. se consideraron tardías. Desde hace años el totalitarismo estaba sembrado en Venezuela. La reconocida ONG Provea presentó su informe anual correspondiente al período enero-diciembre 2019, donde encontraron que “las torturas se aplicaron en las cárceles y comisarías del país contra los más pobres y los disidentes más temidos por la dictadura: los militares”.

Solo el año pasado esta organización documentó 574 denuncias de víctimas de presuntas torturas, registrándose un alza del 635% respecto al 2013 que finalizó con 78. Con el ascenso de Maduro al poder se endureció la violencia del Estado contra sus ciudadanos. De hecho, Provea señala que desde el inicio de su mandato, en abril de 2013, y hasta el 2019 se documentaron 1.170 casos en total. “Genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92% en el número de muertes, siendo además el registro más alto de los últimos 30 años”, advierte.

El perfil de las víctimas son hombres, jóvenes y pobres. De acuerdo con Provea los responsables son agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Muchos de los afectados fueron acusados de “conspiración, terrorismo y traición a la patria”.

Son varias las asociaciones defensoras de derechos humanos venezolanas preocupadas por la escalada de denuncias de torturas en el país. Acceso a la Justicia apunta al estado de desamparo de la población frente al régimen chavista. Según un artículo publicado por la ONG, “la simple realidad es que en Venezuela se tortura”. Enfatiza que no se trata de casos aislados, sino de un patrón.

 

Revisa el detalle del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre Venezuela:

A HRC 44 54 UnofficialSpani… by El Libero on Scribd

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