Publicado el 03 de julio, 2020

La defensa de Hugo Gutiérrez que él niega tener en el Tribunal Constitucional

Autor:

Emily Avendaño

Aunque el diputado ha dicho que no se va a defender en el proceso que corre en el Tribunal Constitucional sobre su destitución, en la práctica hay varios abogados que han presentado acciones a su favor, incluyendo al concejal de Iquique, Matías Ramírez Pascal, quien se contaba entre su personal de ayuda en la Cámara hasta diciembre de 2019. Julia Urquieta Olivares (PC), ex subsecretaria de Previsión Social, también ha presentado documentos que buscan favorecerlo.

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Emily Avendaño

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En enero el diputado Hugo Gutiérrez (PC) declaró: “No me voy a defender en un tribunal ilegítimo”. Esto en alusión al proceso que está corriendo en el Tribunal Constitucional, luego de que diez diputados de Chile Vamos solicitaran el cese de su cargo argumentando que había ido en contra del artículo 60 de la Constitución al incitar, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público. 

El legislador comunista decidió no presentar ninguna defensa ante el TC luego de que la instancia acogió el requerimiento para destituirlo. Aunque efectivamente no tiene un abogado designado, en la práctica hay figuras que están actuando como amicus curiae, es decir terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto; ideas que son contrarias al requerimiento de los diputados de Chile Vamos y que favorecen a Gutiérrez.

Incluso se han involucrado abogados que son o han sido personal de apoyo del parlamentario en el Congreso, es decir, pagados por la Cámara. El concejal por Iquique del Partido Comunista, Matías Ramírez Pascal, es uno de ellos.

El 31 de enero presentó un documento ante el tribunal en el que solicita hacerse parte, en conjunto con los también militantes de esa tienda Pedro Cisternas, consejero regional de Tarapacá; Arline Oro Ávalos, presidenta del Colegio de Profesores de Iquique; y otra figura de la izquierda en la región, Lautaro Lobos Lara, CORE en Tarapacá. 

De acuerdo con la información disponible en la web de la Cámara sobre el personal de apoyo del parlamentario, Ramírez -quien asumió como concejal el 6 de diciembre de 2016-, estuvo contratado por Gutiérrez hasta enero de 2018 como asesor jurídico, entonces recibía un sueldo por $875.430; en marzo de 2018 vuelve a aparecer como asesor con un salario de $291.810; y durante todo 2019 le prestó servicios de asesoría legislativa, con un sueldo de $800.000.

Ramírez es un viejo conocido de Gutiérrez. Trabajan juntos al menos desde 2011 cuando la oficina jurídica del diputado, a través de los abogados Carolyn Rojas Aguirre, Enzo Morales Norambuena -actualmente personal de apoyo de Gutiérrez en el Congreso- y el entonces habilitado de Derecho Matías Ramírez Pascal, presentaron una querella por las amenazas, seguimiento y espionaje telefónico hacia un estudiante secundario. 

Años después, Gutiérrez fue noticia por haber presentado al menos 21 querellas contra políticos entre 2011 y 2017. Esto lo hizo junto a sus asesores en el Congreso, los abogados Boris Paredes Bustos, Matías Ramírez Pascal y Enzo Morales Norambuena. 

Ramírez presentó una querella contra la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), y pidió investigar un supuesto financiamiento de la industria pesquera. También se hizo parte en los casos SQM y Corpesca como querellante.

El 23 de noviembre de 2018 el legislador publicó en su Twitter que había presentado una querella en contra de Carabineros, junto al concejal de Iquique, por agredir a un estudiante de la Universidad Arturo Prat. Ramírez fue dirigente estudiantil en esa institución.

Uno de los más afectados por el uso del sistema judicial de Gutiérrez con fines políticos fue el ex senador por su zona, Fulvio Rossi. En la guerra declarada entre ambos, Rossi preparó una denuncia contra el comunista por mal uso de recursos públicos.

Según explicó el ex senador del Partido Socialista en su momento, recibió información sobre la aparición de un centro comunitario en la dirección de la oficina parlamentaria de Gutiérrez. El centro se llamaba Centro de Derechos Humanos, Defensoría Ciudadana DHG, y en la directiva aparecían Ramírez Pascal, como secretario, y Ángela Petruzzi Carvajal, como tesorera. Ambos asesores legislativos del diputado para la época. 

Otro de los nombres que aparece entre las actuaciones presentadas en el TC por esta causa es el de Fernando Monsalve Arias, abogado y presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo entre 2015 y 2018; y quien también es personal de apoyo de Gutiérrez en la Cámara. Según la información disponible, fue su asesor entre enero y mayo de 2020 recibiendo una remuneración por $1.170.378 (la información de junio y julio aún no está cargada en la web); y entre mayo y diciembre de 2019 con un sueldo de $1.138.500. Monsalve, el 2 de marzo, entregó un documento solicitando que la audiencia por este caso fuese pública. En su cuenta de Twitter hay diversos mensajes en apoyo al diputado. 

Hubo varios juristas que se involucraron al solicitar audiencia pública, varios de ellos militantes del PC como Virginia Palma Erpel, representante de la ONG Acción Mujer y Madre; Lorena Pizarro, representante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; Beatriz Alejandra Jorquera Tapia, presidenta Federación de Estudiantes de Arcis; Julia Urquieta Olivares, subsecretaria de Previsión Social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet; y otras figuras como Miguel Retamal Maureira, de la Agrupación Nacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile; Eugenio Wladimir Alamos Padilla del Centro Cultural Plaza Chile España; Patricia Hidalgo Díaz, Casa de Todos los Pueblos. Tres de estas peticiones se presentaron el 28 de febrero y siete el 2 de marzo, con un texto muy similar. 

Los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron de conocer la causa en contra de Gutiérrez, luego de que el propio legislador interpusiera una querella en contra de los jueces, a principios de mayo. En la declaración de inhabilidad queda asentado que del 20 de abril a la fecha se han interpuesto sucesivas querellas además de la diputada Carmen Hertz (PC) y de otras organizaciones vinculadas a Gutiérrez, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y un ex rector de la Universidad Arcis. Esto después de que la presidenta del TC, María Luisa Brahm, aseguró en una entrevista que antes de su llegada las demoras en las tramitaciones de casos, en particular las de DD.HH., podían llegar “al límite de la corrupción”.

Por otro lado, en el documento presentado por Matías Ramírez Pascal, Pedro Cisternas, Arline Oro Ávalos y Lautaro Lobos Lara, se indica que le entregan el patrocinio en la causa al abogado especialista en DD.HH., Nelson Caucoto Pereira. El documento notariado que presentan para hacer esto lo redactó el abogado Boris Paredes Bustos, quien también fue asesor y abogado de Hugo Gutiérrez en la Cámara entre 2018 y 2019, con un salario por poco más de $1.000.000.

Cisternas además de Core, es Presidente Regional del Colegio de Profesores de Tarapacá y “comunista toda la vida”, según su bio en Twitter; al igual que la otra representante del Colegio de Profesores, Oro Ávalos, le muestran su apoyo en las redes sociales al diputado.  

Otros que opinan en favor de Gutiérrez

El primer abogado en manifestarse en este tema a favor del legislador fue Carlos Alfonso Zambrano Jechan en enero, mismo que en octubre de 2019 ingresó un recurso de amparo contra el Presidente Sebastián Piñera, argumentando que el decreto mediante el cual se declaró el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en Santiago, fue ilegal. Su nombre también aparece en los archivos de la Cámara de Diputados en el caso de la acusación constitucional que se le hizo al ex ministro de Salud, Emilio Santelices, en 2018 de la cual salió airoso. 

El 25 de junio Julia Urquieta, presentó un documento tomando como base la misma argumentación hecha por Zambrano en enero. 

A finales de octubre de 2019 el servicio informático de Carabineros sufrió un hackeo que expuso miles de sus archivos. Entre ellos, documentos que hablarían del seguimiento que realizaban a algunos de los dirigentes de la Mesa de Unidad Social. Por este hecho hubo una querella contra el ministro de Interior Gonzalo Blumel y el general director Mario Rozas. Los querellantes afirman haber sido víctimas de espionaje. En este caso la abogada patrocinante es Urquieta, quien también aparecería como un “blanco de interés” para la policía. La jurista es militante del Partido Comunista; y trabajó en la propuesta del PC para impulsar la asamblea constituyente en 2015.

En el requerimiento contra Gutiérrez también se han involucrado los abogados de la Corporación Londres 38 Karinna Fernández Neira, Magdalena Garcés y Sebastián Velásquez. 

El último que solicitó hacerse parte “como tercero coadyuvante del diputado Hugo Gutiérrez” fue el abogado Marco Antonio Quevedo, de Iquique, que en octubre de 2019 presentó un amparo en contra de la medida de toque de queda. 

Su argumento para involucrarse fue que en 2009, 2013 y 2017, votó a favor de Gutiérrez “al participar de su visión política y de su enfoque respecto de las iniciativas legislativas (…). Es así que mi interés se orienta a lograr que Hugo Gutiérrez Gálvez concluya su período como Diputado de la República”.

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