Publicado el 14 de noviembre, 2019

La demanda por una nueva Constitución apareció recién durante las últimas semanas de octubre

Autor:

Bastián Garcés

La crisis que estalló a mediados del mes pasado por el aumento del pasaje de Metro derivó en la demanda por una nueva Carta Manga. Sin embargo, la petición de un nuevo texto constitucional recién apareció en la semana del 21 de octubre, cuando se ubicó en la sexta prioridad en los sondeos de opinión pública. Si bien hoy en las encuestas se ve un alto apoyo a un cambio de la Constitución. Roberto Izikson, de Cadem, señala que «el mecanismo está muchísimo más difuso».

Autor:

Bastián Garcés

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Cuatro semanas lleva la crisis que estalló el viernes 18 de octubre. Si bien las primeras protestas -que fueron dos semanas de evasiones masivas- fueron a raíz del alza de 30 pesos en el precio del pasaje del transporte subterráneo, con el pasar de los días las demandas fueron cambiando hasta llegar a pedir una nueva Constitución.

Sin embargo, la idea de escribir una nueva Carta Magna no estuvo entre las primeras opciones hasta las últimas semanas de octubre. Así lo indican diversas encuestas de opinión. Una de ellas es la Plaza Pública de Cadem, en la que recién en su estudio 302 -correspondiente a la cuarta semana del mes pasado- apareció como una medida que debía tomar el gobierno para enfrentar la situación que atraviesa el país.

No obstante, en ese sondeo tampoco apareció como primera opción, en ese lugar se encontraba hacer cambios sociales con el 37% de las preferencias. De hecho, una nueva Carta Magna aparecía en el sexto lugar de prioridades con el 12% de las menciones y empatando con las opciones de “escuchar a la gente” y cambiar al gabinete.

Una semana después, la encuesta Cadem del 31 de octubre arrojó que una nueva Constitución era la tercera prioridad que debía tener el gobierno con el 26% de las menciones, siendo superada por Salud (33%) y Pensiones (31%).

En la medición se indica que el 87% estaba de acuerdo con la necesidad de una nueva Constitución. Respecto al mecanismo un 46% se inclinaba por una asamblea constituyente, el 13% prefería que al Congreso y un 26% optaba por combinación de ambos instrumentos.

Mientras que la Cadem publicada este lunes -correspondiente a la semana del 6 al 8 de noviembre-, señaló que “no tener una nueva Constitución” era la quinta razón del descontento social con el 17% de las menciones. El tema constitucional era superado por motivos como el alza del costo de la vida, las promesas del gobierno, la desconfianza hacia las instituciones y la desigualdad.

En esa línea incluso la cantidad de personas que estaba de acuerdo con la necesidad de una nueva Carta Magna bajó 9 puntos pasando a un 78%. Mientras que respecto a la profundidad de los cambios al texto, un 52% se inclinaba por “cambiar totalmente la actual Constitución y redactar una nueva” y un 42% estaba por “hacer cambios, pero tomando como base el actual texto constitucional”.

Sobre el mecanismo para modificar o cambiar la Carta Magna también hubo cambios. La asamblea constituyente aumentó en 8 puntos como la opción que más preferían los chilenos en comparación a la medición de la última semana de octubre, pasando del 46% al 54%, mientras un modelo mixto entre una AC y el Congreso bajó 3 puntos (24%) y la opción de que fuera solo el Legislativo el organismo a cargo de llevar a cabo los cambios descendió en 2 unidades (11%).

Aunque Cadem no ha sido la única encuesta en la que una nueva Constitución ha sido mencionada. En el sondeo Agenda Ciudadana de Criteria de octubre, una nueva Carta Magna aparece como uno de los conceptos que los encuestados asociaron al ser consultados sobre qué significa un “nuevo pacto social”.

Mientras que la medición especial de octubre enfocada en la crisis chilena la encuesta Pulso Ciudadano, elaborada por Activa Research, una nueva Constitución aparecía como la cuarta medida más importante que el gobierno debía tomar para superar la crisis con el 34,3% de las preferencias, siendo superada por “llamar a un acuerdo político con todos los partidos” (45,5%), “reconocer los problemas de desigualdades” (56.1%) y “escuchar las demandas ciudadanas y generar un plan de mejoras” (78%).

Otra encuesta que salió a fines de octubre, y donde se abordó esta problemática, fue el Termómetro Social del Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC) en donde el 83,9% de los consultados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que se cambie la Constitución. Además señala que el 75,5% estaba a favor de una Asamblea Constituyente, mientras que el 14,7% prefería que un grupo de expertos redactara el nuevo texto y solo un 3,4% estaba a favor de que el Congreso se hiciera cargo de los cambios a la Constitución.

«Esta explosión de descontento social lo que generó fue un cambio significativo de las prioridades que está asociado a hacerse cargo de los problemas de desigualdad y costo de la vida, y por otra parte, de la mala política y de la desconfianza hacia el poder», comenta a El Líbero el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, quien sostiene que para la ciudadanía es necesario un nuevo pacto social que se haga cargo de estos temas.

Además, ahonda en que a diferencia del proceso constituyente iniciado por la ex Presidenta Bachelet el origen es distinto. «A diferencia del 2016, que era una propuesta que venía de la élite política, del programa del gobierno de la ex Presidenta, desde arriba hacia abajo, lo que vemos ahora es que es una demanda que viene desde abajo hacia arriba, desde la movilización», asegura Izikson.

Es por eso que hay un acuerdo en la necesidad de un cambio o modificación a la actual Carta Magna, no obstante la forma de realizarlo aún no está muy clara. «El mecanismo está muchísimo más difuso que la idea de tener una nueva Constitución, cuando preguntamos si la gente quiere cambiar totalmente o hacer cambios al actual texto, es un 52% contra un 42%», explica el experto y agrega que «cuando una pregunta por el mecanismo un 54% prefiere una asamblea constituyente, pero luego igual tienes un 35% o 40% que dice que pueden ser ambas o el Congreso actual».

Al ser consultado sobre la forma en que la demanda por una nueva Carta Magna tomó fuerza, el director de Criteria, Cristián Valdivieso, explica que esto se deba a la tardanza que ha tenido el gobierno para entregar soluciones. “El hecho que la propuesta aparezca desfasada 10 días respecto de la demanda también hace que se vea menor. Lo que habría sido suficiente a tiempo, cuando llega destiempo pasa a ser insuficiente y eso es lo que pasa cuando vas especulando de a poco”, explica.

Una idea similar plantea el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, quien comenta a El Líbero que “la experiencia de 2006 en que por un tema de pasaje de micro terminamos cambiando la LGE, o el 2011 que partimos por un tema de alza de la PSU y terminamos hablando de gratuidad daban algunas señalan de que si no se hacen bien las cosas y no se reacciona con claridad, con cronogramas y medidas sustantivas, las cosas no se corrigen y aquí tenemos un tercer ejemplo en dos décadas. Aquí hay responsabilidad por parte de la autoridad”.

Mientras que Ramón Cavieres, director de Activa, señala que “la agenda social, quedó en segundo plano, ya que el tema constituyente es el tema de hoy. El gobierno ha ido cediendo en cada punto con la oposición y las demandas ciudadanas”. En esa línea, Cavieres profundiza que el cambio a la Constitución “se está enfrentando en una discusión de si es vía Congreso o Asamblea Constituyente, y es probable que termine cediendo a una asamblea, producto de la fuerte presión social y de la oposición”.

«Estas 24 o 48 horas va a depender de si la política logra ponerse de acuerdo sobre cuál es el mecanismo, creo que la opinión pública va escuchar o seguir el liderazgo que imponga la política, pero evidentemente este mecanismo va a tener que considerar en un porcentaje importante la participación ciudadana», complementa Izikson.

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