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Publicado el 30 de agosto, 2019

La crítica transversal a la agenda millennial impulsada por Camila Vallejo y el Frente Amplio

Autor:

Javiera Barrueto

La reducción de la jornada laboral y la gratuidad en la educación superior tienen como origen a los ex líderes estudiantiles que se movilizaron en 2011. Hoy como diputados presionan por el proyecto de 40 horas y antes, como dirigentes, instalaron estudiar gratis en las universidades. El ex ministro de Hacienda de Bachelet II, Rodrigo Valdés, planteó la necesidad de priorizar pensiones y adultos mayores; mientras que el ex titular de Educación de Piñera I, Harald Beyer, cuestionó los recursos destinados a gratuidad que contrastan con los enfocados en áreas como pensión básica solidaria o subvención para escolares de escasos recursos.

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Javiera Barrueto

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«Hoy día la urgencia son los adultos mayores, no cuánto trabajan los millennials». La frase fue lanzada hace unos días por el ex ministro de Hacienda del gobierno anterior, Rodrigo Valdés, luego de que se desatara la discusión en torno a la disminución de la jornada laboral a 40 horas como propone el Partido Comunista, o disminuir las horas de trabajo a 41, pero con flexibilidad, según impulsa el Gobierno.

A juicio del economista, primero se debería velar por modificar el sistema previsional, puesto que según explicó mientras más “chuteamos el problema” hay un riesgo mayor de que las soluciones sean complejas con el tiempo. “No entiendo por qué estamos discutiendo jornada sin haber terminado el tema de pensiones. Honestamente ahí le sacamos la vista a la pelota. Hoy día la urgencia son los adultos mayores, no cuánto trabajan los millennials. Creo que hay que volver a esa urgencia y postergar el resto, hasta nuevo aviso”, aseguró el 19 de agosto en Radio Duna. Tema que reiteró esta semana cuando comentó los resultados de la medición del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. El estudio arrojó que casi el 60% de los 40 profesionales consultados no creen que reducir la jornada laboral sea una buena política pública.

«Reducir la jornada trae costos ciertos y beneficios inciertos, especialmente en un contexto de alza en los costos laborales por otras reformas tan urgentes como la previsional y de sala cuna», opinó en el estudio la economista Andrea Repetto. En una postura similar se mostró Claudio Seebach quien subrayó en el estudio de la UC que un proyecto como este debía ir acompañado con «un análisis de oportunidad según el contexto económico actual, los desafíos laborales del futuro, y la interacción con otras reformas que impactan el mercado laboral, como la de pensiones».

En tanto, para el economista y ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, el gobierno debería apostar primero por sacar adelante la reforma previsional que genera un consenso transversal. Señala a El Líbero: «Están los dos proyectos de ley e indudablemente el de pensiones tiene muchos más puntos en común que la definición de una nueva jornada de trabajo. Es recomendable avanzar por aquello que tiene mayor probabilidad de ser tramitado y ponerle menos fuerza al otro, hasta lograr avanzar en mayor consenso».

El proyecto de la disminución de la jornada laboral es impulsado por la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Y cuenta con el firme apoyo de los legisladores del Frente Amplio. Tanto así que la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), en su calidad de presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara, citó para este lunes a los integrantes de la instancia a dos sesiones para que se vote la iniciativa.

Los mismos «creadores» de la gratuidad universitaria, cuyo presupuesto este año suma US$ 1.700 millones

No es primera vez que el PC y el FA impulsan un proyecto que se toma la agenda y que luego genera polémica y visiones encontradas. Es el caso de la gratuidad en la educación superior. Fue en 2011 que Vallejo, a la cabeza de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y Giorgio Jackson, entonces presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, se convirtieron en los principales liderazgos del movimiento estudiantil.

Por esos días las peticiones de los dirigentes estaban centradas en la gratuidad en la educación superior, además de mejorar la calidad y poner fin al lucro. Incluso, se desarrolló la marcha estudiantil más masiva en 20 años, cuando reunieron a más de 80 mil personas. Todo esto, durante la primera administración del Presidente Sebastián Piñera.

Pero fue en el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet que la gratuidad se transformó en el pilar de su mandato. Incluso ingresaron a trabajar al Ministerio de Educación, dirigentes de Revolución Democrática como Miguel Crispi.

Finalmente, el 24 de enero del año pasado -dos meses antes de que Bachelet finalizara su gobierno- el Congreso despachó la ley de educación superior. Y desde entonces no han sido pocas las voces que se han levantado en contra de la gratuidad, entre otras razones, por el alto costo que significa para el Estado.

Una de las últimas críticas que surgió fue por parte del ex ministro de Educación y rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer y la investigadora del Centro de Estudios Públicos, Loreto Cox. El jueves escribieron la columna “La gratuidad en el hoyo negro” en El Mercurio, donde comienzan con la frase: “La gratuidad en educación superior es una política equivocada. Ocupa recursos públicos que tienen mejores que tienen mejores usos alternativos y es intertemporalmente regresiva”.

En el texto, además, apuntan a los recursos que se están pidiendo hoy para financiar la gratuidad en los casos de los estudiantes que se atrasan en sus carreras. «En la práctica se está proponiendo extender la gratuidad, más allá de lo que se zanjó democráticamente, sin hacerse cargo de las razones, de justicia y eficiencia, para oponerse, desde luego, a la gratuidad universal, pero también a una extensión de ella en su estado actual».

Y plantean las diferencias en montos que se destinan a este ítem, versus otras áreas del ámbito social. «El gasto público para educación superior aumentó en un 85% entre 2014 y 2019. El presupuesto 2019 para gratuidad suma cerca de 1.700 millones de dólares, es decir, del orden de 4.900 dólares por estudiante. Mientras tanto, la subvención a alumno prioritario (SEP) tiene un valor de 1.800 dólares al año, la pensión básica solidaria suma menos de 2.000 dólares anuales y el aporte del Estado a mujeres embarazadas del quintil más pobre es, como máximo, 122 dólares al año». 

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