La suspensión del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, por parte de la Corte Suprema, y la decisión del Fiscal Nacional Jorge Abbott de iniciar un sumario contra el persecutor Sergio Moya, parecen dos hechos sin conexión. No obstante, hay un factor que los une: ambos personajes «caídos en desgracia» tuvieron en sus manos el caso Caval. Aunque no son los únicos que han sido tocados por la mano de la mala fortuna: otros tres miembros del poder judicial han vivido episodios similares desde que entraron en contacto con la causa del hijo la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon. Algo que para muchos se transformó en una especie de maldición, como la que vivieron los que descubrieron la tumba Tutankamón.
Tras haber estado por más de 3 mil años desaparecida, el 26 de noviembre de 1922 el sepulcro del faraón egipcio fue descubierto por el egiptólogo Howard Carter, quien fue financiado por el Conde de Carnarvon, George Herbert, quien estuvo presente en el momento en que se abrió el sarcófago de Tutankamón. Menos de seis meses después, el 4 de abril de 1923 el aristócrata falleció a causa de una neumonía fulminante. Fue la primera víctima de la «maldición del faraón», la que en un lapso de seis años «cobró» la vida de 16 personas relacionadas con Carter o Carnarvon, incluidos el hermano del conde, Aubrey Herbert; Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar a la cámara real; Sir Douglas Reid, quien radiografió la momia de Tutankamón e, incluso, la secretaria de Carter.
En el caso de la «maldición Dávalos», en un lapso de menos de un año 5 integrantes del Poder Judicial han sufrido algún revés desde que estuvieron ligados al caso Caval.
Dos ministros de Rancagua que sobreseyeron a Dávalos en la mira de la Corte Suprema
El 2 de enero de 2018, dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez dieron sus votos para sobreseer a Sebastián Dávalos en la arista principal del caso Caval, sobre los terrenos en Machalí.
Ese mismo día, Dávalos disparó contra la Fiscalía de O’Higgins, a la que calificó de «corrupta«, «mentirosa« e «indecente«. Dichos que realizó para «festejar» su sobreseimiento.
La decisión de la Corte fue cuestionada por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias quien presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir el sobreseimiento. En el escrito, Arias afirmó que Figueroa, Vásquez y el abogado integrante Álvaro Barría, «incurrieron en graves faltas o abusos al dictar la sentencia» y que el fallo «carece fundamentación» debido a que «decreta un sobreseimiento definitivo, pero no señala los hechos sobre los que se decreta el sobreseimiento». Pese a esto, el máximo tribunal en octubre del año pasado ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
No obstante, los ministros a los que apuntó Arias cayeron en desgracia… este viernes y a manos de la misma Corte Suprema. El 29 de marzo de este año, el máximo tribunal notificó a Elgueta y a Vásquez que enfrentarán un proceso disciplinario por un posible tráfico de influencias, reflejado en nombramientos de funcionarios o intervenciones en algunos procesos judiciales. En una investigación que se comenzó a realizar en diciembre del año pasado. De hecho, por esta misma causa, el pasado viernes 22 de marzo, Elgueta fue suspendido de su cargo durante cuatro meses.
Tres días antes de que se hiciera pública la decisión de la Corte Suprema, el 26 de marzo, Ciper publicó un reportaje en el que detallaba las presuntas irregularidades cometidas por los ministros. No solo eso, el medio de comunicación da cuenta de otra investigación iniciada por el Ministerio Público en octubre del año pasado en contra de ambos ministros. Luego de la decisión del máximo tribunal de suspender a Elgueta, la Fiscalía Regional de O’Higgins solicitó al tribunal de Garantía de Rancagua fijar una audiencia para formalizar al ministro por tráfico de influencia y prevaricación, la que se llevará a cabo el próximo 26 de abril.
Incluso, el reportaje de Ciper da cuenta que Emilio Elgueta mantenía una estrecha relación con los ex secretarios de Estado de Bachelet: José Antonio Gómez y Jaime Campos, con este último además el vínculo de amistad se refuerza por pertenecer a la Masonería. De hecho, el ministro de la Corte de Apelaciones fue uno de los «jefes de campaña» de Campos en Rancagua en 2018, cuando el ex jefe de la cartera de Justicia anunció su candidatura para ser Gran Maestro de la Logia de Chile. Y precisamente otro masón en esta historia es, justamente, Sebastián Dávalos. a quien Elgueta sobreseyó en enero.
La frustrada incursión de Toledo como notario
Pero antes hubo otros miembros del Poder Judicial que no terminaron muy bien. Uno de ellos fue el ex fiscal regional de O’Higgins Luis Toledo, quien fue el primer encargado de investigar la causa contra el ex director el área Sociocultural de la Presidencia.
A principios de marzo de 2018, el entonces ministro de Justicia de Bachelet, Jaime Campos, designó al ex persecutor de Rancagua para asumir una plaza como notario en San Fernando, algo que fue muy criticado por Chile Vamos, quienes cuestionaron el rol que jugó Toledo durante la investigación del caso Caval. De hecho, a fines de enero de 2016, el entonces fiscal afirmó a La Tercera que Dávalos «ha declarado en la causa, sin embargo, los antecedentes reunidos no han sido suficientes para atribuir cargos en su contra«.
Días después de que el nombramiento de Toledo como notario se hiciera público, el 12 de marzo del año pasado, el abogado renunció a su postulación. Decisión que el ex fiscal tomó en medio de la paralización que realizó el gobierno de Sebastián Piñera a todos los nombramientos de notarios.
Los sumarios contra los fiscales Arias y Moya
Su reemplazante en investigación de la causa, Emiliano Arias -quien sigue a cargo del caso Caval- tampoco lo ha pasado mejor. Desde que asumió las riendas de las pesquisas, el actual persecutor regional de O’Higgins ha tenido que sobrellevar tres sumarios iniciados por Abbott.
Si bien dos de ellos no se relacionan con la causa en contra del hijo de la ex Presidenta, sí le han traído más de un dolor de cabeza. El primero de ellos, ocurrió en octubre de 2016, pocos meses después de que Arias asumiera en la Fiscalía de O’Higgins, a raíz de unos dichos que emitió en La Tercera durante la investigación que realizaba por el caso Corpesca. Señaló que «la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción».
El sumario administrativo buscaba acreditar que el persecutor había infringido la Ley 20.931 que establece que «los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación», sin embargo solo se logró acreditar que Arias había sido imprudente.
La segunda investigación de Abbott contra Arias escaló hasta la Corte Suprema. El Fiscal Nacional sancionó al persecutor de Rancagua, en mayo de 2017, con una multa del 5% de su remuneración mensual por no resguardar el secreto de información y otorgar entrevistas a medios de comunicación sobre el rol de las compañías eléctricas en los incendios ocurridos durante el verano de ese año. Si bien, Arias presentó un recurso de protección contra su superior en la Suprema, el máximo tribunal lo rechazó en febrero del año pasado.
Eran los indicios de la «maldición Dávalos» la que llegó a su punto culmine en abril de 2018, cuando Abbott inició una tercera medida disciplinaria contra su subordinado. Esta vez era por la forma en la que investigó la arista Saydex del caso Caval. En marzo del año pasado el Juzgado de Garantía de Rancagua accedió a suspender condicionalmente al socio de Compagnon, Mauricio Valero, por un año. Para lograrlo debió pagar $5 millones a una fundación de la zona, además de amarrar la disolución de la empresa Caval.
Este último punto fue lo que levantó los resquemores del Fiscal Nacional, quien afirmó que la suspensión de una persona jurídica debía ser previamente autorizada. Abbott detalló al momento de instruir el sumario contra Arias que se había enterado de la decisión «por informaciones de prensa» y que no se había consultado previamente a la Unidad Especializada Anticorrupción. Sobre este tema, el persecutor de O’Higgins afirmó a La Tercera que «lo que se obtuvo con las medidas que apliqué es la máxima sanción a una persona jurídica, que es la disolución, que no podría haberse obtenido en un juicio y espero que eso se valore», en momentos que también debía hacer frente a dos querellas presentadas por Dávalos y Compagnon, quienes lo acusaban por su rol en posibles filtraciones del caso a la prensa.
El último fiscal involucrado en el caso Caval afectado por la «maldición Dávalos» fue Sergio Moya, mano derecha de Emiliano Arias. El pasado viernes 22 el fiscal nacional Abbott ordenó iniciar una investigación administrativa contra Moya respecto a supuestas asesorías que este realizó a Carabineros en medio de la investigación por el caso «Huracán». Lo que se le indaga al persecutor son posibles reuniones, conversaciones y entrega de información a altos funcionarios de Carabineros que habría realizado en momentos en que el Ministerio Público descubrió las irregularidades cometidas por la policía en las investigaciones contra un grupo de mapuches.