El 6 de septiembre de 2017 la Contraloría General de la República emitió el informe con las conclusiones del sumario contra Cristián Riquelme y otros tres funcionarios de la Dirección Administrativa de la Presidencia. El organismo encabezado por Jorge Bermúdez investigaba al ex administrador de La Moneda desde mediados de marzo de 2016 por los millonarios contratos que Riquelme adjudicó durante su gestión a distintas empresas a través de trato directo -modalidad en la que el producto o servicio no es licitado entre diferentes compañías-, dados a conocer, en gran parte, por «El Líbero», en enero de 2016.
En el texto, la Contraloría recomendó al gobierno sancionar a los implicados: para Riquelme propuso aplicar una multa del 50% de su salario y la suspensión por un mes de su cargo, en tanto, para el entonces subdirector administrativo de la Presidencia, Óscar Sandoval, y a la ex jefa del Departamento de Abastecimiento, Natalie Vilches, sugirió como medida disciplinaria descontarles el 20% de su remuneración, mientras que para el jefe del Departamento Jurídico de la época, Germán Yovanne, planteó aplicar un descuento del 15% de su sueldo. Además, el organismo contralor reprochó el comportamiento que tuvieron todos los sumariados.
Pese a esto, el 8 de marzo de este año y, a tres días de dejar el Ejecutivo, el gobierno de Bachelet, a través del ministerio de Interior, que era encabezado por Mario Fernández, firmó los decretos 397 y 398 en los que rebajó la sanción contra Riquelme a censura -la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa-, y absolvió al resto de los implicados.
Resolución que volvió a Contraloría para su toma de razón, organismo que el 11 de septiembre pasado emitió un dictamen en el que el contralor Bermúdez señaló que la rebaja de las sanciones «no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario», según consignó La Tercera.
La entidad fiscalizadora además ordenó enviar una copia del documento al Presidente Sebastián Piñera y al director administrativo de la Presidencia, para que «realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados».
Si bien Riquelme renunció antes de que el sumario finalizara, la sanción impuesta debe ser anotada en su hoja de vida.
El hombre de confianza de Bachelet y Peñailillo
Tras la renuncia del Rodrigo Peñailillo a su cargo como ministro del Interior, el 11 de mayo de 2015, motivada por su manejo del caso Caval y las boletas emitidas en 2012 a la empresa Asesoría y Negocios de Giorgio Martelli, vinculada al caso SQM, el ingeniero civil Cristián Riquelme se convirtió en uno de los pocos sobrevivientes que quedaron en el gobierno del G-90, corriente del PPD liderada por el ex secretario de Estado.
Ambos se conocieron en su época estudiantil, en el Liceo A-49 de Coronel en el que fueron compañeros, donde comenzaron a cultivar una amistad que los volvió a unir en la Universidad del Biobío, lugar en el que Riquelme comenzó a formar la facción local del G-90.
Esta relación le permitió al ingeniero acercarse al círculo de hierro de la ex Presidenta Bachelet, de hecho fue la ex Mandataria la que durante su primer gobierno lo designó como administrador de La Moneda, cargo que volvería a ocupar durante el gobierno de la Nueva Mayoría, luego de haber sido el encargado de administrar el comando, en concreto, la Sociedad Marketing Asesorías y Eventos Limitada (Somae), empresa encargada de pagar los honorarios del equipo de la candidata Bachelet, incluido el de su «hijo político», Peñailillo.
Los millonarios tratos directos firmados por Riquelme
Aunque fue durante su segunda gestión como administrador de La Moneda que su figura fue cuestionada públicamente. A principios de enero de 2016, «El Líbero» dio a conocer que entre 2014 y 2015 Riquelme firmó contratos directos por un total de $1.279 millones con la empresa Gestión y Producción Ahumada Limitada (Gestus) -fundada por el actor Christian Ahumada Maturana, quien fue cercano del ingeniero civil durante la primera administración de Bachelet-.
Gestus realizó diferentes eventos para La Moneda, entre los que destacan la gala cultural del cambio de mando, que se llevó a cabo en la noche del 11 de marzo en la Estación Mapocho, por lo que la empresa cobró $248 millones; la Navidad de 2014 en la que produjeron el evento en Parque O’Higgins llamado «La mágica Navidad de Juan y Laura” y que tuvo un costo de $538 millones; o la fiesta de Navidad de 2015, en la que la empresa facturó $418 millones para llevar a cabo actividades en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Atacama. Dineros que se embolsó la misma compañía que durante la campaña de Bachelet facturó $192 millones al comando de la candidata de la Nueva Mayoría por la realización de distintos eventos.
Días después, el 15 de enero, «El Líbero» hizo público que otra empresa se vio beneficiada por contratos directos: «Constructora e Inmobiliaria 2000», propiedad de la familia Meller Sunkel. La mayoría de las resoluciones fueron firmadas por Riquelme, las que varias de ellas tenían en común un párrafo: «El proveedor nos da confianza y seguridad y por lo mismo se hace necesario adoptar medidas especiales al momento de decidir la contratación». La firma realizó en total al menos 9 trabajos de refacciones en el Palacio de gobierno durante las dos administraciones de Bachelet.
Entre las que destacan el arreglo, en septiembre de 2014, de los baños de hombres del casino, la lavandería y los baños de servicios generales de La Moneda por una cifra superior a los $104 millones. O dos trabajos realizados en febrero de 2015 por $54 millones: una «mantención» a los salones de recepción del Palacio y un «pulido, vitrificado y sellado de pisos del casino general, repostero presidencial, servicios higiénicos e instalación de baldosas en pasillos». Mientras que el contrato más importante de la primera gestión de Bachelet fue el arreglo de las oficinas donde funcionó la Comisión Valech por $47 millones.
Si bien la firma ni sus socios figuraron en la plantilla de los gastos de la campaña presidencial de la Nueva Mayoría, en mayo de 2015, Andrés Eduardo Meller Sunkel, dueño del 40% de la constructora, la investigación del caso SQM reveló que había entregado cuatro boletas por $13 millones a empresa Asesorías y Negocios (AyN), de Giorgio Martelli, la que habría servido para recaudar fondos para la campaña y pagar a quienes prestaron servicios en ella.
Un mes después, el 15 de febrero, Ciper publicó un reportaje en el que dio cuenta que el entonces administrador de La Moneda mantenía contratos con dos empresas que había creado y que recibieron por parte del Estado $417 millones entre 2013 y 2015.
La primera de ellas, Comercial A y R, encargada de la venta de insumos médicos, quedó en manos de su mujer, Ada Álvarez. La empresa se adjudicó 27 contratos con organismos públicos, durante 2015, por un monto cercano a los $188 millones. De ellos, 22 convenios, que representan $142 millones del total, fueron gracias a un convenio marco obtenido en noviembre de 2014.
La otra, fue Greentec, firma fundada en 2010 por Riquelme junto a Flavio Candia (jefe de la Unidad de Análisis Estratégicos de Interior durante la gestión de Peñailillo), y Julio Campos. La empresa cobró, entre 2013 y 2015, un monto cercano a los $228 millones. De ellos, $141 fueron facturados antes de que el ingeniero civil ingresara al gobierno.
Dos días después de que se publicara el reportaje, Riquelme presentó su renuncia.
Las turbulencias por SQM y Caval
Aunque los tratos directos no fueron los únicos cuestionamientos que tuvo que afrontar Riquelme. Su puesto en el comando de la abanderada de la Nueva Mayoría lo vínculo con Giorgio Martelli y el caso SQM. El operador político de la coalición lo mencionó durante la declaración que realizó en enero de 2016 ante la Fiscalía, en la que explicó los traspasos por un monto cercano a los $32 millones que realizó desde su empresa a la cuenta personal de Riquelme. “(Cristián Riquelme) me solicitó recursos para la campaña y yo le hice estos préstamos porque yo tenía compromisos políticos con la campaña», señaló Martelli a la fiscal Carmen Gloria Sepúlveda, instancia en la que además contó que fue Peñailillo quien los presentó en la «etapa previa a la campaña del 2013».
El ex administrador de La Moneda también dejó una «huella» en el caso Caval. Meses después de que se hiciera pública la compra de los terrenos de Machalí, Riquelme recibió en el Palacio de gobierno a Juan Díaz, el gestor inmobiliario que trabajó con la empresa de Natalia Compagnon en la adquisición del sitio de la VI Región, quien le habría pedido «gestiones» para que la nuera de la ex Presidenta le pagara una deuda cercana a los $350 millones.
“Yo le dije que no tenía ninguna herramienta o solución posible porque no tengo relación con ella”, señaló Riquelme en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, quien además reconoció: “Creo que cometí una imprudencia al haberlo recibido en el Palacio de gobierno. Y aunque no lo crean, aunque suene inverosímil, yo no sabía de la vinculación de Juan Díaz. Si no, no lo hubiera recibido”.
Su otra participación ocurrió en septiembre de 2015, cuando se reveló que el computador que usaba Sebastián Dávalos como Director Sociocultural de la Presidencia, fue formateado por personal de La Moneda borrando cualquier contenido que eventualmente podría haber servido en la investigación del caso, algo que, en su momento, fue catalogado por el entonces vocero Marcelo Díaz, como un procedimiento habitual y que formaba parte de un protocolo. No obstante, días después, en la comisión investigadora, Luis Escalona, jefe de informática del Palacio de La Moneda, contradijo la versión señalando que la acción fue solicitada por el propio hijo de la Presidenta.
«Con quien conversé fue con el señor Cristián Riquelme minutos antes de concurrir ante ustedes (prensa) con efectos de poder entregar una respuesta», explicó el entonces vocero a raíz de la declaración de Escalona.
Actualmente, el ex administrador de La Moneda se desempeña como gerente de administración y finanzas de la agencia de lobby Imaginacción del ex ministro Enrique Correa. «Cuenta con más de 18 de años de trayectoria en importantes empresas e instituciones públicas», señala el perfil del ingeniero en la página web de la consultora que destaca su paso como «director de Administración y Finanzas de la Presidencia de la República y ha sido consultor para distintas empresas».