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Publicado el 18 de noviembre, 2019

La hoja de ruta que escribió el PC en abril para hacer fracasar al gobierno

Autor:

Emily Avendaño

La acusación constitucional que impulsa el Partido Comunista contra el Presidente Sebastián Piñera es coherente con el plan que delineó la colectividad y que está registrado en diferentes documentos internos. En ellos plantean la «politización del descontento», la utilización del movimiento estudiantil y sindical para «interrumpir» la agenda del Ejecutivo, además de llamados a paros y movilizaciones que «pueden trazar camino en la pérdida de conducción del gobierno, en el debilitamiento de su iniciativa y agenda legislativa».

 

 

 

Autor:

Emily Avendaño

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Diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio se reunieron ayer en una dependencia de la sede del Congreso Nacional en Santiago para ajustar los últimos detalles de la acusación constitucional que presentarán hoy contra el Presidente Sebastián Piñera. 

Había legisladores del Partido Comunista, Comunes, Convergencia Social, del Partido Humanista y de Revolución Democrática. No obstante, la idea de aplicar este procedimiento contra el Mandatario la instaló el PC a finales de octubre, cuando en el último párrafo de una Declaración Pública, realizada el día 23 de ese mes escriben: “Piñera debe responder. Él y su gobierno son los responsables de esta crisis. Impulsamos una acusación constitucional por severo abandono del estado derecho, con consecuencias graves para la sociedad y la democracia”. La acusación que presentarán en el Congreso de Valparaíso es distinta a la promovido por la diputada (PH) Pamela Jiles; aunque algunos de sus promotores son similares como la diputada Carmen Hertz (PC).

La colectividad ha rechazado las invitaciones al diálogo de La Moneda y optó por no sumarse al Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Desde el mes de abril, ya el Partido Comunista había dejado clara la que sería su hoja de ruta para este 2019. El pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile, reunido el sábado 6 de abril del 2019, destacó el informe de su Comisión Política, en particular el párrafo inicial que indica: “Este Plan tiene como dirección de esfuerzo principal, precisiones tácticas de nuestra política, que nos permitan una mayor contribución con vistas a potenciar la lucha del movimiento social, en particular del movimiento sindical, relacionando la protesta contra el Gobierno de Derecha con las propuestas democráticas que defiendan los intereses del pueblo. Y en ese marco de efervescencia, enfrentar las futuras batallas político electorales y en un proceso de unidad y lucha”. Su objetivo, como dejan asentado, es derrotar a la derecha “en todos los aspectos”. 

Para ese momento de abril el Presidente Sebastián Piñera enfrentaba la que era su peor semana en aprobación, de acuerdo con la Encuesta Plaza Pública elaborada por Cadem, con 36% de valoración positiva y 51% de desaprobación, y la agenda informativa estaba tomada por el alza de precios de las Isapres. 

“Hay un clima de indignación, rabia, que se incrementa en contra de los abusos. Necesitamos jugar un papel mucho más determinante en que el paro nacional activo convocado e impulsado por la CUT -para el 11 de abril- sea un punto de inflexión, para seguir adelante en este proceso de lucha social y construcción de fuerza”, se lee en texto aprobado por los 80 integrantes del Comité Central, y agregan: “La politización del descontento y la indignación, amplía las expresiones y a los movimientos sociales, y debemos tensionarnos al máximo para que este año sea gravitante en el curso de los acontecimientos políticos y en la lucha política, es decir generar la necesaria articulación del movimiento social con la unidad política, movimiento que debemos caracterizar y potenciar de acuerdo a la realidad de cada región del país para así tener un movimiento trascendente”.

Para ese entonces, el pleno acordó seguir adelante con la propuesta de cambiar la Constitución Política del Estado y de empezar a trabajar en un “nuevo proyecto de desarrollo” para Chile, aunque el objetivo de reinstalar la demanda por una nueva Carta Magna a la que se llegase a través de una asamblea constituyente ya había sido planteado en el IX Pleno del Comité Central, realizado en enero de 2018, cuando ya se sabía que Piñera asumiría la Presidencia.

En el Informe para la Discusión de un Plan Político del Partido Comunista de Chile, presentado en la jornada de abril de este año, la tienda señala que “debemos consolidar y transmitir la idea que el Gobierno de Piñera fracasó. Lejos de lo prometido la realidad económica y social de las chilenas y chilenos ha empeorado (…) debemos tensar todas las capacidades militantes para potenciar la lucha social”. Unos cuantos párrafos más adelante agregan: “Algunos sostendrán que es hora de la moderación. Para nosotros la única forma de defender conquistas democráticas y seguir avanzando, es con la lucha decidida del pueblo”.

La declaración también incluye el reconocimiento de que los jóvenes son sus aliados, por lo que proponen generar un estado de movilización juvenil que interrumpa “la agenda anti derechos del gobierno”. Su otro aliado, dicen, es el movimiento sindical que definen como “el sujeto principal para los cambios”, lo cual iba permitir introducir como temas de lucha la urgencia por «empleos decentes, salarios justos y seguridad social». 

“Nosotros saludamos que se comparta por parte del Pleno del Comité Central del Partido Comunista, el análisis en torno a este cuadro de molestia generalizada y que se entienda que es clave que los partidos políticos sean capaces de representar esta molestia y también transformarla en una agenda legislativa que efectivamente se haga cargo de estos requerimientos y no que siga generando desesperanza”, dijo a propósito del pronunciamiento del PC la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, quien además figura como miembro de la Comisión Política de la tienda. 

La insistencia en el “nuevo modelo de desarrollo”

En junio de 2019 el Pleno del Comité Central identifica como elemento central del momento político el incremento de la movilización social, por lo que requieren solidarizarse y activar la protesta social en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente y el agua. “Estas movilizaciones y otras más pueden trazar camino en la pérdida de conducción del gobierno, en el debilitamiento de su iniciativa y agenda legislativa y en la construcción de un camino de luchas más claro para la articulación de las fuerzas sociales y políticas”, escriben y su característica debe ser trazar las ideas que den pie a la “elaboración de un Nuevo Modelo de Desarrollo”. Idea en la que insisten en el Informe del XIII Pleno del Comité Central, presentado el 14 de agosto de 2019, que resume: “El esfuerzo principal está dirigido a fortalecer el movimiento social y particularmente el sindical, con un rol activo de las estructuras partidarias”. 

En esa línea destacan que hay que fortalecer la CUT, de la que dicen que ya cuenta con 52 Consejos Territoriales, a la que se han unido entre mayo de 2017 y esa fecha más de 40 nuevas organizaciones con cerca de 130 mil nuevos afiliados. “La CUT aparece con niveles de conocimiento del 41%, muy por sobre instituciones como el Parlamento, los partidos, organizaciones empresariales e instituciones públicas. Lo propio ocurre con los niveles de valoración y confianza, los sindicatos son altamente valorados por sobre el 50% como necesarios para la democracia”, por lo que la dibujan como una pieza clave en las elecciones de 2020 y un punto importante es el encuentro de posiciones que existe entre esta y la coordinadora No + AFP. 

Ejemplifican el descontento ciudadano, enumerando las protestas de los cinco meses previos a ese encuentro, que incluyen, entre otras, la huelga en Chuquicamata, el paro nacional del Magisterio, la huelga en Walmart, protesta de habitantes de Osorno por corte de agua, manifestaciones en defensa del medio ambiente, el rechazo al proyecto TPP11, las movilizaciones contra la consulta indígena, protestas en hospitales y por ineficiencia del Compin. “Va creciendo entre diversos actores sociales que el camino es la protesta, que hay que territorializarla y en momentos radicalizarla. Esto hará determinar la masividad de cada convocatoria”, dice el documento.

“Existe un clima social de pro demandas, descontento crítico que genera condiciones para coordinar acciones que permita dar más centralidad a los conflictos. Hay demandas que son transversales a todos los trabajadores y ciudadanos; como por ejemplo el derecho a una educación de calidad para todos; derecho a la salud y un trabajo digno. Estas demandas y otras son la base para una gran convergencia que permita unir y en una acción escalonada nos lleve a una huelga general”, episodio que se logró el pasado martes 12 de noviembre, y que se cuenta como una de las jornadas más violentas desde que empezara el estallido social el 18 de octubre. 

El XIV Pleno del Comité Central, de octubre de 2019, reclama nuevamente un nuevo proyecto de desarrollo para Chile al considerar que el actual ha fracasado. Opinan que hay que “refundar la democracia” y que el nuevo modelo debe ir “con perspectiva hacia el socialismo… Que, junto con erradicar todas las manifestaciones de exclusión social, dote a Chile de una nueva Constitución y un Nuevo Orden económico y social”, lo que supone una ruptura con lo que califican como el “modelo neoliberal”.

No es la primera vez que desde el PC se trazan este tipo de escenarios, en el documento con las resoluciones del XXIV Congreso Nacional del PC, realizado en diciembre de 2010, se fijan los pasos para hacer un «gobierno de nuevo tipo» que adelantó la trama que el país vivió en 2011, cuando comenzaron las movilizaciones estudiantiles. En ese texto se leía, por ejemplo: “Demandamos una mayor presencia, lucha y acción movilizadora del movimiento juvenil, dinamizando y propiciando conflictos y rupturas sociales estudiantiles y territoriales”

No firmaron el acuerdo

El PC forma parte de la alianza Unidad para el Cambio, integrada también por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el PRO y desde su plataforma ha promovido la Mesa de Unidad Social. Desde la coalición de partidos incluso emitieron un comunicado para entregar respaldo a las evasiones masivas del Metro de Santiago -paso previo al estallido social- al considerar que se tratan de “una forma legítima de protesta ciudadana y un justo reclamo ante el aumento continuo del precio de los servicios básicos que han encarecido el costo de la vida para las familias”.

El presidente del PC Guillermo Teillier, en una entrevista concedida al diario El Siglo publicada el 15 de noviembre, subrayó: “Yo no soy quién para dar instrucciones al movimiento social, pero desde mi punto de vista, esto que ha sido esencial para producir un cambio de fondo, para arrinconar al gobierno en el tema constitucional, que son las grandes movilizaciones, debe seguir adelante hasta lograr reivindicaciones palpables respecto de sus demandas”.

Pese a que desde el partido han sido promotores de que se redacte una nueva Constitución se restaron del acuerdo firmado por 95% de las fuerzas políticas del país. Días antes de que se alcanzara este acuerdo argumentaban que el diálogo debía ser con las organizaciones sociales más representativas del país y a través de la Mesa de Unidad Social, compuesta, en gran parte, por organizaciones o gremios ligados al PC.

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