Publicado el 21 de agosto, 2019

La revancha del ex director de Gendarmería que culpa a diputados por facilitar la fuga de los frentistas de la CAS

Autor:

Bastián Garcés

La extradición de Mauricio Hernández Norambuena rompió un silencio de más de 20 años del ex director de Gendarmería, Claudio Martínez (PS). El mismo día que el «Comandante Ramiro» regresó a Chile para cumplir condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, el socialista criticó las presiones que, en 1994, realizó la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja para flexibilizar las medidas de seguridad del recinto penitenciario. La misma cárcel de la que, dos años después, se fugarían los frentistas.

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Bastián Garcés

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«En el año 1994 la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros, tipificó a la Cárcel de Alta Seguridad como un recinto con características que iban en ‘contra de los derechos humanos de los condenados'», escribió en una carta publicada en El Mercurio el ex director de Gendarmería, entre 1993 y 1996, Claudio Martínez (PS) a raíz de la extradición desde Brasil del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena para cumplir las condenas por el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

En la misiva que fue publicada el mismo día que el «Comandante Ramiro» regresó a Chile, el socialista afirmaba que «la resolución de la comisión de DD.HH. significó sucesivos cambios en el régimen, lo que facilitó la planificación del rescate aéreo». Dando una arista que hasta el momento había sido pasada por alto y que tiene su origen hace más de 25 años.

«Los diputados de la comisión nos recibieron cuando ya estaban completamente sensibilizados por la reunión que habían tenido con los familiares de los presos y después salió una resolución que dejó sin piso al recinto«, explica a El Líbero el ex director de Gendarmería sobre las presiones para flexibilizar las restricciones de la Cárcel de Alta Seguridad. El socialista, que se encuentra en proceso de escribir un libro sobre su versión de la fuga de los ex militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) además afirma: «El régimen inicial cambió desde ese momento y se empezaron a aceptar, a raíz de ese informe, visitas conyugales. Ese día la cárcel empezó a perder su categoría de alta seguridad porque permitió la comunicación directa que no era posible controlarla«.

El 20 de febrero de 1994, cuarenta y cinco prisioneros -en su mayoría militantes del MAPU Lautaro y del FPMR-, fueron trasladados desde diversos recintos hacia la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Eran los últimos días del gobierno de Patricio Aylwin. En ese contexto los reos iniciaron una huelga de hambre para solicitar mejoras en las condiciones penitenciaras las que, según ellos y sus familiares, eran inhumanas.

Semanas después, se constituyó la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En su primera sesión, el 17 de marzo, la instancia presidida por el DC Sergio Ojeda acordó -a petición del legislador socialista Jaime Naranjo-, visitar el recinto carcelario debido a la polémica por supuestas faltas a «las garantías humanitarias», como lo calificó en esa época el diario La Nación.

La visita se concretó el lunes 21 de marzo, cuando nueve de los once congresistas que conformaban la comisión asistieron al recinto. Según informaron los diarios de la época, a las 15;30 horas llegaron a la Cárcel de Alta Seguridad los diputados DC Sergio Ojeda, Andrés Aylwin, Gabriel Ascencio y Erik Villegas; los RN Luis Valentín Ferrada, Arturo Longton y Alfonso Vargas; el socialista Jaime Naranjo, y el PPD Guillermo Ceroni. Solamente se ausentaron los legisladores UDI Andrés Chadwick y Darío Paya.

Al término de la inspección -en la que estuvo presente el entonces director de Gendarmería Claudio Martínez-, Ojeda afirmó: «Creo que hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos: el conocer las condiciones físicas de esta cárcel, y conversar con las personas que están recluidas aquí, con el objeto de recibir todos aquellos reclamos o quejas que ellos han hecho públicos«. El presidente de la comisión, de esta forma, se refería a las peticiones de los reclusos para eliminar los locutorios en las visitas, ampliar el rango de familiares que podían recibir y aumentar la privacidad de los encuentros.

Fue en esa visita a la Cárcel de Alta Seguridad que el DC afirmó a la prensa que en la siguiente sesión de la comisión se iban a analizar los testimonios y, de ser necesario, se iba a realizar un informe con medidas para Gendarmería. Al respecto, Martínez señaló: «Ellos podrán dar recomendaciones y sugerencias, las que nosotros estamos abiertos a recoger». En ese momento la huelga de hambre era mantenida por 39 hombres en la CAS y 18 mujeres en San Miguel.

Una semana después, el 28 de marzo, la comisión afirmó haber encontrado situaciones «no convenientes» al interior del recinto, las que se relacionaban con la frecuencia de las visitas que recibían los reclusos por parte de familiares y amigos, y sobre la relación entre los presos y sus abogados. En ese sentido, el diputado Naranjo comentó que se trataban de aspectos «más bien de forma que de fondo, por lo que creemos que pueden ser reparadas sin dificultad«.

Durante esa semana, además, la instancia citó para el 6 de abril a los familiares de los presos, a la ministra de Justicia, Soledad Alvear, y al  mismo Martínez. A dicha sesión asistieron la pareja de Hernández Norambuena, Lorena Astorga; la madre de Ricardo Palma Salamanca, Mirna Salamanca; la hermana de Pedro Muñoz Hoffman, María Isabel Muñoz; entre otros familiares de frentistas.

En la reunión los familiares, según constataron los diarios de la época, afirmaron que los reos solicitaban un cambio en el régimen interno del penal para copiar el modelo de cárceles de Alemania y Estados Unidos, además de pedir que las visitas se hicieran extensivas a todos los familiares y amigos de cada detenido, las que además debían ser colectivas y sin locutorios.

En ese sentido, explicaban que los reclusos solo depondrían la huelga de hambre -que se extendía por 46 días-, solo si se permitían «visitas colectivas para el núcleo familiar«. Punto sobre el cual planteaban que estos encuentros se realizaran por módulos, es decir que en un mismo día se juntaran todos los reos de un mismo sector junto a cada uno de los núcleos familiares. Además, exigían como segunda condición que los prisioneros pudieran conversar con presos de otros módulos, porque así podrían «colectivizar su recreación, deporte y educación«.

El diputado Naranjo señaló, al término de la sesión que «después de haber escuchado a los familiares de las personas que en estos momentos están recluidas en la Cárcel de Alta Seguridad, queda en evidencia que el problema se encuentra radicado particularmente en la frecuencia de las visitas, en el contacto directo con los familiares y en ampliar el concepto de qué se entiende por grupo familiar». El legislador socialista agregó que «es que allí está ‘el cuello de botella’ y creemos que eso es una solución fácil, porque no se alterarían las normas de seguridad de la cárcel«. Dos años después… los frentistas huirían del recinto en un helicóptero.

Casi un mes después de esa sesión, los diputados Ojeda, Aylwin y Naranjo volvieron a visitar la CAS para verificar si las medidas recomendadas para flexibilizar el régimen interno se habían cumplido. El presidente de la comisión afirmó que estas se le habían comunicado directamente a la ministra Alvear y al director Martínez, quienes se habían comprometido a adoptarlas. Sin embargo, Ojeda afirmó: «Hemos visto que no ha habido avances. Es por ello que vamos a informar a la comisión para decidir qué vamos a hacer en definitiva para que esto se cumpla«.

Los puntos a los que se refería el legislador DC eran los regímenes de visita, los espacios de trabajo y estudio, la situación del locutorio y «algunas facilidades respecto de las encomiendas», algo que a juicio del congresista «todavía no se ha implementado nada».

Aunque la postura más dura fue por parte de Naranjo quien cargó contra la institución encabezada por su compañero de partido Claudio Martínez. «Estamos absolutamente decepcionados con lo que hemos visto hoy», señaló el diputado socialista, quien aseguró que Gendarmería no había respetado los acuerdos.

La arremetida del legislador se extendió durante esa semana. Un día después, afirmó: «Hemos hecho gestiones diversas para corregir algunas cosas que nos parecen que no se están garantizando derechos de las personas que están en ese recinto» y agregó que no se estaba «contribuyendo a la rehabilitación de los presos. Elemento central de la rehabilitación es que tengan contacto directo con sus familiares«. El diputado además volvió a apuntar sus dardos contra Gendarmería al señalar que en la institución no se estaba «contribuyendo ni a que se respeten los derechos humanos en su interior ni cumpliendo con el objetivo de rehabilitación de los presos».

Ese mismo día, el organismo salió a defender su postura y calificó de «injustas» las aseveraciones de los congresistas. De hecho, desde el interior de Gendarmería y de la Cárcel de Alta Seguridad explicaron a medios de la época que desde el fin de la huelga de hambre la administración del penal le entregó a los reos una minuta en la que informaban sobre la flexibilización del régimen de visita.

En el documento, informó el diario La Época, se señalaba que el nuevo modelo sería de cinco visitas por mes, tres de ellas a través del sistema de locutorios, a las que podían acceder familiares y amigos; otra sería de carácter familiar, es decir esposa, padres, abuelos o hijos de cualquier edad, y con contacto directo; y la última sería exclusivamente conyugal. Sin embargo, desde el recinto penitenciario afirmaron que eran los propios reclusos quienes no hacían uso de este beneficio, añadían que solo algunos habían solicitado recibir visitas a través de los locutorios.

Mientras que en materia de rehabilitación, la administración le había entregado hace una semana a cada interno una encuesta en la que se les pedía optar por el sistema de capacitación, recreación o educación formal, pero solo 3 de 40 reos habían contestado. Aunque el caso más llamativo era el tema de las encomiendas y el ingreso de alimento, ya que fuentes de Gendarmería confirmaron que ese sistema se limitó uno al día de visitas, porque las comidas diarias se proveían de forma central para evitar cualquier ingreso ilícito de material explosivo o comunicaciones.

A mediados de ese mes, el 18 de mayo, la comisión entregó al ministerio de Justicia el informe preliminar de recomendaciones para «humanizar» la Cárcel de Alta Seguridad, el cual fue elaborado con sugerencias de diputados de todos los sectores políticos. «Resulta indudable que en aspectos meramente físicos esta cárcel es superior al común de los establecimientos penitenciarios en Chile. Nuestro cuestionamiento incide más en situaciones de excesivo aislamiento y ausencia de proyectos de educación, trabajo y recreación que deben influir negativamente en el cumplimiento de los fines de dichos establecimientos», afirmaron los diputados.

El Líbero accedió a dos documentos del informe. Uno de ellos firmado por el diputado Guillermo Ceroni indica que «la Cárcel de Alta Seguridad tiene claras fallas que van en contra de derechos humanos que los condenados tienen, haciendo injustificadamente más gravoso el cumplimiento de la pena, e impidiendo la rehabilitación del ser humano y su posible o posterior reinserción social».

Mientras que el otro, elaborado por el congresista DC Andrés Aylwin, abordaba 7 puntos que Gendarmería debía mejorar en el recinto. Entre ellos se encontraban exigencias de los presos como una mayor flexibilidad del régimen de visitas, mayor libertad para la comunicación entre reclusos y privacidad para la asistencia judicial.

Un mes después, el 13 de junio, el director subrogante de Gendarmería, Manuel Fajardo, afirmó: «Las visitas ha reos han sido flexibilizadas«, aunque enfatizó que «no habrá visitas colectivas porque se prestan para muchas irregularidades. Existe un régimen especial o no sería una cárcel de alta seguridad». Sin embargo, el 6 de julio la institución dio su brazo a torcer y realizó una modificación a las visitas de los reclusos.

Dichos cambios fueron implementar una visita dominical de tres horas con sus hijos en forma directa; una visita familiar de tres horas en forma directa, en la que podían estar presente hasta 5 miembros; una conyugal mensual de tres horas; y tres visitas para amigos, familiares o conocidos de una hora, en la que podían estar presentes dos personas, a través del sistema de locutorios. De esta forma, los frentistas lograron su objetivo.

Si bien, el ex director de la institución asegura que la flexibilización influyó en la planificación y éxito del escape de los presos, hay otra situación relacionada con Gendarmería que generó condiciones para la fuga: la presencia de la sicóloga francesa Emmanuelle Verhoeven -sindicada como la «Comandante Ana»-, como colaboradora de la institución. Allí se desempeñó realizando «trabajo social» con los frentistas cuando estaban en la cárcel de San Miguel. En particular, con Hernández Norambuena. Infructuosamente el ministro Carroza intentó su extradición desde Francia.

Casi un año y medio después de las gestiones de los diputados, el 30 de diciembre de 1996, los ex frentistas Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffmann, Mauricio Hernández y Patricio Ortiz Montenegro se fugaron de la Cárcel de Alta Seguridad.

Este hecho marcó el abrupto fin de la carrera de Claudio Martínez a la cabeza de Gendarmería. Sin embargo, meses después, el socialista fue designado como agregado cultural en la Embajada chilena en España. Y ahora, con el regreso de «Ramiro» a la CAS, el socialista se encargó de pasar cuentas pendientes.

Nota de la Redacción: Tras la publicación de este reportaje el ex director de Gendarmería, Claudio Martínez, se contactó con El Líbero para precisar la situación de Emmanuelle Vehoeven durante principios de la década de los ’90 en la institución. Al respecto, Martínez señala: «La sicóloga francesa Emmanuelle Verhoeven, trabajó en Gendarmeria a partir de mediados de 1993. En conocimiento de que había sido informante de la Policía de Investigaciones y de su cercanía en la cárcel de San Miguel con los presos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se decidió no renovarle su contrato. El que se extendió exactamente hasta el día del traslado de los reclusos desde la cárcel de San Miguel a la Cárcel de Alta Seguridad, vale decir hasta el 20 de febrero de 1994. Ese día, Verhoeven fue despedida por no aceptar su traslado a la Cárcel de Colina 1. Por consecuencia nunca tuvo ninguna relación con la Cárcel de Alta Seguridad ni con los presos allí reunidos a partir del 20 de febrero de 1994. Muy posteriormente y por la prensa me enteré de la información de que supuestamente Verhoeven era la ‘Comandante Ana’«.

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