«Dar puntapié a un debate que es bien importante: si Chile está subiendo una deuda y vendiendo sus activos, la pregunta es ¿quién los paga?», es el objetivo que este lunes el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, aseguró que tiene la reforma constitucional que busca establecer por una única vez un impuesto del 2,5% a las personas con un capital superior a los US$22 millones, proyecto que ha sido impulsado por el Partido Comunista y otras colectividades de oposición.
El texto legal será discutido el 5 de agosto en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, al ser consultado por El Líbero sobre la tramitación del documento el presidente de la instancia Matías Walker (DC) sostiene que «en 2 semanas más debiéramos abordar su tramitación, determinar el número de audiencias para escuchar a constitucionalistas, tributaristas, economistas y gremios». El legislador agrega que están «conscientes que es un proyecto controvertido en la forma y el fondo» razón por la cual van «a destinar varias sesiones para audiencias y para su discusión».
El proyecto presentado a comienzos de junio por un grupo de congresistas de oposición, entre los que se encuentran los comunistas Daniel Núñez, Camila Vallejo y Karol Cariola, además del DC Gabriel Ascencio, el socialista Luis Rocafull y el propio Giorgio Jackson ha sido cuestionado por distintos expertos en la materia, entre otros motivos por la experiencia internacional que se ha tenido en otros países respecto a aumentar las tasas impositivas.
A estas críticas al proyecto de ley, se podría sumar una nueva línea argumental que se relaciona con una de las medidas implementadas en la Reforma Tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet: la repatriación de capitales. Iniciativa que consistió en implementar un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encontraban en el exterior, las que habiendo estado afectos a pagar un impuesto en el país no hubiesen sido gravadas con los tributos correspondientes con la condición de pagar una carga especial tributaria del 8%, la que tenía el carácter de única y sustitutiva de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes o rentas declarados.
La medida logró recaudar US$1.502 millones por parte de los contribuyentes que se acogieron a dicho sistema voluntario y extraordinario, algo que se vio reflejado en las 7.832 declaraciones que recibió el Servicio de Impuestos Internos durante 2015 que contemplaron esta alternativa. Una iniciativa que también impulsó la actual administración del Presidente Sebastián Piñera durante la tramitación de su Reforma Tributaria, pero sin éxito ya que la oposición se opuso.
Al respecto la economista Michèlle Labbé explica que la medida impulsada por el gobierno de la Nueva Mayoría tuvo el objetivo de devolver los «capitales que estaban afuera del país en negro y que una vez el año declaren el impuesto sobre lo que está fuera, devolverlos significa decir ‘yo los tengo’ porque los capitales pueden seguir afuera, lo que produce que en los años siguientes sí se tiene que imponer sobre esos capitales», y agrega que si durante ese período se «repatriaron» capitales mayores a US$22 millones sí van a verse afectados por el impuesto especial del 2,5% impulsado por la oposición.
En el caso de los capitales informados por la reforma del 2014, aunque no necesariamente estén repatriados, quedarán afectos al impuesto de los súper ricos por el solo hecho de estar informados», afirma la economista senior de LyD, Macarena García.
Una opinión similar sostiene el socio líder del área legal y tributaria de PwC, Francisco Selamé, quien plantea que «si esos bienes ingresaron formalmente al patrimonio de las personas y además la autoridad tributaria tiene conocimiento de la cuantía de estos bienes y de los titulares de ellos será muy fácil afectarlos con el impuesto al patrimonio si en conjunto con los demás bienes del contribuyente superan los US$22 millones«.
En tanto Macarena García, economista senior de LyD, profundiza en esta situación que se generaría e indica que «el impuesto a los ‘súper ricos’ afectaría a activos de chilenos tanto en el país como en el exterior», y agrega que «en el caso de los capitales informados por la reforma del 2014, aunque no necesariamente estén repatriados, quedarán afectos al impuesto de los súper ricos por el solo hecho de estar informados«. La economista además plantea que esto se debe a que «ese impuesto nunca fue pensado en sustituir impuestos hacia adelante. Hacia adelante quedaban sujetos a las mismas reglas del juego que todos los otros activos».
Sobre este último punto, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Javier Jaque, plantea que en el caso de aprobarse el impuesto del 2,5% aquellas personas que no quisieron acogerse a la medida contemplada en la Reforma Tributaria de Michelle Bachelet deberán «estar súper contentos porque ahora ya no les van a aplicar ese impuesto y los que trajeron y confiaron en el Estado de Chile tendrán que estar súper arrepentidos porque es como una traición a la confianza».
Una opinión similar tiene el socio del estudio de abogados Baraona, Fischer y compañía, Alex Fischer, quien dice que «los que se acogieron al 8% lo hicieron como un voto de confianza en que el país mantendría políticas tributarias serias«. De hecho, el socio de Baraona, Fischer y compañía agrega que «un futuro impuesto al patrimonio no era una preocupación, pero la mayoría decidió declarar sus capitales asumiendo que era algo improbable, porque técnicamente los impuestos al patrimonio no tienen mucho sentido».
Las personas tendrían que pagar efectivamente impuestos al patrimonio por estos bienes, independiente de que, en el fondo, la regulación legal que la regía decía que estos bienes iban a pagar un impuesto único y sustitutivo en el entendido que de ahí en adelante solo se iba a tributar sobre las rentas que ese patrimonio generara», explica el socio líder del área legal y tributaria de PwC, Francisco Selamé.
Al respecto Francisco Selamé explica que «el impuesto del 8% que se pagó al regularizarlos era un impuesto al patrimonio y ahora estaría afectándose esas mismas cantidades a un nuevo impuesto al patrimonio ahora por una reforma constitucional en circunstancias que la propia ley decía que se pagaba un impuesto único y sustitutivo de los impuestos que pudieran haber afectados estos bienes o rentas declarados». De hecho, para el socio líder del área legal y tributaria de PwC, en esta situación «las personas tendrían que pagar efectivamente impuestos al patrimonio por estos bienes, independiente de que en el fondo la regulación legal que la regía decía que estos bienes iban a pagar un impuesto único y sustitutivo en el entendido que de ahí en adelante solo se iba a tributar sobre las rentas que ese patrimonio generara«.
Aunque este no sería el único efecto negativo que tendría esta reforma constitucional, Fischer añade que establecer un impuesto al patrimonio «implica cruzar una línea que, en términos de expectativas, tiene un costo en confianza igual al que tendría un impuesto permanente al patrimonio y respecto de un umbral mucho más bajo», esto debido a que «es imposible confiar en el carácter ‘extraordinario, por única vez’ del impuesto, o que no se pueda volver a establecer con un umbral menor«.
Sobre este efecto la economista de LyD profundiza afirmando que se producirían «situaciones de incertidumbre elevada al interior del país, particularmente respecto de los derechos de propiedad y de los cambios abruptos en las reglas del juego» y aquello podría generar «fuga de capitales al exterior». Algo que para García generaría incentivos adversos debido a que se «desincentivará a aquellos que no han informado a hacerlo, quedando estos capitales en el exterior, sin posibilidad de que retornen al país y generen inversión acá y, a su vez, incentivará a sacar capitales fuera de Chile».
Los que se acogieron al 8% lo hicieron como un voto de confianza en que el país mantendría políticas tributarias serias», sostiene el socio del estudio de abogados Baraona, Fischer y compañía, Alex Fischer.
Una idea similar plantea Labbé para quien un impuesto del 2,5% a los «súper ricos» tendría dos efectos: «si alguien todavía tenía alguna intención de devolver algún capital que estaba en negro no lo va a hacer jamás porque se dieron cuenta cuál era el objetivo final y porque es un impuesto súper complicado porque tiene aspectos complicados en términos de cómo cobrarlos».
Sobre este último punto, Jaque sostiene que «técnicamente parece un proyecto de difícil aplicación. Lo anterior se sustenta en que los activos que componen los patrimonios pueden ser de diversas características. Fundamentalmente cuando uno piensa en patrimonio piensa en bienes raíces o cosas que sean inmovilizadas, no obstante, gran parte de los patrimonios más grandes del país se encuentran en activos más líquidos como inversiones financieras principalmente de renta pasiva».
No obstante, el académico de la FEN desdramatiza respecto a una posible doble tributación que genere este tributo, ya que «la aplicación del impuesto específico del 8%, más conocido como Súper ocho, no es un impuesto al patrimonio propiamente tal, sino que en realidad lo que estaba gravando era lo que no se afectó por impuestos durante todo el tiempo que estuvo fuera, era un gran perdonazo de impuestos para que efectivamente traigas el dinero».