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Publicado el 26 de noviembre, 2018

La olvidada historia de los dos menores que también son víctimas del caso Catrillanca

Autor:

Javiera Barrueto

Pocos minutos antes de que muriera el comunero mapuche, cuatro profesoras fueron asaltadas y les robaron sus vehículos. Una de ellas iba con dos niños, de 9 y 10 años, quienes fueron testigos del violento atraco que incluyó amenazas a punta de una escopeta y un hacha. La Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tomaron acciones en favor de los menores, puesto que argumentaron que se encuentra fuera de sus "facultades". En tanto, el gobierno inició un proceso de ayuda psicológica con los afectados.
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Javiera Barrueto

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Parecía ser un día normal. Como era su rutina, se aprontaban para regresar a su casa después de una jornada laboral en la escuela Santa Rosa de Ercilla. Dos profesoras se subieron en la parte delantera del auto, mientras que la tercera se ubicó atrás junto a dos niños: de 9 y 10 años.

A los pocos kilómetros de andar, pasaron por una zona cercana a un bosque y fue ahí donde se encontraron con una sorpresa. Las esperaba una barricada que estaba junto a un árbol cortado, con alambres de púa y una estaca, que cruzaban de un lado a otro en el camino e impedía cualquier paso. La decisión no fue fácil. “Siempre nos decían que jamás nos bajáramos si veíamos algo así, pero nosotros como sabíamos que en la comunidad no pasaba nada, íbamos tranquilas”, señaló una de las profesoras a CNN.

A pesar de las dudas decidieron continuar, lo que implicó detener el auto. De pronto, por el costado derecho apareció un hombre encapuchado y que en sus manos cargaba una escopeta. Rápidamente se acercó al vehículo, abrió la puerta del piloto y apuntó directamente a la profesora. “Iba con el cinturón y nerviosa no me lo podía sacar. Agarré mi teléfono para guardarlo, se me cayó y ahí quedó tirado”, continúa relatando la mujer víctima del robo de su auto en Ercilla.

Envuelta en nerviosismo y miedo finalmente decidió entregar las llaves y fue obligada a descender. Junto a ella abandonó el vehículo la mujer que la acompañaba en la parte delantera. Suerte distinta corrieron la profesora y madre de uno de los dos niños que viajaban atrás. Por la ventana vieron que se acercó un segundo hombre y a los pocos segundos se escucharon gritos y el ruido de vidrios. “Si no se bajan las vamos a quemar en el auto”.

“¡Mamá nos van a quemar vivos!” se escuchó por parte de uno de los menores. Luego se acercó un tercer hombre con un hacha en la mano, según relata la profesora testigo del acto violento, y finalmente sacaron de un “tirón” a los niños del auto, cayendo sobre los arbustos con espinas que estaban a un costado del camino. “Los niños quedaron shockeados, la niña se desmayó, me gritaba a mí la tía y en eso apareció otro tipo, éste agarró mi auto y se lo llevó”, sentenció la profesora.

Tras el robo del vehículo se inició una persecución policial, que terminó minutos después en Temucuicui con un comunero mapuche muerto, debido a un disparo en la cabeza. Iba acompañado de un joven del sector quien fue detenido por carabineros.

Por ello, el pasado 16 de noviembre la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz y la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Consuelo Contreras, anunciaron una querella por “tortura” que, apuntaron, sufrió el adolescente de 15 años que fue detenido por Carabineros tras la muerte de Camilo Catrillanca.

Ambos organismos han intentado proteger al menor de edad que fue testigo del delito contra el comunero. Y en otro escenario están los dos niños violentados durante el robo del auto. Según explicaron desde la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no cuentan con las facultades para querellarse contra agresores que no sean agentes del Estado. Además, señalan que no se contactaron con las familias y profesoras agredidas. “No tenemos facultad legal para querellarnos respecto del delito de robo con intimidación”, señala Patricia Muñoz a “El Líbero”.

Desde la Defensoría, además, aseguran que se contactaron con la Fiscalía de La Araucanía para solicitar la identidad de los menores, pero que recibieron información parcial. Solo accedieron a la edad de los niños, no sus nombres ni sus contactos y la identidad de los profesionales que les están otorgando apoyo a los menores. “Teniendo en consideración esa limitada información, y la imposibilidad de acceder directa y personalmente a las víctimas, nos preocupamos de ratificar que estuvieran siendo atendidos”, dice Muñoz.

Dentro de las facultades del organismo protector de los niños, según explicaron, tampoco cuentan con las disposiciones para prestar ayuda psicológica y solo pueden velar porque los organismos como el Ministerio Público efectúen las acciones correspondientes. “Desafortunadamente, la legislación aprobada por el Congreso para el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez, no contempló ni la función, ni el presupuesto ni la dotación de personal para brindar atención y apoyo psicológico directamente de esta institución a niños, niñas y adolescentes respecto de quienes puedan llegar a conocer casos de vulneración”, sentencia la Defensora.

En tanto, desde el INDH solo explicaron, a través de prensa que las acciones que pueden presentar -recursos de amparo, protección, querellas por tortura- son en caso de que algún agente del Estado haya realizado el delito y que no tienen las competencias legales para establecer una acción.

Asimismo, en las comisiones de Familia y de Derechos Humanos de la Cámara tampoco han realizado acciones. “Hasta el momento no hemos tomado consideraciones en ese tema y no lo hemos visto ni conversado en la comisión”, señala el diputado RN, Eduardo Durán. Desde DD.HH. Mario Venegas (DC) agrega que “no nos compete”.

El diputado y miembro de la comisión de Derechos Humanos, Andrés Celis (RN), asegura que le envió un oficio a la Defensora de la Niñez para que se tomen acciones en un tribunal de familia y se le entreguen a los menores “prestaciones que digan relación con la salud mental, psicológica o psiquiátrica. Toda la contención y el apoyo”.

Además, Celis agrega que “me parece que lo lógico es que se preocupe (la Defensora) por el menor que fue testigo del asesinato que condeno, pero también hay otros menores que fueron atacados y amenazados”.

Dos semanas de “pesadillas”

Tras el robo, ya han pasado cerca de dos semanas. Días en que los menores no han logrado dejar atrás las imágenes de aquel 14 de noviembre y continuamente lo recuerdan con pesadillas. “Fue un trauma muy grande, que hasta el momento los niños no pueden siquiera dormir”, asegura la directora del colegio afectado a “El Líbero“, pero que por razones de seguridad prefirió mantener su identidad en reserva. Y agrega que “nosotras tenemos miedo por este asalto, robo y todo lo que ha ocurrido. Nosotros somos tan víctima como el señor Catrillanca”.

Los niños cursan cuarto básico y apenas faltaban pocas semanas para cerrar el año escolar, sin embargo, tuvieron que adelantar el término de las clases. Desde el día del violento asalto no han regresado a la escuela de Ercilla, que hoy se encuentra cerrada y custodiada a diario por Carabineros.

Todavía no hay certeza que el próximo año la escuela que recibe a 25 alumnos, cuatro profesores, un cuidador de noche y un conductor, podrán seguir educando a los niños el 2019. “El próximo año vamos a ver si la escuela continúa, depende de cómo estén las cosas y si se reubican a los estudiantes. Pero al menos como docente no queremos continuar, no por nuestra escuela que adoramos, sino por la inseguridad que se vive en el lugar”, remata la docente de Ercilla.

Para ayudar a los niños, la Subsecretaría de Prevención del Delito ya se contactó con las familias afectadas e inició un plan de apoyo psicológico con el fin de proteger a los menores. Además los ministros del Interior, Andrés Chadwick; Desarrollo Social, Alfredo Moreno. y el intendente recién designado Jorge Atton se comunicaron con las víctimas. De hecho, el viernes se concretó un encuentro entre las profesoras de la escuela de Ercilla con el Presidente Sebastián Piñera y los secretarios de Estado, durante su visita a la zona.

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