Publicado el 20 de diciembre, 2019

La promesa incumplida de los partidos con las mujeres

Autor:

Emily Avendaño

En agosto el Servel informó que descontaría a los partidos $21.782.310 por incumplimiento a la norma que indica que al menos un 10% del total de los aportes públicos entregados a cada colectividad debe ser utilizado para fomentar la participación de las mujeres. Para las parlamentarias de 2017, los dirigentes no tuvieron tapujos en confesar lo mucho que les costó lograr que, al menos, 40% de las candidatas inscritas en sus listas fuesen mujeres. Incluso se vieron afectadas en el financiamiento: más de un 35% no recibió aportes de sus partidos para hacer campaña.

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El Senado despachó la reforma al capítulo XV de la Constitución que abre el camino al plebiscito del 26 de abril. Al igual que la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones que aseguran escaños para pueblos originarios, independientes y paridad de género. Pese al rechazo, al igual que en la jornada del miércoles el debate por la paridad se tomó la agenda y la finalizar la sesión la senadora Isabel Allende (PS) introdujo una indicación que abarca los puntos rechazados y el voto de los chilenos en el exterior.

Los esfuerzos por propiciar la participación de las mujeres en los partidos políticos y en instancias deliberativas se hicieron patentes en 2017, cuando por primera vez se aplicaron las disposiciones de la Ley 20.840 -promulgada en 2015-, que reformó el sistema electoral al establecer que en las elecciones a legislador ningún género puede superar el 60% del total de los candidatos inscritos por los partidos a nivel nacional, pues de hacerlo toda la lista quedaría invalidada. La norma, además, entrega incentivos monetarios para la inclusión de mujeres mediante una mayor devolución de gastos de campaña. Los partidos políticos son compensados con 500 UF por cada una de sus candidatas mujeres electas, además la ley establece que candidatos y partidos tendrán una devolución adicional de 0,01 UF por voto obtenido por candidatas, un aumento de 25% en la devolución de gastos por voto en relación con los candidatos masculinos.

Por otra parte, según la Ley 18.603, del total de recursos públicos que reciben los partidos deben gastar el 10% en el fomento de la participación de mujeres en política.

Aunque existen estos instrumentos, las colectividades han demostrado dificultades al momento de aplicarlos. En el caso que los partidos no cumplan con el porcentaje de gasto mínimo establecido, se descuenta de los aportes que recibirán al año siguiente un monto equivalente a lo faltante para cumplir ese mínimo. Es así como el Servel reportó en agosto de este año que el descuento por no cumplir con el uso de fondos públicos destinados a este fin fue de $21.782.310 -correspondientes a la rendición de los gastos realizados en el período 2018-, la cifra muestra una evolución con respecto al 2017 cuando el Servicio Electoral determinó que a la totalidad de los partidos políticos se descontaron $61.204.966, correspondiente a un 9,32% de la totalidad de los aportes fiscales entregados. 

Posibilitar la participación de mujeres en las elecciones parlamentarias y su consecuente ingreso al Congreso no fue una tarea sencilla para los partidos políticos en 2017, pese a la existencia de estos incentivos. La llamada Ley de Cuotas supuso uno de los mayores retos para las colectividades en la previa a las elecciones. Tanto que al cerrarse las listas, muchas de las dirigencias tuvieron que admitir que habían incorporado mujeres para “rellenar” las listas. 

“Tuvimos muchos casos en que a las candidatas las tuvimos que poner más bien para poder cumplir con la cuota, en vez de que tuvieran efectividad, y yo tengo dudas de que tengamos resultados positivos con las candidaturas de las mujeres que hoy están inscritas”, declaró en la ocasión el entonces presidente del PPD Gonzalo Navarrete. Agregó: “Después de toda esta experiencia, yo creo que habría sido mejor haber implementado la ley de cuotas gradualmente, porque se tuvo que hacer de una, y no hubo tiempo de preparación para los partidos y para que las candidatas tuvieran tiempo de insertarse en los territorios y poder hacer el trabajo político”. 

En el proceso hubo desprolijidades, inconsistencias e, incluso, falta de tacto por parte de los partidos políticos. Un día antes que se cumpliera el plazo ante el Servel la Democracia Cristiana (DC) inscribió como candidata a senadora por la región de Valparaíso, a la exCORE y matrona de 87 años (en ese momento), Oriele Zencovich. 

También fue polémico el desplante que la DC le hizo a su candidata en Arica, la abogada Trinidad Parra; al apoyar también en su aspiración a José Miguel Insulza (PS). Apoyo del que Parra se enteró por la televisión al ver a Matías Walker hacer el anuncio, un día después de haberla inscrito. «Me ofrecieron la candidatura, me plantearon que necesitaban una mujer por la ley de cuotas; me dijeron desde un principio que tenía que haber equilibrio entre mujeres y hombres, pero yo me decidí por convicción más que de relleno”, afirmó Parra al enterarse de lo sucedido.

El hecho causó duras declaraciones por parte del director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales: «Lo que pasa en Arica debe ser el escenario más humillante que hay para una mujer como candidata y la expresión más cruda de cómo es posible para un partido llevar candidatas mujeres sólo como relleno». 

De acuerdo con analista, se trató de una “humillación pública” para Parra y un bochorno para la DC, pues la Democracia Cristiana estaba en un pacto distinto al del Partido Socialista. La coalición «Fuerza de la Mayoría», estaba compuesta por el PS, PC, PPD y PRSD. “El PS humilló a la DC al no dejarla entrar -al pacto- y la DC humilló a su propia candidata en favor del partido que ya lo había humillado. Es un escenario lamentable para la política», concluyó entonces Morales. La DC se alineó con la IC y el MAS.

La presión para los partidos por completar la cuota era tal que a una semana para que cerrara el plazo de inscripciones, varios mantenían nombres en blanco, y algunos ya se aventuraban a plantear una flexibilización de la norma.

Quien ocupaba la Presidencia del Senado, Andrés Zaldívar, incluso afirmó que habían legislado esa materia “en forma demasiado apresurada” y aseguró que una vez culminada la elección tendrían que hacer una revisión de la ley: “Solo así podremos saber si los partidos llevaron candidatas con reales posibilidades de salir electas, o nombres solo para llenar los cupos”. 

Más mujeres candidatas, pero sin igualdad en el financiamiento

En la elección del 19 de noviembre de noviembre de 2017 se disputaban 155 cupos en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado. Finalmente, 412 mujeres fueron presentadas en las listas de las grandes coaliciones, superando a las 100 que se postularon en 2013. Sin embargo, esto también tuvo un efecto en el crecimiento del número de candidatos hombres. En 2013 se presentaron 448 aspirantes, mientras que para esos comicios hubo 541 candidatos, un aumento de 40%. 

Al darse a conocer las cifras, la ministra vocera Paula Narváez dijo: “Sabemos que ha sido un esfuerzo enorme para los partidos, en todas las oportunidades los dirigentes de los partidos nos hacen ver lo difícil que ha sido”. 

Al momento, Chile se mantenía como uno de los países en la región con menor presencia de mujeres en el Congreso: 15,8% de sus integrantes eran féminas, cifra que se encontraba por debajo el promedio mundial que era de 23,5%, y bajo el promedio en las Américas que era de 28,1%; de acuerdo con el estudio Representación Política de Mujeres en el Poder Legislativo, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Señala esta investigación que todos los pactos cumplieron con la cuota al momento de la inscripción formal de sus listas. No obstante, hubo casos en los que el porcentaje final de mujeres candidatas estuvo por debajo del 40% debido al rechazo en la inscripción de alguna candidata luego de haber sido inscrita, sin que fuera reemplazada. Para las elecciones a diputados, tres partidos presentaron menos del 40% de candidaturas femeninas, siendo el porcentaje más bajo el del partido Radical Socialdemócrata (36,4%). En el Senado, tres partidos presentaron menos del 40% de mujeres como candidatas: Poder, Radical Socialdemócrata y Unión Patriótica. 

El aumento en el número de candidatas se tradujo en que hubo más mujeres electas: pasaron de 6 a 10 senadoras y de 19 a 35 diputadas. A pesar de los avances el reporte del PNUD mostró preocupación en cuanto al financiamiento que reciben las candidatas en comparación con sus pares varones. En su conjunto, las mujeres candidatas al Congreso recibieron solo el 26% de los aportes monetarios privados. En el caso de los aportes de partidos políticos, las mujeres también recibieron en promedio un monto menor que los hombres

“Al mismo tiempo, cerca de un 24% de las candidatas al Senado y la Cámara no recibió ningún tipo de aporte privado para campañas. Más de la mitad de las candidatas a ambas cámaras no recibió aportes de personas naturales, casi un 70% no aportó recursos propios, y más de un 35% no recibió aportes de sus partidos”, resumió el PNUD.

“Los partidos que trataron por todos los medios de ‘bypassear’, subvertir, cumplir como cuando uno entrega la tarea de mala gana y a última hora, también se va a notar, porque esos partidos es improbable que vayan a aumentar la cantidad de mujeres que van a elegir”, vaticinó antes de la elección la cientista política Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD en Chile. 

Actualmente, pese a que las indicaciones referidas a la paridad de género en el órgano que eventualmente elaborará una nueva constitución fueron rechazadas por la Cámara y el Senado, continúan en discusión. Ayer, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que preside Matías Walker, aprobó la paridad de género en la conformación de una eventual Convención Constituyente, así como los escaños reservados para los pueblos originarios e independientes. Pasadas las 19:00 horas,, los textos vieron la luz verde en la sala de la Cámara.

Otra opción podría ser modificar la ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, antes del 25 de junio, pues si se llegase a aprobar en el plebiscito de abril elaborar una nueva Constitución este sería el plazo necesario antes de definir las candidaturas que competirán en octubre de 2020.

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